En la casa de Ángeles Santos la burocracia administrativa se ha tornado, en los últimos tiempos, en una auténtica pesadilla. La gestión de la solicitud de ayudas a la dependencia que iniciaron hace años y cuyos plazos prevén, sobre el papel, un máximo de entre seis y nueve meses de espera, tarda demasiado para una familia que no puede permitirse mantener a sus dos mayores sin ayuda constante. Una situación que se agrava con el paso del tiempo y el avance del deterioro, físico y cognitivo, de la madre y la tía de Ángeles, ambas con demencia y sin soluciones válidas sobre la mesa. “Mi madre inició el proceso para solicitar la dependencia hace tres años, para que hiciesen una valoración para reconocer el grado de dependencia. La resolución llegó un año después”, relata Gema Lage, la hija de Ángeles.
Un dictamen que no solo llegó tarde, sino que no fue suficiente ni, como denuncian, acorde. “A mi abuela se le daba un Grado dos, y a mi tía abuela nada. Era previsible, porque en una valoración de dos horas no se iban a dar cuenta de que mi tía tenía una alteración. Tenía inicio de demencia, y eso en dos horas no lo ves”, denuncia Gema Lage. Un primer revés tras el que todavía quedaban palos: los horarios establecidos para el centro de día que les fue concedido, de nuevo, tras una larga espera, hacían imposible la conciliación de la familia, con lo que el recurso seguía sin suponer un alivio o una ayuda. “Un año después, llega la resolución de que se le daba el centro de día a media jornada, de 09.30 a 13.00. Mi madre trabaja de 06.00 a 10.00 en limpieza, con lo que no era posible para ella llevarla”, recuerda Gema.
Todo esto, con el inexorable paso del tiempo cerniéndose sobre las dos personas más vulnerables de la ecuación: el proceso de la tía de Ángeles Santos, que ya ha desarrollado un problema cognitivo muy significativo que le impide valerse, debe volver al punto de partida porque, aseguran, “a los funcionarios la documentación no les aparece por ninguna parte”. En cuanto a la madre, la situación delata lo lesivas que pueden ser las demoras en estos procesos para sus solicitantes. "Hace dos años tenía un Grado Uno. Ahora es mucho más. He pedido una baja en el trabajo por un cuadro ansioso depresivo relacionado con la situación. Si sigue así, tendré que dejar mi trabajo", se resigna.
Un proceso desmoralizador que, como denuncian las asociaciones especializadas, dista mucho de ser un caso aislado o una realidad marginal. La burocracia interminable y las demoras constantes caracterizan la tramitación de una ayuda dirigida a personas para las que cada año cuenta. El ingente volumen de documentación a presentar para optar a una valoración y lo lento del proceso actúa como un primer filtro por el que muchas personas desisten siquiera de iniciar los trámites. “El de la ley de dependencia es uno de los procesos más engorrosos que hay. Es insufrible, te piden todo lo que tengas, desde la escritura de la casa hasta los papeles de una plaza de garaje a medias”, denuncia Elisa Catoira, directora del centro de día que gestiona en el Barrio de las Flores la Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer (Afaco).
Un proceso que sorprende por su dificultad si se compara con la tramitación para otro tipo de becas o ayudas, para las que basta con autorizar a la Consellería el acceso a los datos fiscales. Las trabas no terminan ahí. “Una vez presentas toda la documentación, lo normal es que te vayan llegando requerimientos para que presentes más papeles. Hasta que te valoran, normalmente pasa un año o un año y medio”, denuncia Catoira. Las demoras, en estos procesos, no perdonan: según datos facilitados por el Ministeiro de Servicios Sociales e Igualdad, un total de 475 personas murieron en Galicia en el año 2020 a la espera de una ayuda que nunca llegó. A día de hoy, los expedientes en trámite o pendientes ascienden a un total de 5.200. “Se supone que estos trámites se resuelven entre los seis y los nueve meses. Yo nunca he visto un caso en el que haya ocurrido así”, observa Catoira. Una coyuntura que, asegura, es habitual desde hace años, con lo que el atasco no es achacable a las demoras derivadas de la crisis sanitaria debido al elevado número de peticiones de prestaciones a las que la administración ha tenido que hacer frente, con sus limitaciones, en el último año. Desde la Consellería de Política Social, responsable de la gestión y tramitación de estas ayudas, reconocen que los tiempos de espera para una valoración “no son los deseados” y que la reducción de estos plazos es “una de las prioridades” del área. Con todo, alegan que el número de expedientes de valoración resueltos “se ha incrementado desde antes de la pandemia” debido a que, aseguran, “prácticamente se duplicaron los equipos de valoración” , se modificaron los sistemas de gestión de citas y se “simplificó” la solicitud.
