El Ayuntamiento concedió a finales de 2012 la primera licencia de derribo a los propietarios del edificio del número 117 de la avenida de Oza, que hasta abril de aquel año había sido concesionario de Citroën. Gobernaba entonces el PP. El permiso caducó en 2015, los dueños volvieron a solicitarlo al año siguiente y el Ejecutivo de Marea Atlántica se lo otorgó. El intento posterior de este Gobierno municipal por proteger el inmueble llevó su demolición a los juzgados. Tras una sentencia de 2019 que reconoció el derecho de los propietarios a la autorización del derribo y la posterior ratificación del Tribunal Superior de Galicia, los propietarios acaban de reactivar esa licencia ante el Ayuntamiento. Los dueños tienen un mes para empezar las obras de demolición y tres para ejecutarlas, según consta en la resolución municipal. El caso ha pasado por diversas etapas hasta el momento actual.

E Un edificio singular. Andrés Fernández-Albalat diseñó el inmueble de la avenida de Oza, muestra de la arquitectura industrial de la década de los sesenta, con una superficie de 9.000 metros cuadrados. En 1964 abrió como estación de servicio para lavado y engrase de camiones y dos años después la empresa de Luis Rodríguez Amado empezó a vender vehículos de la marca Citroën. Mantuvo esta actividad hasta comienzos de 2012, tras haber entrado la empresa en concurso de acreedores un año antes.

E Una protección con dos versiones. La versión inicial del actual plan general de la ciudad incluyó el edificio Citroën en el catálogo de protección con nivel estructural, de modo que los dueños solo podían hacer obras de conservación, restauración, consolidación o rehabilitación, pero no demolición. El equipo redactor del planeamiento urbanístico, entonces aprobado inicialmente, defendía esta protección en 2012 cuando el Gobierno local del PP desestimó su criterio y le retiró la protección al inmueble en la versión definitiva. Un mes después concedió a los propietarios una licencia de derribo. Estos habían alegado que el edificio carecía de interés arquitectónico y que se había catalogado sin justificación y con errores. El Gobierno local popular justificaba la falta de valor por las transformaciones que había sufrido el edificio.

E Un derribo sin ejecutar. Los propietarios del inmueble no iniciaron los trabajos para la demolición en los dos años transcurridos desde que habían obtenido la licencia, según constató Urbanismo en el mandato del PP. Unas semanas antes de las elecciones de 2015 el Concello dio por caducado el permiso que se había concedido poco después de la retirada de la protección. Los dueños volvieron a pedir licencia de derribo, que le otorgó en 2016 el Gobierno de Marea.

E Intento fallido de catalogación. Marea concedió nuevo permiso de demolición y posteriormente también inició gestiones para preservar el inmueble a través de la ampliación del catálogo del plan general. Ese intento de anular su propia decisión no sirvió para proteger el edificio porque comenzó a tramitarse después de la concesión de la licencia. “El Concello parece pretender protegerlo y demolerlo simultáneamente”, señaló la jueza en la sentencia de 2019 que declaraba concedida la autorización de derribo del inmueble. Marea recurrió, pero a mediados de 2020, ya en el mandato socialista, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desestimó la apelación que pretendía evitar el derribo.

E Negociación sin acuerdo. El Concello no recurrió ante el Supremo, sino que trató de acordar con los propietarios una vía legal para no demoler el edificio. No lo consiguió. En enero pasado los dueños solicitaron resolver la vigencia de la licencia de derribo y el Gobierno local impuso plazos para la demolición en aplicación de la autorización concedida en el mandato anterior. Da un plazo de un mes para comenzar las obras y de tres meses para ejecutarlas. El grupo municipal del BNG criticó ayer “la gestión municipal” en este asunto y lamentó que la ciudad “se quede sin un bien arquitectónico y patrimonial de enorme valor”. Los nacionalistas censuran también al PP por “retirar el edificio del catálogo de bienes protegidos del plan general”.