“Hay que dar respuesta jurídica a lo digital”

¿Qué busca el máster?

Nuestro plan de estudios pretende dar una formación básicamente jurídica, con algunos conocimientos de tecnología y computación, para dar respuesta jurídicas para afrontar los restos que plantean las nuevas tecnologías en el Derecho.

¿En qué consiste el Derecho de la Inteligencia Artificial?

Las nuevas tecnologías son disruptivas, pues han supuesto un salto cualitativo y cuantitativo que no tiene marcha atrás, pero la inteligencia artificial es la más impactante. Es la aplicación de algoritmos en la toma de decisiones en cualquier ámbito, y ofrece ventajas innumerables, pero también problemas éticos, y tecnológicos, así como retos jurídicos para los que el estado de la ciencia no tenía respuestas. Todos los días hay nuevas cuestiones a resolver.

Está la duda de si un coche autónomo podría tomar la decisión de atropellar a una persona, pero ¿cuáles son ejemplos más del día a día que suscita?

Pues, por ejemplo, el perfilado de la opinión pública a la hora de votar, que se vio en procesos electorales de Estados Unidos o en el proceso del Brexit, pues se pueden predecir las votaciones en base al seguimiento que hacen los algoritmos. También en la medicina, algo que vemos con el COVID, en las operaciones quirúrgicas... El riesgo jurídico y ético es su sesgo.

¿A qué se refiere con el sesgo?

La tecnología es neutra, pero los algoritmos los manejan seres humanos que tienen orientaciones determinadas y estas se integran en los algoritmos. Por ejemplo, la inteligencia artificial se emplea en la detección de la delincuencia. Si vemos en Estados Unidos el número de detenciones o la posibilidad de dormir en un calabozo, caerían en la población negra, porque los algoritmos predicen que serían de mayor riesgo si quedasen en libertad. La inteligencia artificial se emplea hoy en todo. Hay que conocer como funciona e introducir garantías para que no se produzca discriminación o incluso hagan guetos. También tenemos una materia de gestión de la seguridad.

La de Criminalidad informática y ciberseguridad.

Efectivamente. Esto tiene un peso importante en toda la programación de los estudios.

¿El máster está dirigido a personas que provengan del Derecho, o también podrían acceder a él personas con estudios en el ámbito tecnológico?

El perfil de ingreso es de gente que procede de las Ciencias Jurídicas, pero también pueden provenir de la Informática. Pero las materias son eminentemente jurídicas. El objetivo es formar profesionales procedentes del mundo del Derecho, pues el sector digital está muy demandado.

¿Está creciendo?

Sí, porque la forma en la que funcionamos, compramos, contratamos, nos relacionamos con las administraciones., y sobre todo después del COVID, es digital. Hay que darle respuesta jurídica. Hay quien defiende que el Derecho Digital debería ser una rama específica, y otros hablan de digitalizar el Derecho: aprobar o reformar normas desde una perspectiva digital. Si hablamos de ciberdelincuencia, no es que haya delitos nuevos, sino que los de antaño que se cometen en el entorno digital.

El máster ha empezado a impartirse este curso. ¿Cuál ha sido la afluencia de alumnos?

Al ser la primera edición, hemos tenido 20 alumnos, por el tema COVID y porque se imparte en modalidad presencial, aunque hemos dado las clases en parte por una plataforma virtual. Hay mucha demanda de que sea virtual. Este año hemos pedido una ampliación de 30 a 35 plazas porque prevemos un aumento de las matrículas. En el periodo de preinscripción se nos han quedado fuera bastantes estudiantes que provenían del exterior del espacio europea. Teníamos nueve plazas reservadas para ellos y no hemos podido matricularlos a todos.

¿Cuál es el perfil de estos estudiantes extranjeros? ¿Provienen de Latinoamérica?

Sí, tenemos bastantes latinoamericanos. Ya hemos tenido este año, aunque alguno ha tenido que regresar a su país.