El Gobierno local pone punto y final al edificio Fenosa. El conflicto urbanístico, con un largo proceso en los tribunales durante más de veinte años, es pasado. “El procedimiento está terminado”, sentenció ayer la alcaldesa, Inés Rey, en rueda de prensa, en la que se le pidió una reflexión sobre el cierre del caso con el archivo del expediente abierto para exigir responsabilidades a los arquitectos autores del proyecto del inmueble, un documento que les exime de culpa. Lo despachó en pocos segundos: “Fue un proceso largo, como muchos procedimientos judiciales complejos, que afortunadamente fue resuelto y ya está acabado”.
La Junta de Gobierno Local tomó ayer conocimiento del informe que solicita el archivo de este expediente, con el que la administración municipal da carpetazo definitivo al caso del edificio ilegalizado por una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de 2001. En agosto del año pasado el Concello ya había aprobado un decreto mediante el que eximía de las mismas responsabilidades a los funcionarios municipales y a los concejales que en el mandato del socialista Francisco Vázquez intervinieron en la tramitación y aprobación de la reforma de la antigua sede de Fenosa, en la calle Fernando Macías.
Preguntada la alcaldesa por si “se hicieron mal las cosas” en la reforma del inmueble, respondió en los mismos términos, señalando “errores” pero evitó aludir a responsabilidades: “¿Un procedimiento judicial donde ha habido una serie de errores se tiene que repetir? He dicho que es un asunto ya resuelto afortunadamente tras un recorrido judicial largo y complejo, con una mediación intrajudicial por el camino que se resolvió. Repito, el procedimiento está terminado”.
Como resultado de la mediación, promovida por el Concello durante el mandato de Marea Atlántica, se evitó la demolición del edificio que dictaba la sentencia judicial de 2001 y se acordó abonar 2,97 millones de euros al autor de la denuncia contra la concesión de la licencia. También se aprobó indemnizar con entre 9.000 y 12.000 euros a cada uno del centenar de propietarios de pisos y locales comerciales. El pago de las compensaciones concluyó en noviembre pasado.
Otros acuerdos alcanzados en la mediación fueron la construcción de un edificio de viviendas sociales promovido por el Concello, el reconocimiento expreso de la responsabilidad del Gobierno local encabezado por Vázquez en la concesión de la licencia urbanística que dio origen al caso, la aprobación de un Catálogo de Buenas Prácticas y la puesta en marcha de las investigaciones para determinar responsabilidades. Estas se llevaron a cabo por parte de la Asesoría Jurídica del Concello, que en el caso del proyecto arquitectónico concluyó que “los errores u omisiones que pudieran haberse cometido en la redacción de los proyectos que sirvieron de base a la concesión de la licencia no fueron debidos a un grado de culpa o negligencia que sea susceptible de generar obligación resarcitoria”.
Los grupos de la Corporación recibieron con decepción que las investigaciones municipales eximiesen de responsabilidad a todos los actores en la concesión de la licencia ilegal. “El procedimiento no está acabado porque el edificio sigue sin licencia y sin que se hayan cumplido los plazos para su legalización. Marea no cumplió con su promesa de exigir responsabilidades en este asunto y que el PSOE solo pretende echar tierra encima para tapar a los suyos, máximos responsables de esta ilegalidad”, manifiestan fuentes del PP, en cuyo mandato el alcalde Carlos Negreira también prometió depurar responsabilidades.
Marea reivindicó su papel en el proceso y recordó que con el resultado de la mediación se evitó el riesgo de que el Concello tuviera que gastar 60 millones de euros por haber concedido una licencia ilegal. “Que sea Inés Rey quien indulte al vazquismo dando carpetazo a una de las mayores infracciones urbanísticas del PSOE en la ciudad no sorprende a nadie”, opina.
“Es un cierre de caso en falso”, concluye la edil del BNG Avia Veira. “Lamentamos la falta de voluntad por de determinar las responsabilidades políticas y de todo tipo en un caso que supuso la desaparición de un patrimonio arquitectónico valioso y costó a las arcas públicas millones de euros”. La concejal no adscrita Isabel Faraldo, de Podemos, considera “extraño y chocante que se cierre un proceso sin responsabilidades de nadie”, aunque solicitará revisar el expediente.
