De cárcel a laboratorio audiovisual, sin dejar de lado su historia y su entorno vecinal. El Concello, condicionado por la inversión de unos 30 millones que asegura necesitar para su rehabilitación, busca nuevos caminos para recuperar la ruinosa cárcel de la Torre. La consultoría contratada por 18.000 euros para la “realización de un proyecto de contenido cultural” en este edificio arroja luz sobre el destino que le puede esperar a esta enclave a los pies de la Torre de Hércules. La idea municipal, contenida en la propuesta a la que ha tenido acceso este diario, es convertirlo en un polo de creación y gestión audiovisual como “uso principal”, aunque también tendrán cabida la Memoria Histórica, la interpretación de la Torre y los espacios vecinales.

Este proyecto propone que las históricas dependencias penitenciarias sean destinadas a “un espacio de residencia, trabajo, formación y orientación profesional”, enfocado a “generar y apoyar oportunidades de desarrollo del sector audiovisual en la ciudad y en su área urbana”. Todo “organizado en áreas de coworking para iniciativas invitadas y residentes” que fomenten el “emprendimiento audiovisual”, siempre que impulsen proyectos que conecten “los vectores creador, técnico y empresarial”.

La propuesta de laboratorio audiovisual, según justifica el documento alumbrado por el área municipal de Cultura cuando Rómulo Sanjurjo estaba al frente, pone sus cimientos en el ecosistema del sector enraizado en A Coruña desde hace un par de décadas, en los antecedentes históricos de usos culturales y artísticos en el inmueble y en la posibilidad de conectar esta nueva actividad con la historia de la antigua cárcel y de su entorno.

Esa A Coruña audiovisual que ha ganado peso con el auge de las nuevas plataformas y que ha convertido con asiduidad a la ciudad y a su comarca en un plato televisivo es una de las razones que empuja a Cultura a pensar en dar protagonismo al sector, al igual que la presencia de “productores, centros de formación públicos y privados (universitarios y no universitarios), fundaciones, asociaciones profesionales, centros culturales”. Cita expresamente a la “EASD Pablo Picasso, a la Escola de Imaxe e Son, al Laboratorio Audiovisual de Innovación e Creación (LAIC), al CGAI, a los grados de Comunicación Audiovisual y Creación Dixital, Animación e Videoxogos de la UDC y a la Academia Galega do Audiovisual”, entre otros, que se complementan con la presencia en la comarca del “50% de las empresas más importantes del audiovisual gallego”.

Los redactores argumentan además que desde 2010 la antigua cárcel fue objeto de programación cultural, orientada al audiovisual y a las artes escénicas, ahora interrumpida por el estado del edificio. En sus dependencias se desarrolló el festival Super8 y se realizaron homenajes a Isabel Coixet o John Berger. El Ayuntamiento considera que estos ejemplos y otros “documentos de referencia consultados” aconsejan apostar por una “actividad productora de cultura contemporánea que acoja creatividad abierta a la ciudadanía”. Sobre su gestión, matiza que con una administración “puramente pública” su nueva vida podría resultar “ineficaz” y el edificio correría el riesgo de acabar convirtiéndose en “una carga para el Concello”.

Otra de las potencialidades del proyecto, a ojos municipales, es la transversalidad de esta propuesta de uso, ya que los “valores patrimoniales” de la propia Torre y sus conexiones con la Memoria Histórica pueden servir de inspiración o incluso de plató a los propios creadores. Apurando esta vertiente, considera que este equipamiento puede acoger “las labores propias de una Film Comission o de un Convention Bureau para captar producciones que tengan a A Coruña como espacio”. Esta finalidad complementaria le permitiría conectar así “el vector turístico, audiovisual y de eventos”, una palanca más para “el impulso económico de estos sectores”.

Para conseguir todos estos objetivos y deteniéndose en las necesidades dotacionales, apuesta por combinar espacios de “coworking de trabajo creativo, aulas técnicas de audiovisuales, animación e interactivas, espacios de reunión y presentación de proyectos, orientados a la captación de inversiones, producción y distribución con oficinas de uso administrativo e institucional”.

Espacio compartido

El impulso audiovisual no es la única senda que busca el Concello para un inmueble que no puede ser ni ajeno a su historia ni a las necesidades de su barrio. La cárcel, según los planes del Concello, recuperará viejas pretensiones como la de convertirse en centro de uso vecinal y de estudio y reivindicativo, tanto de la Torre como de la Memoria Histórica. En ese último sentido, el Ayuntamiento ya reconoció contactos hace meses con el Ministerio de Memoria Democrática.

Un edificio cerrado desde hace dos años y medio

La antigua cárcel de A Coruña, de 1927, lleva buscando una nueva vida estable desde que Instituciones Penitenciarias cerró sus puertas en 2009 tras dedicar sus últimos años a ser sede de un Centro de Inserción Social que albergaba a los presos que solo tenían que acudir a pasar la noche. Entonces, tras un primer uso vecinal, bajó la verja en 2012 por su deterioro y por el peligro que suponía para la integridad de todos los vecinos que acudían al inmueble. Seis años después y tras ser restaurada de manera fallida, abrió de nuevo sus puertas y fue gestionada por el colectivo Proxecto Cárcere hasta quedarse sin actividad en los últimos días de 2018. Lleva vacía desde entonces y ahora el Concello empieza a dar los primeros pasos para intentar recuperar el enclave tras el revés sufrido en el proceso judicial iniciado en su día por el Gobierno local del Partido Popular de Carlos Negreira, que pretendía revertir el convenio firmado por Francisco Vázquez en 2005 que compromete al Ayuntamiento a pagar 1,2 millones por el uso de este edificio. Una de las vías que se apurará es la de intentar que la antigua cárcel sea declarada Bien de Interés Cultural (BIC), una petición que será realizada una vez que desarrolle el plan director que guiará el futuro del edificio en manos municipales. De manera paralela, el Gobierno municipal pretende buscar vías de financiación estatales o europeas para la rehabilitación y para mitigar el pago al Ministerio de Interior.