La Guardia Civil de A Coruña deconisño 176 toneladas de comida almacenadas por una ONG de la provincia al sospechar que no cumplía las normas sanitarias. Una vez analizada, concluyeron que 122 no podrían ser repartidas estar fuera de la legislación alimentaria y "deterioradas", según explican en un comunicado, en el que añaden que dos miembros de la entidad están siendo investigados por un delito contra la salud pública.

La operación se inició en 2019, a raíz de las inspecciones del área de Agricultura de la Delegación del Gobierno, prosigue el comunicado. Es habitual que este departamento realice controles sobre colectivos que reparten comida dentro del Fondo de Ayuda Europeo para las personas desfavorecidas (FEAD). El Seprona inició una investigación y trasladó las diligencias policiales a la Fiscalía de Medio Ambiente ya que la entidad, que había sido expulsada del programa con anterioridad, opera en las cuatro provincias. Se realizaron inspecciones en las cuatro sedes provinciales.

En dichas inspecciones se inmovilizaron 176 toneladas de alimentos del programa, "que la entidad debería haber distribuido en años anteriores a personas desfavorecidas y que habían ocultado durante las inspecciones previas del programa por presentar diferentes tipos de irregularidades a las normativas de calidad y de sanidad alimentarias y de gestión de los programas de ayudas", según la Guardia Civil.

Además de investigar a estas dos personas, se ha cancelado su participación en el programa. La Guardia Civil estima que los alimentos tienen un valor de mercado de 285.000 euros. Tras revisar la mercancía, determinaron que un 70% estaba deteriorada, lo que supone una pérdida de 122 toneladas de alimentos. El 30% restante se entregó a otras organizaciones para ser repartido.

El abogado que defiende al director general de la entidad investigada, Fundación Amigos de Galicia, asegura que no se entregaron en ningún caso alimentos caducados a personas con pocos recursos y que la mercancía estaba almacenada para su destrucción, toda vez que se había pasado de fecha. Alega que estos alimentos quedaron paralizados después de que se les prohibiese en 2016 distribuirlos y que, al no haber sido reclamados por el Fondo de Ayuda Europeo para las Personas Desfavorecidas ni devueltos por la entidad, caducaron.