El Gobierno local deberá redactar una nueva propuesta sobre la petición de que se revisen los acuerdos urbanísticos adoptados entre 2004 y 2006 en el polígono de Someso, ya que el Consello Consultivo de Galicia considera que la resolución aprobada el pasado 31 de diciembre con la que se rechazaba esa iniciativa no está suficientemente justificada. La reclamación fue presentada en 2013 por el entonces portavoz municipal del BNG, Xosé Manuel Carril, como paso previo a la exigencia de responsabilidades patrimoniales a quienes tomaron decisiones que causaron al Concello un perjuicio de 23 millones de euros, según un informe elaborado durante el Gobierno local del Partido Popular.
El dictamen será abordado hoy en la Junta de Gobierno Local, que precisamente aprobará la licencia para construir un edificio de 16 plantas y 100 viviendas en este polígono. El Consultivo exige que la nueva resolución municipal haga un “correcto análisis de la solicitud” así como de las alegaciones presentadas y los informes incluidos en el expediente, para que “quede constancia, con el rigor exigible, de los hechos y de las valoraciones jurídicas” que permitan resolver las peticiones de nulidad planteadas. Según detalla, la propuesta “carece de la motivación necesaria” para ser analizada porque pide anular la petición de revisión de los acuerdos “sin justificar meticulosa y diferenciadamente los motivos que llevan a esta decisión y sin dar respuesta a las específicas infracciones legales indicadas en el escrito de solicitud”.
También reclama que se incorpore al expediente por la “relevancia que pudiese tener” el informe redactado durante el mandato municipal del PP en el que se investigó este caso. El dictamen del Consultivo pone de relieve que se dedicó “un más que excesivo tiempo” para tramitar esta solicitud de revisión, de la que dice que su resolución se dilató “injustificadamente” y sin que se expongan las razones, ya que la petición se presentó en 2013.
El caso Someso surgió por la expropiación de fincas a vecinos de la zona para construir el campo de fútbol del club Relámpago de Elviña, que nunca se llevó a cabo, ya que parte del suelo fue destinado al vial de acceso a Pocomaco y el resto fue vendido a los promotores del polígono residencial entonces en proyecto. Los expropiados reclamaron entonces la devolución de las fincas y el Concello les indemnizó, aunque también hubo irregularidades con las parcelas municipales del polígono que le causaron importantes pérdidas patrimoniales.
Sin delitos
El Tribunal de Cuentas exigió que se revisaran de oficio los acuerdos urbanísticos de Someso tomados entre 2004 y 2006 cuando el PP le presentó este caso después de que la Fiscalía descartase la existencia de una conducta delictiva en la actuación del Gobierno local. Aunque la revisión fue solicitada en 2013 y a ella se sumó dos años después el exconcejal socialista José Antonio Sánchez Penas, la tramitación no se inició hasta la llegada de Marea Atlántica a la Alcaldía y concluyó con el actual Ejecutivo socialista.
En el informe que aprobó en diciembre la Junta de Gobierno local, los técnicos municipales rechazaron la revisión de los acuerdos a pesar de admitir la existencia de irregularidades que la justificarían porque obligaría al Concello a indemnizar con casi cuatro millones de euros a los propietarios de dos parcelas que se recuperarían y con una cantidad sin concretar a los de un terreno en el que se construyeron viviendas ya vendidas, cuyos dueños también podría reclamar.
