En lo que va de mandato, el Concello no ha realizado ninguna inspección en las infraviviendas localizadas en A Zapateira, pequeños espacios de tres metros de ancho por cuatro de largo —también los hay dobles— que deberían estar dedicados a almacenaje y se alquilan como alojamiento con precios que van desde los 250 euros. Lo admite en una respuesta escrita al BNG, que pregunta cuántas inspecciones urbanísticas se realizaron y si el Gobierno local tiene algún plan específico para acabar con este problema.
Además de no haber hecho ninguna inspección, el Concello informa de que tampoco ha tramitado ningún expediente sancionador, aunque sí está al tanto de los trabajos de investigación que se han realizado sobre estos galpones. Primero fueron los arquitectos Xosé Lois Martínez, José Manuel Vázquez y Plácido Lizancos los que en 2008 publicaron un estudio sobre estas viviendas ilegales, que empezaron a alquilarse en los años setenta, cuando se abrió la Facultad de Arquitectura y todavía no había una residencia universitaria. Y el año pasado, la también arquitecta Cristina Botana retomó el tema con una investigación de la Diputación en la que identificó 104 infraviviendas en A Zapateira, casi una decena más que en 2008, y alguna en Feáns.
Hace más de un año de aquello y nada ha cambiado. Los propietarios de estos galpones, que se encuentran dentro de las fincas, siguen alquilándolos. Aunque los inquilinos, en su mayoría, ya no son estudiantes, sino gente con pocos recursos que busca una opción asequible. También en una de las respuestas al BNG, el Gobierno local asegura que su plan es reponer la legalidad urbanística, pero tampoco explica de qué modo y si sería posible derribar estas infraviviendas o habría que precintarlas, como propuso el concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, el pasado noviembre. También entonces anunció que se realizarían inspecciones periódicas y se tomarían medidas para evitar su uso residencial, como, por ejemplo, cortando el suministro de agua y luz. Iniciativas que nunca se llevaron a cabo. El Concello achaca este retraso al coronavirus. “Las inspecciones estaban previstas y planificadas pero con la pandemia y el estado de alarma se paralizaron”, explica en una respuesta a los nacionalistas. Hace ya más de una década, el Ejecutivo de PSOE y BNG dictó varias órdenes de demolición, pero tampoco estas llegaron a ejecutarse. Ahora el derribo, en algunos casos, no se puede ejecutar porque hay galpones que llevan en pie unos veinte años y la irregularidad prescribe a los seis.
Ya en el mes de mayo de 2020, todavía en confinamiento, uno de los residentes en estos galpones informó a este periódico que ningún técnico municipal había pasado por el lugar en el que vive para comprobar su situación y detalló que las condiciones en las que lo hacía en ese lugar se habían agravado por la obligación de permanecer durante casi todo el día en un habitáculo de reducidas dimensiones. Este inquilino asegura que el negocio continúa. Aunque los galpones no se publican en plataformas inmobiliarias, a veces aparecen anuncios en marquesinas. También funciona el boca a boca. En cuanto una infravivienda queda libre, los propietarios ya reciben llamadas de personas interesadas. Suele haber mucho movimiento, ya que las estancias de los inquilinos no son muy largas salvo casos especiales.
A principios de año, una de las fincas de A Zapateira, en la calle Burdeos, instaló en su portalón exterior veinte buzones para que los inquilinos reciban correo. Una vivienda próxima también siguió los mismos pasos, pero cuenta con menos infraviviendas y, por lo tanto, menos buzones. A preguntas de este diario, el Concello no ha aclarado si la instalación de este casillero, que demuestra que en el interior de la finca, donde hay un chalé, vive más de una familia, es legal.
Sin un plan de Urbanismo y Benestar Social para dar una alternativa a los inquilinos de los galpones
Las concejalías de Urbanismo y Benestar Social no trabajan, por ahora, en un plan conjunto para dar una alternativa a los inquilinos que habitan en estos galpones en condiciones insalubres. El Concello informa en la respuesta escrita al BNG de que estas dos áreas no se han coordinado para atender las dificultades de acceso a una vivienda digna que tienen algunas de las personas que se encuentran de alquiler en estos pequeños habitáculos de A Zapateira, que deberían dedicarse única y exclusivamente a almacén o garaje. Un inquilino que lleva 18 años viviendo en una de estas infraviviendas reconoce que “el precio del alquiler y la precariedad laboral” le impiden abandonar el galpón. Opina que los servicios sociales deberían atender cada caso y reconoce que es el “primer interesado en irse”. Tras su estudio, la arquitecta Cristina Botana también apuntó que, además de acabar con el negocio, se debería analizar si hay casos de emergencia social. Cuando en febrero del año pasado se propuso al Concello la implicación de los servicios sociales y la necesidad de reubicar a los residentes, el edil de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, aclaró que lo de A Zapateira y Feáns no se trata de “asentamientos precarios de carácter chabolista”.
