Cinco de mayo, otra fecha marcada en rojo en el calendario de asuntos portuarios en A Coruña. Esta mañana se reúne en el Palacio de María Pita la comisión técnica entre administraciones en la que se perfilarán los convenios definitorios de la transformación de los muelles urbanos por la liberación de los terrenos y el traslado de la actividad portuaria a la dársena exterior. La conexión ferroviaria a punta Langosteira y la deuda por la construcción de las instalaciones están también sobre la mesa, como lo estuvieron en la cita institucional del 23 de febrero en la ciudad y en las reuniones posteriores entre los representantes del Estado y la Xunta en marzo en Madrid y de ambos con la alcaldesa, Inés Rey, en abril en Santiago. Cada parte llega a la cita de hoy con planes firmes ya expuestos o reservados, condicionados por los avances de los últimos tres meses.

  • Gobierno. El Estado ha tenido más de un representante en los tres encuentros entre administraciones: el ministro de Transportes, José Luis Ábalos; el presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo; y el secretario de Estado de Infraestructuras, Jesús Vázquez Torrón. Hoy Puertos tendrá portavoz. De cuestionar el tren a Langosteira en febrero por la caída de tráficos y vincularlo a un estudio de viabilidad económico-financiera, la administración central ha pasado a prometerlo dos semanas más tarde y a garantizarlo con financiación europea un mes más tarde. Esta captación de recursos aún no está confirmada, por eso a la licitación del acceso ferroviario se le ha puesto fecha en el mes de julio, con la previsión de que Europa ratifique los esperados fondos de reconstrucción. Respecto a la deuda de 200 millones con Puertos por la construcción del puerto exterior, el Estado ha resuelto aplicar una moratoria hasta 2035, pero aún no se ha definido de qué modo se va a reestructurar. Ni Ministerio ni Puertos han dado detalles sobre cómo se reordenarán los muelles, aspecto en el que la Xunta sí ha expresado sus preferencias fuera del marco de la comisión en la que las administraciones deben debatirlas.
  • Xunta. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, trasladó a Ábalos y a la alcaldesa su propuesta de protocolo y de convenio sobre el desarrollo urbanístico de los muelles en la reunión de abril, una iniciativa que consagra el modelo planteado en 2018 por el propio Feijóo por el que la Xunta se haría con el control de los terrenos al abonar trece millones de euros, el 51% del valor de la Batería y Calvo Sotelo, mientras que el resto sería aportado por el Concello y la Diputación. Unos días antes en la ciudad Feijóo había propuesto también la venta del muelle de San Diego a partir de 2027 con el fin de reducir la deuda del Puerto y con la vista puesta en que en esa zona se “construya ciudad y la gente pueda vivir cerca del mar”. Rey no ha querido pronunciarse desde entonces respecto a esta solución y enmarcó su debate en la comisión portuaria. El edil de Urbanismo ha apelado esta semana a consensuar las ideas que defienda cada parte, aunque sin avalar el planteamiento de la Xunta: “No se trata de venir aquí a comprar el 51%, sino de estudiar propuestas y mirar los puntos de acuerdo”. La Consellería de Infraestructuras acude al encuentro de hoy.
  • Concello. El Gobierno local ha optado por la cautela y el silencio. Ha sido imposible sacarle a la alcaldesa su opinión sobre la propuesta de la Xunta para los muelles, terrenos para los que el Concello encargó en 2020 un estudio a la Universidad que contiene actuaciones proyectadas a corto, medio y largo plazo en todo el litoral portuario. La transformación de los muelles y su consiguiente inclusión en los convenios que sustituyan a los de 2004 debería tratarse en la comisión de hoy y en las citas siguientes, así como la financiación de su urbanización (la Batería ya a partir de este año), que la Xunta propone con aportaciones de todas las administraciones, aunque con el Estado inicialmente excluido salvo que decida colaborar en el pago de las actuaciones a través del Puerto.
  • Puerto. El ente portuario ha respondido a la propuesta de la Xunta con el anuncio de su compromiso de pagar entre el 5% y el 10% del coste de la urbanización de los muelles de la Batería y Calvo Sotelo. Su presidente, Martín Fernández Prado, propuesto por el Gobierno gallego, ha calificado de “beneficiosa para el Puerto y para la ciudad” la iniciativa de Feijóo, sin detenerse aún en el futuro de San Diego. A Rey no le ha gustado que la Xunta y la Autoridad Portuaria difundieran sus planes fuera de la comisión que convocó para hoy y la semana pasada pidió “respetar el marco institucional y las reglas del juego”.
  • Diputación. El organismo provincial, al contrario que el Puerto, no se plantea contribuir económicamente a la compra de la Batería y Calvo Sotelo que propone la Xunta, según explicó su presidente, Valentín González Formoso. “Tenemos otras competencias. No tenemos que implicarnos en materias tan de ciudad como el desarrollo urbanístico de un espacio”, justifica. La Diputación estuvo presente en la cita del 23 de febrero y lo estará hoy para “aportar su grano de arena”.
  • Adif. La presidenta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Isabel Pardo de Vera, estuvo en las tres reuniones celebradas desde febrero, aunque no hizo manifestaciones públicas. Su organismo, que en 2018 preveía costear con Puertos del Estado el tren a Langosteira, también reclamó hace tres meses el estudio de viabilidad económica del acceso; queda por definir ahora qué participación tendría en el desarrollo de la infraestructura si se confirma que obtendrá fondos europeos para licitarse ya este verano.