El Gobierno central da carpetazo a la condonación de la deuda de la Autoridad Portuaria y únicamente admite el aplazamiento hasta 2035 del pago de las amortizaciones. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que se habían reunido el día 13 en Madrid para anunciar un acuerdo para la construcción del tren a Langosteira, se volvieron a dar cita en Santiago en un encuentro al que se sumó posteriormente la alcaldesa, Inés Rey. La única novedad que aportó la reunión fue la concreción de que la licitación del enlace ferroviario al puerto exterior se efectuará en julio y que la fórmula para su financiación serán los fondos europeos para la reconstrucción económica. Sin novedades sobre fórmulas alternativas para paliar la deuda que no sea el planteamiento del Gobierno de la venta de parte de la fachada marítima, aceptada por la Xunta, tampoco salió de la cita ningún acuerdo sobre cómo será el futuro de los muelles.

El ministro ya había expresado en marzo su compromiso de ejecutar el tren con recursos de la UE, que finalmente serán los denominados Next Generation. La elección de este tipo de fondos para costear las obras tiene especial relevancia, ya que proporcionan un mayor porcentaje de financiación respecto a otros y su reglamento obliga a que el proyecto esté adjudicado en el año 2023, de forma que se calcula que como más tarde entraría en servicio en 2026.

Si el camino para el tren parece desatascado, nada nuevo hay de momento sobre la liberación de los muelles y la deuda. Aunque el Puerto y el PP han reclamado el perdón de la misma, Alberto Núñez Feijóo plantea el pago de 13 millones de euros para reducirla mediante la compra de la mitad del valor estimado del muelle de la Batería, ya que se ofreció a “colaborar al 50% en la enajenación de ese suelo y su urbanización. Esa iniciativa sería la primera fase de un proceso al que seguiría la urbanización de Calvo Sotelo y la reforma de la avenida do Porto, mientras que en una última fase se abordaría el futuro de San Diego.

La Xunta pretende que Concello y Diputación también adquieran muelles

“No podemos quebrar el Puerto”, argumentó el presidente de la Xunta para justificar su apuesta por comprar suelo en los muelles y destacó que el aplazamiento acordado para el pago de la deuda es “fundamental” porque “las ganancias del puerto no pueden ser para pagarla”. Esa medida permite al menos que la Autoridad Portuaria disponga de tiempo suficiente para aumentar sus ingresos y generar recursos para abonar las amortizaciones a partir de 2035 pero, a cambio, continuará abonando los intereses del crédito de 200 millones de Puertos del Estado (ya ha saldado cuarenta millones).

Pero Feijóo también señaló que “cada uno tiene que hacer su parte con la financiación” , porque no solo propuso adquirir la mitad del primer muelle que quedará desafectado, sino que además invitó a Concello y Diputación a seguir este camino, lo que supone recuperar el protocolo que propuso en 2018, en el que se planteaba la compra tanto de la Batería como de Calvo Sotelo, y que suscitó el rechazo frontal de todos los grupos políticos municipales salvo el del PP por excluir al Gobierno local de su firma. “La pelota está en el tejado del Ayuntamiento”, advirtió Feijóo, quien añadió que la Diputación “tiene que implicarse porque esta obra afecta a toda la provincia”, en referencia a la repercusión del puerto exterior.

“Es necesario un uso responsable y consensuado de los terrenos liberados”

José Luis Ábalos - Ministro de Transportes

El protocolo de 2018, que no llegó a materializarse en un convenio por el cambio de gobierno en Madrid y acabó en el olvido, fue suscrito por los ejecutivos central y autonómico, ambos en manos del PP en aquel momento y, ahora, con los socialistas en La Moncloa, la misma propuesta vuelve a estar sobre la mesa sin que Transportes se manifestara ayer sobre ella, al igual que el Gobierno local, que esperará a que se decida el destino de los muelles liberados para expresar su opinión acerca de esta fórmula. “Lo primero es redefinir esos usos portuarios y a partir de cuando estén definidos se hablará de esas y otras cuestiones”, declaró la alcaldesa.

