Antón Bouzas, del colectivo Os Ninguéns, ilustró en las XII Xornada sobre persoas sen fogar. Cuestión de dereitos, promovidas por la Universidade da Coruña, sobre la necesidad de destinar esfuerzos políticos y recursos a garantizar el cumplimiento de derechos de las personas en situación de calle.

Definen la lucha contra la pobreza como un derecho ciudadano.

Sí. En definitiva, todos los seres humanos tienen el derecho a cubrir necesidades básicas, y dentro de las necesidades básicas, la que genera más problemas es vivir sin techo. Por distintas circunstancias se llega a una situación de pobreza severa que obliga a malvivir en espacios muy peligrosos para la salud, choupanos, coches abandonados, en definitiva, espacios muy poco saludables y peligrosos. Es un derecho, porque también está recogido en distintas instituciones públicas a nivel internacional y nacional. Siendo un derecho, lo que falta es que las instituciones públicas avancen y hagan autocrítica de las políticas que se realizan para que nadie viva sin techo contra su voluntad.

Desde las administraciones se apela a la colaboración con entidades sociales. ¿Se tiende a delegar en exceso desde los servicios públicos en estas asociaciones?

Así es. Nosotros somos una asociación no asistencial, somos personas voluntarias. Formamos parte de este colectivo personas afectadas por pobreza y desahucios y profesionales. No pedimos subvenciones porque consideramos que uno de los pilares de la sociedad debe ser que nadie contra su voluntad viva en esta situación, y sabemos que las prestaciones sociales son ayudas institucionales que no cubren las necesidades básicas, por lo tanto, las personas que las perciben siguen viviendo en pobreza. Algo en lo que insistimos a las administraciones públicas es en que se mire a Europa, donde hay proyectos para aliviar la pobreza y donde las prestaciones sociales son mucho más altas que las que se están aportando en nuestro país. Una persona que vive sola y cobra una Renta de Inclusión Social de Galicia de 400 euros, si está viviendo de alquiler, tendrá que dejar de pagarlo en un momento determinado.

Es una cantidad que no permite pagar un alquiler, y menos aún, tener margen de ahorro.

Cuando las trabajadoras sociales dicen a alguien que busque piso, y ellas sufragan la fianza y dos meses de alquiler, los afectados saben que a partir de ahí no podrán pagarlo. Piden trabajo, una nómina con un año de antigüedad, que tiene que tener un mínimo de 1000 euros al mes o avales de familiares que tengan propiedades. Es un muro donde esas personas son rechazadas, muchas dejan de acudir a esos sitios porque se sienten avergonzadas. Pedimos a las administraciones que tengan parques de vivienda en régimen de alquiler social distribuidas por la geografía para evitar guetos, a través de convenios con los propietarios de pisos y que se garantice una ayuda directa para pagar el alquiler.

Ha habido intentos de consensuar alquiler social con particulares. ¿Fracasan por el estigma?

Evidentemente, los pobres están estigmatizados. Se les considera vagos, maleantes, que quieren vivir a cuenta de ayudas. De ahí el término de aporofobia, que define esa especie de desprecio, de desconfianza, de miedo o incluso de odio que se tiene a las personas empobrecidas. Siempre va a haber pobres, si queremos acabar con la pobreza, las administraciones tienen que dar respuesta. Cuando se quiere aumentar el salario mínimo no se puede, porque no lo permiten las elites. El paro es intrínseco a nuestro sistema. Si se sabe que no es posible generar empleo para todos, hacen falta medios.