La legislación contempla varias vías para crear áreas metropolitanas, pero el proyecto para crear la coruñesa permanece estancado desde 2019. El pleno municipal coruñés aprobó en octubre de ese año desarrollar un anteproyecto de ley que luego presentar a la Xunta, pero nunca se llegó a redactar. El Gobierno local defiende ahora que el Gobierno gallego tiene la competencia de desarrollar una ley por sí mismo, pero fuentes de la Xunta señalan que no están trabajando en esta legislación, pues antes sería necesario “el consenso de todos los Concellos” que la formasen, y que “por lo de ahora eso no ha sucedido”. Otras posibilidades, como que se lleve a la Cámara gallega por parte de un grupo parlamentario, no se han desarrollado. Mientras tanto continúa la crisis de la entidad supramunicipal ya existente en la comarca coruñesa, el Consorcio As Mariñas, y la configuración de una nueva mancomunidad.

La ley de Administración Local de Galicia establece que las áreas metropolitanas gallegas solo se pueden crear por Ley del Parlamento. Aunque los municipios no están representados en este, la legislación contempla que la iniciativa para crear el órgano puede venir “de los municipios interesados”, que deben aprobar un acuerdo plenario por mayoría absoluta.

En 2016 el alcalde coruñés Xulio Ferreiro, de Marea Atlántica, firmó con los regidores de Betanzos, Bergondo, Culleredo, Oleiros y Cambre un documento para reclamar a la Xunta que tramitase la ley que debía regir en el área metropolitana; Abegondo, Arteixo y Carral, gobernados por aquel entonces por alcaldes del Partido Popular, quedaron fuera. Hubo reuniones posteriores, pero los alcaldes debían llevarlo a sus respectivos plenos, y Ferreiro no contó con el apoyo de los socialistas coruñeses.

Tras las elecciones locales de 2019 cambió el criterio. El PSOE, ahora en el Gobierno local votó a favor de la creación del área metropolitana en el pleno de octubre, junto con Marea Atlántica, BNG y Ciudadanos (cuya edil más tarde se dejaría el partido y se uniría al Gobierno local). Solo se desmarcó el Partido Popular, que se abstuvo. Es en base a este acuerdo que actualmente el Gobierno local considera que la iniciativa le corresponde a la Xunta, mientras que esta considera que no hay consenso suficiente como para impulsar la ley.

Una comisión sin actividad

Pero en 2019 la idea no era esperar a que la Xunta desarrollase la ley en base al acuerdo plenario, sino que el Gobierno local pretendía redactar una propuesta desde el propio Ayuntamiento. Con esta finalidad se creó por decreto de Alcaldía, en septiembre de 2019, la comisión informativa especial del Área Metropolitana, con representación de todos los grupos entonces existentes en el pleno, y que todavía existe. Su propósito es “la discusión, estudio y dictamen de las cuestiones relativas a la constitución de órganos de integración metropolitana” en el área de A Coruña. En concreto, y de acuerdo con el pleno de octubre de 2019, debía redactar una propuesta de anteproyecto de ley que luego se trasladaría a la Xunta y al Parlamento. En principio, a lo largo del primer semestre de 2020.

Fuentes del PP, BNG y Marea señalan que no solo no se ha avanzado en la redacción del documento, sino que la misma comisión no ha tenido actividad desde la elaboración del acuerdo que se llevó al pleno de octubre. Los populares señalan que “lo más importante que afecta al área es [la planta de residuos] de Nostián, que está sin contrato” y la crisis del Consorcio das Mariñas, y el Gobierno local no ha respondido a este diario si hay fecha para emitir el texto, pero Marea y BNG consideran que es preciso resucitar la comisión y recuperar el proceso de redacción del anteproyecto.

Fuentes de Marea señalan que, si bien la Xunta tiene competencias, A Coruña debería tener “una posición activa” y proponer un texto, ya que “si esperamos por la Xunta vamos a tener nunca” la ley. El grupo municipal achacan en parte el parón de la actividad de la comisión a las consecuencias de la pandemia, aunque afirman que “no hubo mayor interés” por parte del Gobierno local para impulsarla.

