La Policía Local impuso, a lo largo de 2020, un total de 140 sanciones a personas sin hogar. Según datos proporcionados por el Concello en una respuesta a una pregunta escrita del grupo municipal de Marea Atlántica, 43 de esas sanciones se debieron a infracciones relacionadas con conflictos, peleas o conductas agresivas. Por su parte, 21 de ellas se corresponden con actuaciones realizadas en coordinación entre el Sergas y el Servicio de Emergencia Municipal (Semus), 29 relacionadas con la limpieza y 17 debido a denuncias por no llevar mascarilla. En menor medida, se impusieron cinco sanciones por exhibición, otras cinco por incendio, tres por orinar en la vía pública, se realizaron cinco identificaciones y se aplicaron cinco denuncias debido al Estado de Alarma.
Desde el Concello aseguran que las sanciones relativas al quebrantamiento del Estado de Alarma no se tramitan, debido a que, aunque haya recursos destinados específicamente a albergar a personas en situación de calle durante la noche mientras dure el toque de queda, “se entiende” la circunstancia de que carecen de un hogar estable al que acudir. Sí se tramitan, sin embargo, las relacionadas con conductas incívicas o delictivas, como pueden ser las citadas sanciones por exhibicionismo u orinar en la calle, además de por la vulneración de las restricciones y normas sanitarias.
Desde el Ejecutivo afirman que las actuaciones con personas en situación de sinhogarismo se dan, “en su mayoría”, como auxilio u ofrecimiento de alternativas sociales, y sitúan, como ejemplo, el de una persona que actualmente reside en la calle en A Coruña a la que el Semus atendió, desde marzo de 2020, más de 400 veces.
“No fue algo habitual, pero sí hubo ciertos casos en los que se sancionó a personas sin hogar por incumplimientos de las medidas sanitarias”, afirma el trabajador social de la cocina económica, Pablo Sánchez. Algunas de las sanciones fueron impuestas por la Policía Nacional, con lo que el ente encargado de tramitarlas es la Subdelegación del Gobierno.
La colaboración por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sobre todo en el caso de la Unidad Militar de Emergencias (UME) fue, a ojos de los organismos sociales que trabajan con el colectivo, “máxima”, y, aseguran, existió “comprensión” con la situación de las personas sin hogar, pero admiten que se sancionó en alguna ocasión a las personas que acudían a recoger alimentos a la cocina económica fuera de horario.
Es de suponer que la mayoría de las personas sin hogar no están en disposición de costear una multa con cuantías que oscilan, en las infracciones señaladas, entre los 90 y los 600 euros. Cuando llega la notificación, muchos se preguntan cómo proceder para sufragar el importe, y, en la mayoría de los casos, la sanción queda en un “limbo”. En el caso de las multas impuestas por la Policía Nacional, es la Subdelegación la encargada de pasar el informe de deuda a la Agencia Tributaria, con la consiguiente notificación de impago.
Aquí es donde puede surgir un problema mayor, pues el hecho de disponer de deudas puede plantear dificultades a una persona en situación de exclusión para tramitar prestaciones sociales. “Hay determinadas ayudas que vienen en concepto de subvención a efectos tributarios, con lo que están reguladas por la Ley Estatal de Subvenciones. En algún caso, las deudas por impago de multas pueden privar a estas personas de solicitar una ayuda determinada”, explica el trabajador social, que rompe una lanza a favor del colectivo y en contra de los prejuicios que los señalan como personas conflictivas. “Cuando estás en una situación de pobreza y exclusión, la percepción de la norma cambia por completo. Si no participan en el funcionamiento de la sociedad, tampoco lo hacen del cumplimiento de las normas. Es un síntoma de la exclusión”, reflexiona.
