La empresaria coruñesa acusada de perjuicio a la Administración por contratos irregulares con el Ayuntamiento de Zamora tendrá que hacer frente a una fianza de 6.000 euros para eludir un embargo. La mujer, de iniciales G.N.S. , admitió los hechos cuando prestó declaración ante la jueza el viernes pasado, dentro de la causa que se sigue contra el jefe de Parques y Jardines del Consistorio zamorano, Alberto Vega.

La empresaria, según la Policía Nacional, habría quedado de acuerdo con Vega para crear una trama empresarial con la que beneficiarse ambos al adjudicar a algunas de sus sociedades obras menores de forma directa y repartirse comisiones, según los informes de los investigadores. La mujer cifró en unos quince contratos las adjudicaciones directas recibidas por importes de entre 2.000 y 5.000 euros.

Alberto Vega deberá depositar una fianza de 60.000 euros en el juzgado que le investiga por malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, falsedad en documento público, blanqueo de dinero y posibles contrataciones irregulares, de acuerdo con el auto dictado por la juez, tras retirarle el pasaporte y obligarle a comparecer cada quince días en la oficina judicial para impedir su fuga. La cantidad de dinero que se le exige servirá para garantizar que se reponga el quebranto económico que pudiera haber causado a las arcas municipales y que la policía judicial de la Comisaría de Zamora, el grupo UDEV, y el grupo de la UDEF de Madrid estiman en más de 80.000 euros.

Relación estrecha

La mujer declaró haber recibido por cada contrato unos 500 euros, sin precisar cuánto dinero se podría haber quedado Vega, con el que tenía una relación estrecha pero no sentimental, según declaró ante la juez. Entre esos contratos estaría un parque infantil que dio origen al expediente informativo abierto por el equipo de Gobierno de Izquierda Unida en la institución local al constatar que se realizó con trabajadores que no eran de la empresa de la adjudicataria gallega y que los elementos de juego parecían proceder de alguna partida que ya tenia Parque y Jardines de otros contratos.

El empleado público en algunas ocasiones ingresaba el dinero directamente en las cuentas de las empresaria sin avisarle de que presentara ninguna oferta, simplemente recibiría una llamada de teléfono en la que Vega le diría que tenía tal cantidad en su banco. El siguiente paso era que la empresaria sacara el dinero en metálico de la entidad financiera de su sociedad y se lo entregara en persona al funcionario, momento en el que ella recibiría los 500 euros y el jefe de Parques y Jardines se llevaría el resto, si bien la acusada dijo desconocer el destino de esas cantidades.