El Parlamento gallego aprobó ayer una declaración institucional que exige al Gobierno central acciones políticas, diplomáticas y judiciales para el esclarecimiento de la muerte en Filipinas de Diego Bello. El presidente del Parlamento, Miguel Santalices, leyó esta declaración antes de reunirse con la familia del coruñés de 32 años abatido por la policía filipina en enero de 2020. La Cámara exige al Gobierno que trabaje para conseguir “la depuración hasta las últimas consecuencias de cuantas responsabilidades hubiere y también la restauración del derecho al honor de Diego Bello”, ya que rechazan la versión de la policía filipina que alega que era un traficante de drogas.
En noviembre de 2020 la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley en la que pidió al Gobierno que exija a las autoridades filipinas que investiguen lo sucedido. Hasta el momento las peticiones españolas fueron ignoradas por el Gobierno filipino que, según recoge el texto aprobado en la Cámara, es denunciado tanto por la ONU y la UE “por haber llevado a cabo más de 20.000 ejecuciones extrajudiciales en los últimos cinco años con el pretexto de la guerra contra las drogas”.
