La Xunta ha asumido la tutela de los cuatro menores que se encontraban en la vivienda de la calle de la Torre en la que el miércoles se desarrolló un operativo policial que acabó con la detención de tres personas —dos de ellas, en prisión provisional comunicada y sin fianza— por presuntamente retener a una niña de 12 años que había sido vendida por sus padres. La investigación comenzó en Córdoba, donde en teoría se produjo la compraventa de la menor, por lo que las diligencias, que son secretas, las tramita un juzgado de esa ciudad andaluza.

Esta menor, de la que presuntamente habían abusado sexualmente, fue atendida por personal sanitario antes de su traslado a un centro de menores. Hay otras dos niñas, que también se investiga si se encontraban en la misma situación que la otra joven, y un bebé, hijo de una de ellas y de uno de los detenidos.

La subdirectora xeral de Política Familiar e Infancia de la Xunta, Cristina Blanco, explica que ahora los servicios sociales deben decidir si habrá “un acogimiento familiar o residencial”. “Siempre priorizamos la opción familiar, ya sea dentro del propio núcleo familiar o un allegado. Lo mejor es que el menor no tenga demasiado movimientos ni sufra cambios drásticos. La acogida también puede ser en una familia ajena al entorno”, detalla.

Si esto no es posible, “porque no hay familia o porque no es lo adecuado”, se procede al acogimiento residencial. En Galicia, los centros de protección tienen un formato de casa familiar. “Viviendas unifamiliares, pisos o casas, con un máximo de ocho plazas. También hay mini residencias y centros de hasta 30 plazas”, expone Cristina Blanco, que trata de “desmitificar la imagen errónea” de este tipo de centros. “Asumimos que son como centros de reforma, donde hay chicos y chicas que han cometido un ilícito penal, y no. Estos niños hacen una vida normal, en su colegio y con sus actividades extraescolares”, añade. Con los menores trabajan educadores, psicólogos, pedagogos y personal especializado en estos casos.

Son los servicios sociales los que se encargan de decidir “qué medidas son mejores para estos niños en función de las circunstancias de cada uno”, pero hay unos principios que se intentan mantener: no separar a grupos de hermanos ni a madres de hijos. “Salvo que sea necesario para su bienestar”, apunta la subdirectora general de Política Familiar e Infancia. En el caso de Monte Alto, una de las menores es la madre del bebé que también se encontraba en el domicilio.

Las medidas nunca son definitiva, pues se va analizando la evolución de cada caso para, si es posible, introducir cambios. “Las circunstancias van variando. También trabajamos con los progenitores. Puede ser que al principio sea mejor la separación, pero también se pueden permitir visitas y, más adelante, ver si se puede hacer una reintegración familiar temporal o permanente”, informa.

Blanco revela que es “pronto” para concretar qué futuro espera a estas cuatro menores, pero asegura que “uno de los pilares fundamentales es la protección”, ya no solo de forma física, sino también “de su intimidad”.

El delegado de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta en Córdoba, Antonio López, anunció ayer que la Junta de Andalucía acogerá a la niña de 12 años —en “acogimiento residencial”—, aunque desde la Consellería de Política Social apuntan que todavía no han recibido confirmación oficial. “La Junta no ha solicitado nada, pero cuando lo haga colaboraremos al máximo”, señalan fuentes de la Xunta.

El juzgado de Instrucción número 5 de A Coruña decretó el ingreso en prisión provisional de dos de los tres detenidos, un hombre y una mujer. El otro hombre, menor de edad, ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores. Ahora queda por concretar el futuro de las cuatro menores que se encontraban en ese piso de Monte Alto.