A pocos meses para que caduque la licencia municipal que permite explotarlas hasta 2022, el Gobierno local no ha tomado aún una decisión sobre el futuro de las terrazas acristaladas de la plaza de María Pita, las únicas de carácter fijo de la ciudad, sobre las que asegura que estudia todas las posibilidades acerca de su continuidad. Instaladas en 2002 y generadoras de polémica a lo largo de sus dos décadas de permanencia en la plaza, la ordenanza de terrazas aprobada en 2013 permitió su permanencia hasta 2022 sin tener que renovar anualmente el permiso, como sucede con las del resto de la ciudad.

La caída el pasado día 27 del friso de vidrio que decora la parte superior de una de estas terrazas puso de nuevo de actualidad estas instalaciones cuando solo queda medio año para que expire el permiso para su explotación.

“No hemos hablado nada con el Ayuntamiento sobre las terrazas”, afirma José Luis García Ramos, propietario del restaurante Noray, uno de los locales que dispone de una de ellas desde el primer momento y que asegura que la suya se encuentra en buen estado gracias a la inversión realizada en su mantenimiento. “Lo que me preocupa es quién las pagaría si se sustituyeran porque no son dos euros”, advierte el empresario, ya que su instalación en 2002 supuso una cuantiosa inversión para los establecimientos que apostaron por esta fórmula.

Estos equipamientos surgieron como alternativa a la ocupación tradicional de la plaza por numerosas mesas y sillas de los establecimientos hosteleros, así como para intentar aprovechar el espacio exterior de los mismos durante todo el año sin los inconvenientes de las inclemencias atmosféricas. El entonces arquitecto municipal, Antonio Desmonts, fue el autor de su diseño, que optó por dotarlas de paredes acristaladas para minimizar su impacto visual y permitir la contemplación de los soportales de la plaza.

Inicialmente se colocaron catorce terrazas, una de ellas destinada a oficina de turismo municipal, pero en 2009 se eliminaron dos de ellas al dejar de ser usadas por los locales de hostelería a los que correspondían, y posteriormente también se retiró la ocupada por el Concello al abrirse una oficina turística en los soportales de la plaza.

El coste de la instalación de cada terraza fue de 120.000 euros, que fue financiado por Estrella Galicia a lo largo de diez años a cambio de la exclusividad del suministro de sus productos a los establecimientos. Solo cinco años después de su colocación en la plaza ya surgieron los primeros desperfectos en las terrazas, lo que generó protestas vecinales y de la oposición municipal, así como la propuesta de su retirada.

Los hosteleros expresaron su rechazo a esa iniciativa y alegaron que las terrazas les proporcionaban el 75% de sus ingresos fuera de la temporada veraniega y el 80% de las consumiciones en los establecimientos de menores dimensiones. El Gobierno local advirtió entonces de la imposición de sanciones a los titulares de terrazas que no contasen con un mantenimiento adecuado.

Las continuas discusiones sobre la estética de estos elementos llevaron en 2008 al Gobierno local de PSOE y BNG a encargar al arquitecto Alejandro Zaera una propuesta de nuevas terrazas para la plaza. Dos años después se dio a conocer la idea, que consistía en la cobertura de las mesas y las sillas con telas con forma de velas, lo que suscitó dudas sobre su resistencia al fuerte viento que azota la ciudad durante el invierno.

El proyecto de Zaera no fue finalmente llevado a la práctica y las terrazas originales continuaron en la plaza, donde además los nuevos establecimientos hosteleros que abrieron con el paso de los años instalaron mesas y sillas sobre el pavimento sin disponer de esa protección.