La construcción del túnel de la Marina, que fue adjudicada por 13,17 millones de euros, IVA incluido, se incrementará un 20,7% a causa de la sentencia de la Audiencia Provincial que obliga a la Autoridad Portuaria a pagar 2,73 millones más a las empresas Copasa y Civis Global, que reclamaban el abono de más de nueve millones por los sobrecostes que se originaron en las obras, en especial por la aparición de rocas en un lugar donde no se había previsto. Tanto las constructoras como el organismo portuario recurrieron la sentencia emitida hace dos años por el Juzgado de Primera Instancia número 11, que imponía el pago de 1,85 millones más al estimar ajustadas a la Ley algunas de las reclamaciones planteadas y que ahora queda revocada parcialmente.

El contrato del túnel de la Marina fue licitado por 19,06 millones, con el IVA incluido, y fue adjudicado a Copasa y Civis Global por una cantidad notablemente inferior, 13,17 millones, que ahora ascenderá a 15,9 millones si ninguna de las partes recurre ante el Tribunal Supremo por la vía de la casación.

Al repasar los gastos efectuados que no figuraban en el proyecto, el tribunal admitió tanto propuestas de las constructoras como del Puerto, de forma que solo incrementó en 880.000 euros la cantidad que había reconocido previamente el juzgado. En su recurso ante la Audiencia, las empresas destacaron que el contrato no era a precio alzado, en el que no se puede incrementar tras la ejecución de las obras, sino por unidad de medida, a lo que añadió que hubo diferencias sobre los materiales previstos, un replanteo de los planes y un incremento de los costes. También argumentaron que en la sentencia se cometió un error sobre la interpretación del principio de riesgo y ventura en relación con este asunto.

La Autoridad Portuaria explicó que había rechazado las reclamaciones de las constructoras al considerarlas “desorbitadas” y por conceptos “improcedentes” y señaló que debían haber solicitado la modificación del contrato, la elaboración de uno complementario o la anulación del que se firmó. También replicó que la aparición de las rocas no fue “imprevisible” ni porque el proyecto técnico fuera “deficiente”, sino que se trató de “incidencias habituales que además ya se intuían o insinuaban en el proyecto”, por lo que consideró que su coste debía ser asumido por las empresas contratistas.

La sentencia manifiesta que las constructoras asumieron en este contrato el riesgo y ventura, en el que se admite la posibilidad de efectuar alguna reclamación por alteración sustancial de las circunstancias “pero no de las previstas o previsibles”. Por esta razón, repasa cada una de las exigencias de las empresas y las réplicas a las mismas de la Autoridad Portuaria para establecer cuáles son los conceptos por los que debe incrementarse la cantidad que se abonará por las obras del túnel.

Por las obras realizadas no previstas en el contrato y los sobrecostes producidos suman 1,78 millones, los gastos generales 232.360 euros y el beneficio industrial 107.243, cantidades a las que al aplicar el IVA ascenderían a 2,57 millones, según el cálculo de la Audiencia Provincial, que suma a esa cifra 32.953 euros por el bombeo de aguas del colector principal a la dársena y los pagos a terceros.

También estima la sentencia que deben abonarse los costes financieros del 7% sobre el coste de la obra realizada que no fue valorada, lo que eleva la cantidad final que debe entregarse a las constructoras hasta los 2,73 millones. Entre las partidas cuyo abono rechaza el fallo judicial figura una de 819.134 euros por los sobrecostes producidos por el uso de medios especiales de perforación para eliminar las rocas aparecidas en la obra.