¿Serán viviendas de protección todas las que se construyan en dos de las tres parcelas de A Maestranza que eran propiedad del Ministerio de Defensa? ¿Tendrá la actual propietaria de los solares en otro barrio de la ciudad el mismo porcentaje de edificabilidad que vaya a perder en uno de esos terrenos de la avenida del Metrosidero? ¿Se articulará esta operación negociada con el Concello mediante un convenio del que pueda tener conocimiento la ciudadanía? Estas preguntas —y otras relacionadas con cada una— se las plantea desde la semana pasada la Comisión Aberta en Defensa do Común, la plataforma vecinal que desde su constitución en 2016 se opuso a la venta de estas fincas y reclamó su incorporación gratuita al patrimonio público. Hoy censura los planes de la promotora Lipromo en A Maestranza y la vía que le ha abierto el Ayuntamiento para edificar en la zona tras la aprobación de un estudio de detalle que diseña cómo se desarrollará el proyecto. Las críticas apuntan sobre todo a que “desde hace años” todas las partes conocían que bajo esa superficie hay restos del antiguo sistema defensivo de A Coruña.

“Defensa sabía que había restos arqueológicos en A Maestranza. También era consciente de ello la empresa que los compró tras las dos subastas fallidas. Y por supuesto también lo sabía el Concello. Son límites a la edificabilidad que sabían todos. Ahora lo que más nos fastidia es que el Gobierno local tenga que compensar a la constructora con suelo en otra parte de la ciudad”, expresa Ricardo Vales, uno de los portavoces de la Comisión en Defensa do Común.

Vales recuerda que la plataforma cívica usó A Maestranza como su primer ámbito de reivindicación y trae a la memoria la moción aprobada en el pleno de abril de 2016, en el mandato de Marea Atlántica, por la que la Corporación reclamaba a Defensa la paralización de una de las subastas de las parcelas y demandaba la cesión de los terrenos de forma gratuita al Ayuntamiento. La moción, promovida por Defensa do Común, fue apoyada por los grupos de Marea y el BNG y contó con la abstención del PP y el PSOE.

Los socialistas, ya en el Gobierno actual y tras la adquisición de la parcelas por parte de Lipromo, se ampararon en las indemnizaciones que podía reclamar la empresa para no poner obstáculos a la operación. Desde finales de 2019 trata de acordar la mejor manera de que se desarrolle la operación inmobiliaria en A Maestranza.

Según el estudio de detalle presentado por la empresa y aprobado la semana pasada por el Gobierno local, Lipromo podría construir 56 pisos en una de las fincas, bajo la que no hay restos arqueológicos. En la otra, en forma de L y próxima al Rectorado, sí hay vestigios de la muralla. El planteamiento en el que trabajan la promotora y el Concello consiste en la disposición de parte de ese solar para poder levantar alrededor de medio centenar de viviendas; la otra parte, encima de la zona en la que hay más restos, quedaría libre y la administración local podría quedarse con metros cuadrados de espacio público. A cambio de este sector de la finca, Lipromo obtendría otra zona de la ciudad en la que proyectar lo que no podría construir en A Maestranza.

Un refuerzo de la protección pendiente de culminar

El Gobierno local anterior, de Marea Atlántica, inició el proceso para cambiar el plan especial de Maestranza de 1994, que no culminó tras impedir durante un año la concesión de licencias de edificación, periodo que finalizó en octubre de 2019. Al mismo tiempo, Marea había reclamado a la Xunta que ampliase la protección de la antigua muralla que hay bajo el suelo de A Maestranza para impedir así cualquier desarrollo inmobiliario. Pero también en octubre de 2019, poco antes de que la empresa Lipromo adquiriese dos de las tres parcelas de Defensa en la zona, Patrimonio se pronunció sobre esa petición y dejó en manos del Ayuntamiento la aplicación de cualquier herramienta urbanística con la que blindar el ámbito y evitar la construcción de edificios. El departamento de la Xunta, en una respuesta a este periódico, explicaba que la declaración de varias partes de las murallas como monumento histórico-artístico desde el año 1944 es “la máxima protección legal” que pueden tener, un blindaje análogo al de Bien de Interés Cultural (BIC). “A quien corresponde establecer la zonificación y las medidas concretas es al Concello, que lo puede hacer a través del plan especial de A Maestranza”, añadía Patrimonio. El Ejecutivo actual prevé continuar con el proceso, según apuntaron fuentes municipales la semana pasada, pero antes de finalizar ese proceso ha mantenido contactos con Lipromo para definir la mejor forma de satisfacer sus derechos edificatorios como titular de los terrenos y evitar así la posibilidad de tener que compensarla económicamente si llegase a impedir la edificación. La Ley de Patrimonio Cultural de Galicia señala en su artículo 88 que “los bienes propios de la arquitectura defensiva, entendiendo por tales todas las estructuras construidas a lo largo de la historia para la defensa y el control de un territorio del que forman parte” son bienes culturales que integran el patrimonio arquitectónico y merecen la consideración de BIC. Según una disposición adicional de la misma ley, los bienes declarados de interés cultural tienen el plazo de cinco años desde la entrada en vigor de la norma para que la consejería competente en materia de patrimonio cultural identifique y concrete esos bienes catalogados. Patrimonio, en cambio, consideró que las murallas defensivas de la ciudad tienen desde el siglo pasado la condición de monumento histórico-artístico.