La alcaldesa, Inés Rey, llegará hoy a la reunión programada en Santiago con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el presidente del Puerto, Martín Fernández Prado, tras haberse aprobado ayer en el pleno una moción que defiende la condonación de la deuda del Puerto o una ayuda similar, así como el carácter público de los terrenos portuarios. Durante su debate, el concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, reclamó a Feijóo “que no se precipite” y le advirtió que “no puede venir aquí a vender un suelo sobre el que no tiene competencias, en relación con su propuesta del 27 de marzo de que se venda el muelle de San Diego para reducir la deuda de la Autoridad Portuaria.
El texto aprobado ayer por el pleno no fue el presentado por Marea Atlántica, que exigía que la Corporación se posicionase sobre la propuesta de Feijóo, sino el enmendado por los socialistas con el apoyo del PP. A pesar que de Marea se opuso a esta enmienda, la suma de los votos de socialistas y populares hizo posible la aprobación de una moción diferente que Villoslada definió como una ratificación de los acuerdos plenarios anteriores sobre el futuro del puerto y en la que se recoge el perdón de la deuda por punta Langosteira o una alternativa semejante, la defensa de la titularidad pública de los muelles, la construcción de la conexión ferroviaria del puerto exterior y la inclusión de usos productivos en espacios como San Diego.
Para Villoslada, en la reunión celebrada entre las tres administraciones en el Concello el 13 de febrero se estableció un “compromiso” sobre el tren a Langosteira y expresó su convicción en que en la de hoy en Santiago se darán “más pasos” sobre el puerto.
La portavoz de Marea Atlántica, María García, recordó que espera desde el 27 de marzo a que la alcaldesa se pronuncie sobre la apuesta de Feijóo por vender San Diego y frente a la calificación de “histórica” de la reunión del 23 de febrero, aplicó ese calificativo a la decisión de vender suelo portuario para dedicarlo a viviendas. También reprochó que, al contrario que Valencia se renuncie a la condonación de la deuda y se “capitule” al permitir construir al borde del mar. García tachó además de “pequeño caramelo” la apertura al público de algunos muelles “mientras en otros despachos se privatiza”.
La popular Rosa Gallego apoyó la enmienda socialista para que Rey vuelva de Santiago con el compromiso de que la moción se cumpla y reclamó fondos para el tren a Langosteira y una solución al problema de la deuda. Por el BNG, Avia Veira recriminó a Feijóo que propusiera la venta de San Diego al día siguiente de que el Parlamento gallego aprobara por unanimidad el perdón de la deuda, por lo que apoyó la moción inicial de Marea, al igual que la no adscrita Isabel Faraldo, quien tachó de “operación especulativa” la construcción en San Diego.
El Concello niega “irregularidades” en Nostián
La concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, defendió ayer en el Pleno que el Concello sigue apostando por el modelo de Nostián frente al de Sogama —que es el que apoya la Xunta—, aunque aboga por una planta “puntera tecnológicamente” y que cumpla todas las normativas vigentes y que pueda optar a fondos europeos. En el debate de la moción presentada por el PP para urgir al Gobierno local a la licitación del contrato de la gestión de la planta, aprobada sin votos en contra y con la abstención del PSOE, Fontán no dio una fecha para que los pliegos salgan a concurso ni para que pasen a Contratación. Alegó que están siendo revisados para adaptarlos a las nuevas normativas. La concejala defendió que, a diferencia de lo que denuncian los trabajadores, no existe “ninguna irregularidad” en la planta y que tampoco existe “inseguridad” en la plantilla, que afirmó que “siguen trabajando como siempre” y “cobrando la productividad como siempre”, en referencia a la paga que tienen los operarios vinculada al reciclaje. Los trabajadores de la planta, sin embargo, se reunieron ayer en la plaza de María Pita, de 9.30 a 10.30 horas, por segunda semana consecutiva, para reclamar al Gobierno local que agilice la tramitación de los pliegos, toda vez que, tras la intervención municipal de la planta, Albada ha vuelto a hacerse cargo de la factoría.
Hace poco más de una semana, la plantilla denunció que las cintas transportadoras carecen de protección para los trabajadores, también que uno de los biodigestores sufrió roturas y está paralizado y que, a pesar de ser parte interesada, no conocen el contenido de los pliegos.
