Los conflictos que enfrentan a la Autoridad Portuaria y el Concello desde el anterior mandato municipal por las obras realizadas en la zona de la Marina cuentan con un elemento menos de confrontación, ya que el pasado diciembre se hizo efectivo el abono de los 1,6 millones de euros que el Puerto reclamaba al Ayuntamiento por los trabajos de urbanización de la explanada de O Parrote. Pero aún persisten las diferencias sobre el pago de otra cantidad mayor, 3,2 millones, que el organismo portuario exige por el proyecto de urbanización de la Marina, sobre la que todavía no hay visos de solución, ya que ambas partes no han mantenido conversaciones acerca de la misma desde la llegada de Martín Fernández Prado a la presidencia de la institución.
Otra cuestión que también sigue pendiente es la cesión al Concello de las explanadas de O Parrote y de la Marina, incluida en el convenio suscrito con la Autoridad Portuaria para financiar y ejecutar el proyecto, pero que a causa de las diferencias surgidas sobre el coste de las obras lleva pendiente desde su conclusión en 2015. A pesar de estas discrepancias, el Concello se encarga del mantenimiento de la superficie de ambas zonas, en la que ejecuta en la actualidad la mejora de la zona ajardinada de la Marina para permitir la plantación de árboles de un mayor porte que los anteriores.
El conflicto sobre los 1,6 millones adeudados por las obras de la superficie de O Parrote tiene su origen en la adenda introducida en 2014 al convenio sobre todas estas obras que la Autoridad Portuaria y el Concello firmaron en 2012, en el que la primera se comprometía a aportar dos millones para la construcción del túnel, mientras que el segundo se haría cargo del coste de la urbanización, que estaría incluido en los 16,5 millones que formarían parte de su contribución económica a los proyectos tanto de la Marina como de O Parrote.
En 2015, tras las elecciones que permitieron la llegada al Gobierno local de Marea Atlántica, el Concello se negó a abonar los 1,6 millones al entender que la Autoridad Portuaria no había aprobado los documentos técnicos para la urbanización de O Parrote, por lo que a su juicio no se podían justificar los gastos de las obras. También argumentó que el Puerto incumplió los principios de contratación pública al adjudicar el proyecto de forma directa a la empresa Copasa y que además vulneró los procedimientos para la modificación de los contratos.
La Autoridad Portuaria llevó este caso ante los tribunales y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 falló a su favor en septiembre de 2019 al considerar que en la adenda del convenio el Ayuntamiento aceptó la redefinición de la superficie y la variación de las obras de O Parrote y asumió el coste que suponía. Para el juzgado, el impago de los 1,6 millones implicaría el enriquecimiento injusto del Concello y rechazó además que la falta de su aprobación del proyecto impidiese el abono de la cantidad adeudada. La magistrada también desestimó el argumento municipal de que parte de esa cantidad correspondiese a gastos del túnel o del aparcamiento, ya que en el expediente aparecen los presupuestos de las tres obras por separado y el Concello no expresó su rechazo a esos documentos.
Tras esta sentencia, el Gobierno local optó por recurrirla ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que el pasado mes de octubre rechazó su recurso. A pesar de que cabía la posibilidad de agotar la vía judicial ante el Tribunal Supremo, finalmente el Ejecutivo municipal desistió de hacerlo ante el consejo de la Asesoría Jurídica, que vio escasas posibilidades de éxito tras dos fallos en contra. Finalmente, en diciembre, el mismo mes en que Fernández Prado se hizo cargo de la presidencia, el Concello ingresó los 1,6 millones en las cuentas de la Autoridad Portuaria.
Sin licencia
La reclamación de los 3,2 millones por las obras de la Marina se originó tras la negativa del Concello a abonar esa suma al constatar los jefes de los servicios de Planeamiento y de Intervención de la Edificación en septiembre de 2015, poco después de la llegada de Marea Atlántica al Gobierno local, que esos trabajos carecían de licencia municipal, por lo que se exigió a la Autoridad Portuaria que presentara una solicitud de legalización acompañada de “los proyectos técnicos completos que reflejen la totalidad de las obras realmente ejecutadas”.
El entonces concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, representante municipal en el consejo de administración del Puerto, manifestó en ese órgano que el Concello no abonaría los 3,2 millones hasta que las obras estuviesen legalizadas. El Puerto sostuvo que al desarrollarse la actuación de la Marina sobre suelo de su propiedad no precisaba de la autorización municipal para ponerla en marcha y desde entonces esta cuestión se enquistó durante todo el mandato de Marea Atlántica.
El cambio político que se produjo en 2019 y que proporcionó la Alcaldía a los socialistas tampoco alteró la situación con respecto a esta deuda, al igual que sobre la cesión al Concello de la Marina y O Parrote. Tras su toma de posesión al frente del Puerto, Martín Fernández Prado se mostró convencido de que se alcanzarían acuerdos con el Concello para resolver los conflictos existentes, pero la reunión con la alcaldesa, Inés Rey, para hacerlo todavía carece de fecha.
Reforma de la Batería entre mayo y junio
La Autoridad Portuaria reformará entre mayo y junio el muelle de la Batería mediante una inversión de 136.000 euros para la que cuenta con ofertas de ocho empresas. La actuación tendrá carácter provisional para permitir el uso ciudadano del muelle el próximo verano, para lo que se reordenarán los viales y las plazas de aparcamiento y se pavimentarán algunas zonas. También se adquirirán vallas móviles para delimitar los espacios disponibles para las actividades recreativas, culturales o deportivas que se promuevan. Para el año que viene está prevista la reordenación definitiva de este muelle y el de Calvo Sotelo, que también será abierto entonces a la ciudadanía.
