El convenio entre Adif, Xunta y Concello que permitirá construir la estación intermodal aún pendiente de firma, varía de forma sustancial la forma en la que se desarrollará este proyecto con relación al momento en que se gestó, el año 2009, y pone de manifiesto las diferencias existentes entre aquel momento y el actual. El acuerdo alcanzado entonces planteaba que las vías que salen de la terminal ferroviaria quedaran cubiertas, lo que permitiría la creación de un polígono urbanístico entre las avenidas do Ferrocarril y A Sardiñeira con una superficie de edificable de 50.000 metros cuadrados en la que se podrían levantar tres edificios de viviendas y uno de tipo comercial.
A esto se sumarían 34.000 metros cuadrados más de edificabilidad en el complejo de la estación, de los que 11.000 serían destinados a usos hoteleros y 34.000 a usos asociados a la actividad ferroviaria, entre los que se hallan actividades comerciales relacionadas con la propia terminal. El acuerdo preveía que Adif se encargaría de remodelar la estación para adaptarla a la llegada de la Alta Velocidad y que el Concello se encargaría de la expropiación de los terrenos necesarios para crear el nuevo polígono urbanístico, de costear la cobertura de las vías y de financiar la construcción de la nueva estación de autobuses.
Sobre ese último proyecto, se admitía la posibilidad de un pacto entre la administración municipal y la autonómica, que finalmente se produjo, mediante el cual la primera se encargaría de las obras y gestiones urbanísticas precisas para permitir la construcción de la terminal, que sería ejecutada por la segunda. El proyecto ganador del concurso fue presupuestado en 180 millones de euros e incluía un centro comercial Vialia de tres plantas con una “amplia y variada oferta de ocio y comercio” con “conocidas marcas de moda y restauración”. El convenio incluía que parte del coste de esta actuación sería aportada por la venta de los 37.000 metros cuadrados de terrenos ocupados por la actual estación de autobuses.
El cambio en el Gobierno central hizo que en 2012 el Partido Popular tildase de “faraónico” el proyecto de la intermodal coruñesa y ordenase la reducción de sus dimensiones. La crisis económica y la saturación comercial de la ciudad llevaron además a Adif a renunciar al centro Vialia. Una vez que se contó con el nuevo proyecto, las tres administraciones plantearon entonces la necesidad de gestar un nuevo convenio que se adaptase al mismo, ya que el proyecto de la terminal de autobuses también experimentó cambios ante las exigencias planteadas por el Gobierno local de Marea Atlántica durante su mandato.
El texto todavía pendiente de ratificación descarta la construcción de viviendas que figuraba en el documento original pero autoriza 5.100 metros cuadrados de usos comerciales y que podrán ser vendidos por Adif, que además contará con 7.400 metros más para usos comerciales relacionados con la actividad ferroviaria que no podrán ser enajenados. Esta superficie podría ampliarse en caso de que el recinto de la estación adquiera en el futuro mayores dimensiones.
El Concello obtendrá a cambio 5.800 metros del exterior de la terminal ferroviaria ocupados ahora por viales y tendrá que construir un aparcamiento subterráneo cuya explotación podrá realizar durante 20 años y en el que podrá dedicar 70 plazas a alquiler a vecinos de la zona por un periodo de 50 años.
Pero también deberá ceder a Adif terrenos en la zona de Vío —33.639 metros cuadrados según el Concello y 23.676 según el organismo ferroviario— que están afectados por las vías del Eje Atlántico y que servirán de contraprestación a la cesión del suelo del complejo de San Cristóbal necesario para construir la estación de autobuses.
La administración municipal tendrá que hacerse cargo también de la reforma de las avenidas de Arteixo y A Sardiñeira para hacer posible la llegada de los autobuses. El coste estimado de la nueva terminal para esos vehículos es de 17,4 millones, mientras que las obras en la estación ferroviaria están presupuestadas en 48,5 millones. Para ambas todavía no hay fecha para su licitación, a la espera de que se completen los trámites necesarios.
