La Xunta plantea que el Estado no contribuya a urbanizar la Batería salvo a través del Puerto

El convenio propuesto por el presidente autonómico para el primer muelle que se urbanizará excluye al Ministerio de Transportes pero el protocolo para el resto de la fachada marítima sí recoge, sin concretar, que aporte financiación

Vista parcial del muelle de Calvo Sotelo, donde se trabaja en el derribo de silos. |   // CARLOS PARDELLAS

Vista parcial del muelle de Calvo Sotelo, donde se trabaja en el derribo de silos. | // CARLOS PARDELLAS / José Manuel Gutiérrez

La propuesta de convenio para la urbanización de los muelles coruñeses que queden liberados en un futuro próximo realizada por la Xunta excluye en un primer momento al Estado de la financiación de las obras necesarias porque se circunscribe al espacio portuario de la Batería, según explicaron fuentes de la administración autonómica. Cabe la posibilidad, sin embargo, de que el Gobierno central decida colaborar en el pago de esas actuaciones a través de la Autoridad Portuaria, que depende orgánicamente de la administración estatal, según señalaron esas mismas fuentes. Sobre los otros muelles que dejarán de tener actividad portuaria, el de Calvo Sotelo en 2022 y el de San Diego en 2027, la Xunta recoge, en una propuesta de protocolo, que el Ministerio de Transportes aporte un porcentaje de financiación, sin concretar. El Gobierno gallego defiende que se negocie entre todas las partes implicadas con el fin de determinar la contribución de cada administración.

El planteamiento de la Xunta, expuesto el pasado viernes por su presidente, Alberto Núñez Feijóo, al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, es que la administración autonómica, el Concello y la Diputación adquieran en una primera fase el muelle de la Batería para mantener su carácter público. De acuerdo con la propuesta, el Gobierno gallego aportaría 13 millones para hacerse con el 51% del valor de los terrenos, mientras que las administraciones municipal y provincial facilitarían el resto. Para la integración de ese muelle en el conjunto de la ciudad, Feijóo entregó a los asistentes un borrador de convenio en el que propone que el coste de la urbanización del suelo, estimado en 6,23 millones, sea compartido entre Concello, Diputación, Autoridad Portuaria y la propia Xunta, que anunció ya su pretensión de sufragar el 51% de esa cantidad, 3,19 millones.

La negociación sobre el futuro de los terrenos portuarios que deberá abrirse en las próximas semanas entre las tres administraciones, cuatro si finalmente la Diputación acepta participar en esta iniciativa, abordará si aceptan esta fórmula de financiación para la transformación de la Batería, así como si para Calvo Sotelo y San Diego se sigue el mismo modelo o se recaba el apoyo del Estado. Para el segundo de esos muelles el Gobierno gallego incluye también la prolongación del actual túnel de la Marina hasta la plaza de Ourense para unir el recinto portuario con los jardines de Méndez Núñez, lo que incrementará de forma notable los costes de la urbanización.

En el caso de la zona portuaria de San Diego —que comprende el muelle y la estación de mercancías del mismo nombre y el muelle petrolero— hay varios factores que condicionarán su desarrollo urbanístico. Por una parte, será necesario esperar a que Repsol descontamine los terrenos que ahora ocupan sus instalaciones, lo que supondrá al menos un año de trabajo.

A esto se une la indefinición existente hasta el momento sobre el futuro de todos estos terrenos, ya que no está descartado que se vendan con el fin de reducir la deuda de la Autoridad Portuaria, como recogen los convenios de 2004 para financiar el puerto exterior, que seguirán vigentes hasta que se alcance un nuevo acuerdo. Si se optara por ese camino, los compradores de los terrenos tendrían que responsabilizarse de la urbanización del sector que adquiriesen, como sucede en cualquier iniciativa inmobiliaria, mientras que el suelo que quedase en manos de las administraciones sería desarrollado a su coste. También habrá que tener en cuenta las enormes dimensiones de ese sector del puerto, que ocupa 360.860 metros cuadrados, ya que los trabajos para la reordenación de ese espacio requerirán de unas cuantiosas inversiones para las que seguramente la Xunta recabará la colaboración del Estado.

La propuesta de convenio formulada por Feijóo incluye la posibilidad de que los firmantes del documento reciban subvenciones de otras administraciones o de entidades privadas para financiar las obras del muelle de la Batería, planteamiento que seguramente se extenderá a los otros espacios portuarios y que haría factible la solicitud de fondos tanto estatales como europeos.

“Son conclusiones en las que no voy a entrar ni debatir”, dice Inés Rey sobre reducir la deuda portuaria con los muelles

“Es una de las propuestas que se han aportado por parte de las administraciones y que se debatirán en el seno de esa comisión técnica que todas las administraciones acordamos convocar en la reunión del 23 de febrero”, manifestó ayer la alcaldesa, Inés Rey, sobre la oferta de la Xunta de que las administraciones gallega, provincial y municipal adquieran el muelle de la Batería para reducir la cuantiosa deuda de la Autoridad Portuaria por la construcción del puerto exterior. Al ser preguntada sobre que esta fórmula planteada por el presidente autonómico implicaría que el Concello costearía una obra estatal, declaró: “Eso son conclusiones en las que yo no voy a entrar ni debatir”. Tampoco quiso abordar Rey que esta solución para el problema de la deuda portuaria supondría que se descartase de forma definitiva la opción de su condonación, que todas las fuerzas políticas municipales defienden en el pleno, ya que únicamente respondió a esta cuestión: “No voy a hablar de hipótesis ni de futuribles”.

Pregunta a la Xunta

La diputada del BNG Mercedes Queixas preguntó ayer a la Xunta en el Parlamento gallego si apoya la venta de terrenos portuarios en A Coruña “patrocinando la especulación” y “aceptando el agravio comparativo con el Puerto de Valencia”. Queixas recordó que la construcción del puerto exterior fue “una decisión del Estado” y por ello debe financiarlo. También denunció la existencia de un “pacto secreto y muy cómodo” entre PP y PSOE sobre este asunto que a su juicio “persigue legitimar una renovada hipoteca para los gallegos y gallegas a costa del sacrificio del futuro de la fachada marítima de A Coruña” y la renuncia a la condonación de la deuda.