Cristina Canosa, coruñesa de 56 años, ha pasado casi tres dependiendo de la Renta de Inclusión Social de Galicia (Risga), una ayuda autonómica de algo más de 400 euros de los que se le van 325 en alquiler. En junio de 2020, poco después de que el Estado aprobase la creación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), lo pidió, pero no se la aprobaron hasta abril de este año. Cuando por fin se la concedieron le ingresaron, de una tacada, todos los meses desde su petición, y aprovechó para ponerse al día con sus deudas. Una semana después, la Xunta le exigió que devolviese la Risga todos los meses que ha percibido ambas ayudas, ya que son incompatibles. Cristina Canosa tiene que pagar, de una tacada, más de 5.000 euros, provocándole un descubierto de cerca de mil por los gastos en los que incurrió.
No es el único caso. La directora de la entidad social Poten100mos, Cristina de la Puente, que ha ayudado a Canosa en los trámites, señala que ha habido otras personas a las que la aprobación del IMS se les ha retrasado “once meses, doce meses” y se enfrentan a la misma situación. El ingreso de los pagos atrasados de esta ayuda deberían cubrir la deuda con la Xunta, pero según afirma De la Puente “hablamos de personas con muchísimas necesidades, que malvivían con la Risga” y en cuanto les entra el dinero deben usarlo para hacer frente a urgencias. “Te cae eso y dices, pago el alquiler” señala. En otros casos, los perceptores son personas “con adicciones” que pueden tener la tentación de gastar el dinero. Desde Cáritas, sin embargo, señalan que no han detectado ninguna situación de este tipo en A Coruña. Fuentes municipales señalan que este problema no se da entre el IMV y la renta social municipal, ya que normalmente los solicitantes de esta renta no pueden pedir la estatal, y, además, dejan de percibirla en cuanto piden otra ayuda.
Por otra parte, Canosa afirma que no hubiese gastado parte del dinero si hubiese sabido que tendría que devolver la Risga inmediatamente, y culpa a la Administración por inducirla a confusión cuando lo preguntó.
“Me tenían que haberme mandado una carta explicándomelo todo perfectamente”, critica, y añade”, pues “estoy segura de que va a haber muchísima gente” que tenga ese problema. Aún así, citando la máxima de que “el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento”, asume que “si me corresponde, tendré que pagarlo”.
Condonación
Fuentes de la Consellería de Política Social señalan que las personas que tienen que devolver el dinero “son gente que está pasando por una situación complicada”, por lo que se les dan treinta meses para pagar. A las familias con menores a su cargo se les condonarán hasta 3.400 euros, si existe un informe favorable de un trabajador social municipal.
Aún así, De la Puente señala que muchos perceptores viven “al día y al límite” y puede que no consigan pagar. Y entonces aparecerán como deudores de Hacienda, lo que les cerrará el acceso a ayudas. Se reunirá mañana con el director xeral de Inclusión Social para pedirle que las cuentas se cuadren entre administraciones, “sin responsabilizar al beneficiario y ponerle en una situación vulnerable en el futuro”, o en su defecto, que el Estado notifique con antelación. También preguntará por opciones adoptadas en otras comunidades. El Gobierno canario permite compatibilizar la prestación regional y el IMV, sin reintegros en 2021.