Por su parte, el Gobierno local señala que “la comisión la tiene que convocar el presidente” (lo que es cierto, según el artículo 79 del Reglamento Orgánico Municipal) y este es el edil de Marea Iago Martínez. Desde el grupo señalan que “tenemos intención de poner el asunto sobre la mesa” cuando la situación esté “más normalizada”. El portavoz del BNG coruñés, Francisco Jorquera, que también es miembro de la comisión, señala que su grupo ve con “mucha preocupación” que el proceso esté parado, y recuerda que pidió que se desbloquease en el último pleno. Para Jorquera, el Gobierno local no puede “limitarse a dar traslado a un acuerdo plenario”, ya que lo “lógico” es que A Coruña impulse el proceso, redacte un anteproyecto y luego lo traslade a la Xunta y el resto de concellos de la comarca.

“En última instancia hay que negociarlo con la Xunta, y las competencias son del Parlamento, pero el Ayuntamiento tiene, obviamente dialogando, que poner una propuesta sobre la mesa”, resume el portavoz nacionalista. Otra posibilidad es vehiculizar la ley a través de uno de los grupos del Parlamento gallego, en el que están representados tanto el PP como el BNG y el PSdeG. No es previsible que parta una iniciativa del Partido Popular, ya que no ha apoyado iniciativas de este tipo a nivel municipal y podría ejercerlas desde la Xunta, y tampoco de los socialistas, pues sus fuerzas locales apuntan ahora a que la iniciativa le correspondería a la Xunta. En lo referente al BNG, segunda fuerza de la Cámara, Jorquera considera que no es “el mecanismo lógico”, ya que “no se pueden sentar las bases de lo que tiene que ser el área metropolitana prescindiendo de los Ayuntamientos”, que deben tener “papel protagonista” y formulan la propuesta inicial.

Una nueva mancomunidad sin la presencia de A Coruña

Entre las fuerzas municipales de A Coruña, PP, Marea y BNG coinciden en su preocupación por la crisis del Consorcio As Mariñas, constituido por municipios de la comarca coruñesa para coordinar el tratamiento de residuos y su tratamiento en la planta de Nostián, que gestiona el Ayuntamiento de A Coruña. Arteixo dejó el grupo en 2018, mientras que este año Cambre y Culleredo anunciaron su salida. A principios de junio, estos dos municipios, así como el resto de los que aún integran el consorcio (Abegondo, Bergondo, Betanzos, Carral, Oleiros y Sada) se reunieron a inicios de este mes para sustituir el consorcio por una mancomunidad. Al contrario que en el caso del área metropolitana, esta no incluiría al municipio de A Coruña. Tanto el consorcio como la mancomunidad y el área metropolitana son figuras presentes en la Ley de Administración Local de Galicia, pero varían en requisitos y competencias. El consorcio es el más simple: lo establece un Ayuntamiento con otros, con Administraciones públicas diferentes o incluso con determinados tipos de entidades privadas. No hace falta que su creación pase por el Parlamento, y los crean los municipios interesados a través de acuerdos entre sí. Las mancomunidades solo se pueden crear entre municipios, y para realizar obras u ofrecer de manera común servicios o actividades que sean de su competencia. Una vez más, si bien la Xunta puede prestar asistencia técnica o jurídica, los Ayuntamientos pueden crearlas por sí mismos. Las áreas metropolitanas también pueden coordinar servicios y obras entre municipios, pero se deben crear por Ley autonómica, y deben integrar “grandes aglomeraciones urbanas” por lo que A Coruña tendría que incluirse. En la historia de Galicia solo se ha constituido una, la de Vigo, creada por Decreto Ley por la Xunta en 2012 pero que a finales de 2016 la misma administración se negó a inscribir en el registro de entidades y la llevó a los tribunales. Un juzgado anuló su puesta en funcionamiento en 2020.