El Concello ha dado un paso para arrojar un poco de luz al oscuro e incierto futuro de la antigua cárcel provincial. El Gobierno local contrató el pasado mes de enero por algo más de 18.000 euros un “servicio de asesoramiento para la realización de un proyecto de contenido cultural para la recuperación de la antigua prisión provincial”. Según explican fuentes municipales, el objeto de esta contratación es elaborar un plan, cuya redacción está próxima a finalizar, que permita definir qué posibles usos podría tener el recinto penitenciario y conocer qué subvenciones, fundamentalmente de la Unión Europea, tendría la rehabilitación del penal, que se encuentra en muy mal estado de conservación.

El Ejecutivo local avanzó en enero de este año, en una respuesta al grupo municipal del BNG, que había iniciado contactos con el Estado para recuperar la cárcel a través del secretario de Estado de Memoria Histórica, para lo cual sería necesario elaborar un plan director que incluyese la petición de declarar el inmueble Bien de Interés Cultural (BIC). Dos meses antes, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) había fallado en sentencia firme la imposibilidad del Ayuntamiento de obtener la reversión gratuita del edificio, como pretendía en el mandato del Partido Popular primero y en el de Marea Atlántica después.

El fallo abocaba al Concello al pago de 1,2 millones de euros a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) si quería recuperar la antigua prisión, en cumplimiento de un acuerdo de 2005 firmado por el entonces alcalde socialista Francisco Vázquez con la entidad estatal. Tras la sentencia del TSXG, el Ayuntamiento señaló que no tenía ningún proyecto para la instalación. Meses antes, la alcaldesa había avanzado que el Gobierno local analizaba iniciativas pero sin concretar ninguna.

Inés Rey también resaltaba en aquel momento que la recuperación de la cárcel provincial requeriría de una inversión muy elevada, de en torno a los 30 millones de euros, debido a sus importantes deterioros en prácticamente todo el edificio, por lo que añadía que era arriesgado tenerlo abierto.

Sentencia firme y cierre

Poco después de asumir el dictamen del Tribunal Superior de Galicia, el Concello iniciaba la negociación con el Estado para determinar de qué manera cumplir la sentencia, teniendo en cuenta el estado de conservación de la instalación y la posibilidad de darle nuevos usos. Para este fin, el Gobierno local ha movido ficha con la contratación del servicio de asesoramiento para realizar un proyecto con contenido de ámbito cultural pero, matizan fuentes municipales, de alcance a otros sectores que posibilite la recuperación de la antigua prisión provincial, con el acceso previo a ayudas para su rehabilitación.

La cárcel del paseo marítimo, frente a la Torre de Hércules, está sin uso desde diciembre de 2018, después de una breve reapertura de cinco meses tras años de abandono para la realización de actividades culturales y vecinales gestionadas por el colectivo Proxecto Cárcere. Pero el Gobierno local en el mandato de Marea, que había obtenido la cesión del penal por dos años, cerró la prisión ante la advertencia de la Dirección Xeral de Patrimonio de que la pasarela instalada para facilitar el acceso al edificio estaba vinculada a la celebración de iniciativas culturales en el interior a las que el órgano autonómico no había dado aprobación. Proxecto Cárcere acusó al Concello de no ser claro en los requisitos solicitados para organizar sus actos y reprochó a la Xunta que en los años anteriores se desentendiese de la instalación del SIEP pero posteriormente impidiese su recuperación.

Ante aquella situación, el Gobierno local renunció a prorrogar la cesión por el deterioro del edificio y por las trabas impuestas por la Xunta para el desarrollo de actividades. Sin embargo, unos días después admitió que había propuesto a la SIEP el uso de la antigua prisión de forma indefinida o que le reconociese la titularidad del inmueble hasta que hubiera una sentencia judicial sobre el pleito entre ambas partes sobre su titularidad. La resolución, del pasado mes de noviembre, supuso la negativa a obtener la reversión gratuita del recinto.

El deterioro de la cárcel es grave. Cuando el Concello y la SIEP acordaron la cesión por dos años en el anterior mandato, cada uno aportó 150.000 euros para mejoras, cantidad que, según el entonces edil de Urbanismo, Xiao Varela, resultó insuficiente. El Gobierno local había mejorado el acceso principal y habilitado estancias interiores para exposiciones y actos, pero calculaba que solo la inversión en la reparación de las cubiertas, una de las partes más dañadas, se elevaba a trece millones de euros. El actual Ejecutivo sube a 30 la obra total.