Las ayudas contempladas en el marco de la ley de dependencia son diversas: las más demandadas son las relativas al los centros de atención diurna o centros de atención residencial; los servicios de teleasistencia y ayuda en el hogar,. Solo en el último mes en el Concello de A Coruña se han concedido entre 300 y 550 ayudas para cada uno de estos servicios, además de recursos como geolocalizadores, servicios de transporte adaptado y, en menor medida, formaciones en materia de autonomía personal. Todas estas prestaciones suman, en total, un presupuesto de 450.000 euros, destinado a cubrir las demandas de 1.800 usuarios este mes en el municipio.
Desde Política Social destacan además, que los casos de más urgencia se resuelven “en menos de 30 días” si el diagnóstico afecta al pronóstico de vida. La percepción de las entidades que asisten a pacientes y familiares en los procesos, sin embargo, es otra. “El problema está en entrar en el sistema, que se reconozca tu grado. Entre la resolución del grado y el siguiente recurso pasan más meses todavía”, comenta Catoira. La disyuntiva a la que se enfrenta Ángeles Santos en estos momentos, casi forzada a dejar su trabajo para atender a sus familiares, tampoco es una cuestión marginal. En la mayoría de los casos, los estratos precarizados se llevan, también, la peor parte. “Es común que la gente tenga que dejar de trabajar. El 90% de las veces lo hacen las mujeres de alrededor de 50 años. Cuando fallece el familiar, lo tienen muy complicado para volver a encontrar trabajo”, explica Catoira.
El problema sigue en casa
Las fallas del sistema no terminan, sin embargo, una vez la ayuda está aprobada y concedida. Las prestaciones contempladas por la ley de dependencia no son compatibles entre sí, de modo que, aunque una familia goce de una ayuda, esta no es suficiente para solucionar el problema en los más de los casos. “Los programas son incompatibles. Si pides el centro de día, no tienes derecho a la ayuda a domicilio”, ejemplifica Catoira.
Una deficiencia que recae sobre los hombros del cuidador principal, una figura que normalmente encara el cónyuge de la persona dependiente, que suele contar con avanzada edad y unos condicionantes físicos que le impiden atender adecuadamente a la persona afectada. El resultado final es el de dos personas con la salud y la autonomía comprometidas. “Al final tienes dos enfermos. Hay que apoyar al cuidador, tienes que darle recursos para que pueda atender a la persona en casa”, apremia la directora del centro Afaco.
Desde el centro no tramitan ayudas, pues su gestión es competencia de los trabajadores sociales de la Xunta; pero sí prestan información y consejo a quienes acuden, sean o no socios de la entidad, en busca de asesoramiento en el proceso. La recomendación, en todos los casos, es la misma: “Les damos un papel con los pasos a seguir y la documentación necesaria. Cuando alguien tiene un diagnóstico de alzhéimer, recomendamos que pidan, en todos los casos y aunque crean no necesitarlo, el certificado de discapacidad y las ayudas a la dependencia”, un proceder que recomiendan debido al rápido avance del deterioro propio de ciertas enfermedades, que convierte en apremiante el recorte en estos plazos. “Lo mismo en la valoración te dan un grado uno, pero en cuestión de año y medio ya tienes un grado tres. Un geolocalizador te sirve al principio de la enfermedad, pero si se concede cuando la enfermedad está muy avanzada, ya no te vale de nada”, lamenta.
Desde las entidades perciben un impacto positivo derivado del aumento del personal de servicios sociales destinado a tramitar estos procesos, pero siguen observando grandes diferencias con respecto a procesos homólogos en otras comunidades autónomas, que cuentan con plazos que, en muchos casos, no demoran más de tres meses en estar resueltos en procesos que no admiten margen de espera. “Hay casos que puedes prever, pero existen situaciones sobrevenidas. Si un familiar tiene un accidente cerebrovascular, ¿qué haces al día siguiente?”, plante Elisa Catoira.
