La negativa de la alcaldesa, Inés Rey, en el pleno del 24 de febrero, a admitir las enmiendas de PP y Marea a la propuesta de convenios para ayudas a las asociaciones de la ciudad no ha sido respaldada por el informe del secretario municipal que solicitaron los populares, que anuncian que presentarán alegaciones. El funcionario señala que las enmiendas deben debatirse siempre. El Ejecutivo declinó analizar el escrito. Marea informó que un juzgado ha admitido a trámite el recurso que presentaron al considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales.
El informe determina que las enmiendas deben ser aceptadas “en el sentido más favorable a la efectividad de los derechos fundamentales”, así como que todos los concejales “están facultados para presentar enmiendas”, tanto al presupuesto municipal como a sus modificaciones, como sucedía en el pleno de ese día. La portavoz del PP, Rosa Gallego, recordó que la alcaldesa, Inés Rey, impidió al secretario pronunciarse en la sesión sobre esta cuestión y aseguró que “no le dejó hablar porque sabía qué iba a decir”. Para Gallego, el Gobierno local actuó con una “actitud dictatorial”, por lo que anunció que el PP presentará alegaciones al acuerdo de los convenios por no haberse ajustado su aprobación a los trámites legales.
Negó que esta iniciativa vaya a retrasar la concesión de las ayudas porque ninguno de los convenios se ha firmado todavía y calificó de “chantaje” que se impidiera debatir sus enmiendas, ya que el Gobierno local sabía que no se iban a oponer a la aprobación de las ayudas a las asociaciones. Según Gallego, la explicación de que no se abordaran sus propuestas es que el PSOE “quería que se aprobase su documento”, sobre lo que advirtió que un gobierno en minoría “tiene que pactar con los grupos”.
El secretario detalla en su informe que la única limitación que figura en la reglamentación es que la enmienda “se presente por escrito a la presidencia [la Alcaldía] antes de iniciarse la deliberación del asunto”, por lo que puede hacerse “incluso en la misma sesión”. También menciona el rechazo del Tribunal Supremo al recurso del Ayuntamiento de Sevilla por la anulación de la aprobación de su presupuesto por no haberse debatido las enmiendas de los concejales del grupo Participa Sevilla, ya que l Tribunal Superior de Justicia de Andalucía consideró que esa decisión “vulneró” el artículo 23 de la Constitución “al impedir su participación en un asunto público ejerciendo las funciones inherentes a su cargo”.
Pero el secretario elude pronunciarse sin embargo sobre la decisión de la alcaldesa de impedir el debate de las enmiendas y de no dejarle intervenir en el pleno sobre este asunto, ya que asegura que el asesoramiento legal que presta se limita a “informes previos” y que “no es procedente” pedir su opinión “sobre la actuación municipal” por ser “irrelevante a efectos de la adopción de decisiones, toda vez que las mismas ya se han producido”.
A trámite
Marea Atlántica informó por su parte de que el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número cuatro admitió a trámite su recurso sobre las enmiendas de la oposición en ese pleno. Su portavoz, María García, consideró urgente “frenar los tics autoritarios de Inés Rey y restaurar la normalidad democrática en el Concello”. En su opinión, se vulneraron tanto los derechos de la oposición como de la ciudadanía. Marea aclaró que su recurso no solicita la anulación del acuerdo que aprobó los convenios con las asociaciones para no perjudicarlas, sino que pretende que los tribunales se pronuncien sobre el “abuso de poder” del que culpa a la alcaldesa.
