Las entidades sociales denuncian retrasos en el Ingreso Mínimo Vital por trabas burocráticas

“Tenemos muchas solicitudes que se presentaron en los meses de julio y agosto que están todavía sin respuesta. Hay un caso en el que, incluso, se informó de que estaba todo correcto, pero que no se podía tramitar. La solución que se nos dio fue que pusiésemos una reclamación”, apunta Almudena Rendueles, de Sos Racismo Coruña. De las 48 peticiones que ayudaron a presentar desde el año pasado, no se han resuelto ni la mitad de ellas.

A esta dificultad se unen las trabas que presenta el propio proceso, pues las entidades se han topado con casos en los que se les exigía, una y otra vez, un documento ya presentado. La cuantía de las prestaciones que finalmente se ingresan supone otro aprieto, debido a que se calculan en base a la renta del ejercicio de 2019, sin tener en cuenta el revulsivo económico de la pandemia. “Tenemos una mujer con tres hijos a la que le llega una ayuda de 409 euros. No se le tramitó la Renta de Integración Social de Galicia (Risga) para que pudiese acceder a este recurso, y, en este momento, cobraría más con la Risga”, ejemplifica Rendueles.

Otras entidades optan, ante la ineficacia de estos trámites, por pasar por alto la existencia de esta ayuda y solicitar otros subsidios. Ana Louzán, de la ONG Viraventos, señala, además, otra coyuntura con la que se encuentran los solicitantes del IMV: las dificultades que entraña el proceso para cumplimentar y reunir la documentación necesaria para optar a la ayuda, agravadas si se trata de población migrante que se encuentra, en ocasiones, con la barrera del idioma. Los que no recurren a las entidades se ven obligados, en muchas ocasiones, a pagar a gestorías y otros servicios para que les solucionen los trámites.

“Tenemos un perfil que es el de mujer sola con hijos, porque su pareja se queda en el país de origen. Si no hay unas medidas paternofiliales arregladas y firmadas, no se puede tramitar”, explica Louzán, que asegura que muchas de las personas que actualmente perciben el subsidio lo hacen porque su caso fue tramitado de oficio por la Seguridad Social, al tratarse de personas que ingresaban, hasta el momento, una prestación por hijo a cargo. Las cuantías de las prestaciones, resultan, de nuevo, insuficientes.

“El hecho de que se tengan en cuenta los ingresos de 2019 lleva a que la gente que ese año tenía un dinero dentro de la precariedad, tenga que pasar un año en situación de pobreza severa” , lamenta Ana Louzán. Muchas entidades notifican, además, que solucionar los obstáculos más sencillos se convierte en un problema, debido a las dificultades de comunicación que plantea la administración electrónica, que solo dispone de un correo electrónico para resolver posibles dudas. “La Seguridad Social es un ente disperso, no sabes bien a quién acudir. Con los servicios sociales municipales no ocurre”.

De las 45 peticiones que tramitaron desde el albergue de la Institución Benéfico Social Padre Rubinos, solo 6 han visto llegar el ingreso a sus cuentas. De ellos, 30 residen en el albergue y los 15 restantes acudieron a la institución en busca de apoyo y asesoramiento para la realización de los trámites. “Cuando son perceptores de Risga ya no se lo tramitamos, nos reservamos el Ingreso Mínimo para los que no perciben ninguna otra ayuda”, explica el director del albergue, Jorge Sampedro. El encarecimiento que la vivienda viene experimentando en la ciudad los últimos años supone un handicap en la administración de la ayuda, que, en muchas ocasiones, no alcanza siquiera para optar a un techo. “Están abocados a compartir piso o acceder a viviendas en un estado poco adecuado, porque el alquiler consume casi el 100% de la prestación. Para cubrir el resto de necesidades tienen que acudir a recursos sociales”, apostilla Sampedro.

Algunas asociaciones están percibiendo que, una vez superados todos los escollos, sigue habiendo cosas que no funcionan. La última, que muchos de estos expedientes figuran como aprobados, pero los ingresos correspondientes no llegan a sus beneficiarios. “Está en modo estancado. Nos encontramos solicitudes aprobadas pero que no llegan los ingresos. Luego se ingresan con efecto retroactivo, pero hasta entonces, la persona no puede pagar el alquiler e igual la han echado de su casa”, explica Lorena Álvarez, trabajadora social de Ecos do Sur, donde han tramitado alrededor de 250 peticiones de las que no se han resuelto ni la mitad. “El sistema no está a la altura de las personas vulnerables, es difuso e incoherente”, denuncia.

Otras entidades achacan al elevado volumen de peticiones registradas desde el pasado junio el atasco en su gestión. “Hay un embudo en la resolución del trámite. Es una cuestión de recursos humanos. Me consta que los funcionarios están dando el 200%, pero son muchas solicitudes”, explica Pablo Sánchez, trabajador social de la Cocina Económica, que aconseja tener paciencia ante las previsibles modificaciones que experimenten los requisitos de la prestación. “El trámite implica que hay que certificar la situación de exclusión de la persona, no es como tramitar una pensión de jubilación. En mi experiencia, la colaboración de las administraciones ha sido máxima. Es un escenario complejo y desconocido, creo que las administraciones sí han mostrado sensibilidad”, asegura Sánchez.