El Gobierno local ha iniciado el proceso con el que pretende declarar la caducidad de la licencia de derribo que tienen la mitad de los titulares del edificio Citroën, en la avenida de Oza. La empresa que es propietaria del 50% del inmueble desde comienzos de este año puso en marcha en febrero el procedimiento para demoler el bloque, pero al haber concluido el plazo de tres meses para ejecutar la actuación sin haber realizado ningún trabajo, el Concello ha abierto el expediente para dejar sin validez la licencia urbanística e impedir la demolición del singular edificio.

El Ejecutivo local atendió en febrero pasado la solicitud remitida por los propietarios para resolver la reactivación del permiso para derribar el inmueble que se les había concedido en el mandato anterior y que la Justicia había declarado vigente. El Ayuntamiento, en aplicación de dos fallos judiciales, notificó a los dueños el acuerdo para “llevar a puro y debido efecto” el contenido de las sentencias que declaraban concedida la licencia. El departamento municipal de Urbanismo condicionó el derribo a que las obras se iniciasen en el plazo de un mes desde la emisión de la notificación y se ejecutasen en tres, hasta finales de mayo. De lo contrario, la licencia caducaría.

Este periodo se cumplió y en el edificio Citroën no hay señal alguna a día de hoy de que se vayan a llevar a cabo obras en su interior. En los meses transcurridos, los titulares de otra parte de la propiedad contrarios al derribo, que tienen una vivienda en una de las plantas y poseen el espacio que ocupaba el antiguo concesionario en la planta baja, estacionaron vehículos tras los cristales, que ayer continuaban en el lugar.

El Concello, según fuentes municipales, tiene abierto en la actualidad el expediente de caducidad de licencia en trámite de audiencia, fase en la que los propietarios interesados en demoler el edificio pueden alegar. Después de esta etapa tendrá que informar la Concejalía de Urbanismo antes de llegar a la resolución final. Si la conclusión es dar por caducado el permiso, tendrá que pasar por la Junta de Gobierno Local.

La parte de la propiedad que es partidaria de su derribo solicitó la licencia municipal en el mandato del PP y posteriormente en el de Marea Atlántica, cuando pidió otra autorización después de que caducase la primera. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia había avalado en julio de 2020 el fallo de un juzgado coruñés de un año y medio antes que declaraba concedida la licencia para echar abajo el inmueble. Estos propietarios impulsaron la demolición desde comienzos de este año tras mantener contactos con el Concello para intentar evitar el derribo, pero las conversaciones no derivaron en acuerdos y de los trámites para iniciarlo y posteriormente ejecutarlo se encargó la promotora que adquirió la mitad del edificio.

La demolición pretendida tendría que ejecutarse de acuerdo con el proyecto redactado por Andrés Fernández-Albalat y uno de sus hijos en 2012. El arquitecto, fallecido en diciembre de 2019, fue el encargado del diseño original del edificio en la década de los sesenta del siglo pasado y convirtió el inmueble en un característico exponente de la arquitectura industrial de la época. La construcción había sido promovida por el empresario Luis Rodríguez Amado, que en ese mismo lugar había explotado una estación de servicio para el lavado y engrase de camiones. En 1966 su empresa empezó a vender vehículos de la marca Citroën y mantuvo esta actividad hasta comienzos de 2012, tras haber entrado en concurso de acreedores un año antes.

El edificio de la avenida de Oza figura en el listado de diez construcciones —junto a otras como la escuela Pablo Picasso y las viviendas de Os Mariñeiros— que en el pleno de noviembre de 2020 fue incluido en el Catálogo de Edificios Protegidos del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM). Esta modificación del planeamiento fue aprobada de forma provisional.

Los promotores del derribo solicitaron licencia para ello en el mandato del PP, que le retiró la protección con la que contaba en la tramitación de la revisión del plan general, tras alegar que el edificio carecía de interés arquitectónico y se había catalogado sin justificación y con errores en el PGOM inicial. Pasaron dos años y no empezaron las obras, por lo que la licencia caducó. Los dueños volvieron a pedirla y el Gobierno local, en el mandato de Marea Atlántica, se la concedió en 2016. Pero este Ejecutivo inició al mismo tiempo gestiones para preservar el inmueble a través de la ampliación del catálogo del plan general. Ese intento de anular su propia decisión no sirvió para proteger el edificio porque comenzó a tramitarse después de la concesión de la licencia. “El Concello parece pretender protegerlo y demolerlo simultáneamente”, señaló la jueza en el fallo de 2019 que declaraba concedida la autorización. Marea recurrió, pero en 2020, en el mandato socialista, el Superior desestimó la apelación que pretendía evitar el derribo.