El encuentro entre José Luis Ábalos, Alberto Núñez Feijóo e Inés Rey tampoco aportó luz sobre el futuro del muelle de San Diego, ya que las tres partes decidieron anular los convenios de 2004 —Rey anunció que iniciaría su anulación próximamente— que planteaban financiar el puerto exterior mediante la venta de muelles y elaborar uno nuevo, del que la alcaldesa anunció que presentará un borrador. Ese texto será en el que decida el futuro de los terrenos portuarios que queden liberados, cuyo uso debe ser “consensuado”, según Ábalos. Feijóo apostó el pasado 27 de marzo por vender ese muelle para dedicarlo a la construcción de viviendas, aunque ayer no mencionó esta cuestión, que altos cargos del ministerio defendieron en la reunión convocada por el Concello el 23 de febrero.

“Es una inversión histórica y se desbloqueada una situación de 18 años”

Inés Rey - Alcaldesa de A Coruña

Ábalos adelantó por su parte que se creará un “instrumento jurídico” para gestionar esas superficies, en alusión al consorcio o sociedad pública defendida siempre por las fuerzas políticas coruñesas.

La alcaldesa, que informó en A Coruña del resultado de la reunión mientras Ábalos y Feijóo lo hacían en Santiago, eludió pronunciarse sobre cómo será la reordenación de los muelles una vez liberados y si aceptará la construcción de pisos en San Diego. Rey señaló que, con el compromiso del tren, se da “un paso fundamental para la operatividad del puerto exterior” y considera el compromiso de Fomento una “inversión histórica” porque, con 140 millones, es la mayor de los últimos veinte años.

“Cada uno tiene que hacer su parte con la financiación del puerto exterior

Alberto Núñez Feijóo - Presidente de la Xunta

Ese carpetazo final consagra el recurso a una fórmula única en España para la financiación de una obra estatal, ya que se obliga a una ciudad a vender parte de su superficie para costear un proyecto, el puerto exterior de A Coruña, puesto en marcha a propuesta de la Administración central como obra de interés general. A pesar de que el propio Feijóo insistió en las últimas semanas en que fue el Estado el que impulsó esta iniciativa y que por lo tanto debía ser el que asumiese su coste, defendió que tanto la Xunta como el Concello e incluso la Diputación contribuyan.

Uso responsable

“Es necesario un uso responsable y consensuado de los terrenos liberados”, manifestó Ábalos sobre el futuro de los muelles, mientras que sobre la deuda defendió su “reestructuración, de forma que se garantice el futuro del puerto”. “No tenemos más interés que mejorar A Coruña, intentando sacar los tráficos peligrosos de la ciudad para llevarlos al puerto exterior”, dijo por su parte Feijóo, quien expresó su deseo de que “Batería y Calvo Sotelo se desafecten de manera inmediata a las actividades portuarias y se conviertan en ciudad”.

Añadió que el Puerto y Puertos valoran en 26 millones el muelle de la Batería y que la Xunta quiere aportar la mitad de esa cantidad “para que se vea de forma clara que el compromiso” de su gobierno y así “hacer más ciudad y entregar a los ciudadanos de A Coruña ese espacio portuario”, aunque “de común acuerdo con la ciudad y con el Puerto”. Sobre San Diego, consideró que “necesita un diseño más concreto y más específico”, por lo que pospuso su futuro a que se consiga la nueva ordenación para ese muelle. En el protocolo de 2018 la Xunta se comprometía a participar en la compra de suelo en esa parte si era necesario para reducir la deuda, aunque advertía de que al estar vigentes hasta 2027 las concesiones existentes allí, entre ellas la de la terminal portuaria de Repsol, la operación quedaría aplazada hasta esa fecha.