Todos los años, la oficina de la Valedora do Pobo emite un informe sobre las quejas de los ciudadanos contra los errores y malas prácticas de las administraciones. De acuerdo con el de 2020, los vecinos de A Coruña elevaron un total de 394 reclamaciones. Entre ellas se encuentran tipos nuevos de quejas, derivadas de problemáticas surgidas por la pandemia de coronavirus, pero también reclamaciones clásicas como la falta de uso del gallego en ocasiones en las que lo exige la normativa, los retrasos a la hora de conceder citas médicas o sanciones en las que la Administración no siguió los procedimientos correctos.
►Coronavirus. La Valedora recibió una queja el 26 de marzo de 2020, menos de dos semanas después de la declaración de alarma por la pandemia, por la falta de un protocolo de actuación para los auxiliares de enfermería del centro de mayores Domus Vi Concepción Arenal, en el que ya había casos de contagio. Otra queja se interpuso en junio de ese año por las medidas tributarias del Concello relacionadas con la pandemia. El Gobierno local anuló el cobro de la tasa de terrazas durante el periodo en el que no estuvieron permitidas, y para otros ingresos municipales como el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) o la tasa de basuras, optó por reformar el calendario fiscal y ampliar los plazos de pago de los tributos.
También se presentaron quejas debido a problemas generados por las limitaciones de movilidad una vez que se estableció el confinamiento, como un caso interpuesto en abril por un vecino de Cee al que la prohibición de desplazamientos encontró en A Coruña y que no recibió autorización para volver a su domicilio familiar.
También en abril, otra persona llamó a la oficina para pedir ayuda por una situación de necesidad derivada de las restricciones. Aunque residía en otro municipio, el confinamiento había encontrado al solicitante viviendo en A Coruña, donde realizaba trabajos temporales de hostelería. En abril, con todo cerrado, se hallaba sin trabajo, prestación ni subsidio, y los servicios sociales coruñeses le indicaban que para recibir ayudas de emergencia municipal era preciso estar empadronado en el municipio.
La oficina se puso en contacto con la directora de área de Servicios Sociales, que indicó que la respuesta que había recibido no era correcta; el programa municipal contempla que las ayudas extraordinarias se puedan conceder a personas que no son vecinos, y de hecho se tramitaron varios centenares de este tipo.
La responsable del área se comprometió a entrar en contacto con el afectado para informarle correctamente. Sin embargo, este volvió a llamar a la Valedora para explicar que su problema no se había solucionado. Tras una nueva comunicación a la directora, el Concello se puso al fin en contacto con el demandante de ayudas.
►Mujer. Un problema relacionado con el COVID, pero también con los derechos de la mujer, fue el inicio de una actuación de oficio ante la situación de la víctimas de violencia de género durante la pandemia, aisladas por el estado de alarma. La oficina de la Valedora entró en contacto con el Centro de Información á Muller (CIM) de A Coruña, dependiente de la Xunta, que les comunicó “la imposibilidad de algunas víctimas” para acceder a la sede virtual de la Xunta para solicitar y tramitar prestaciones, acciones que tampoco podían hacer en persona.
La oficina se puso en contacto con la Secretaría Xeral de Igualdade, que buscó una solución “para que las víctimas no tengan que comparecer personalmente”, sino que pudiesen hacerlo por teléfono móvil y en comunicación directa con el centro. También a finales de ese año se inició otra actuación por la imposibilidad de acceder a un informe del CIM coruñés, que una mujer precisaba con urgencia para aportarlo a un juicio por violencia de género. La oficina se puso en contacto con el centro y este entregó el informe a la solicitante “en el momento”.
►Parejas de hecho. La situación de emergencia sanitaria también motivó retrasos en el registro de parejas de hecho de A Coruña, pues las citas se suspendieron en los días de marzo posteriores al estado de alarma, en abril y en parte de mayo. La Valedora recomendó que se mantenga una agenda para señalar con anticipación las comparecencias personales y preceptivas, “de acuerdo con los tiempos necesarios para la Administración y con el efecto de dar seguridad a la ciudadanía”.
En relación al ciudadano que elevó la queja que motivó la intervención, la oficina sugirió que se le informase de la fecha probable en la que podría realizar la comparecencia personalísima en las instalaciones de la Xunta. El Gobierno gallego informó de que la situación “ya se había resuelto”.
►Idioma. El empleo de las lenguas oficiales motivó varias quejas a lo largo del año pasado, en general por la primacía del castellano. Así, se abrieron dos expedientes sobre las señales de la ciudad, uno por el uso de términos “deturpados” en las placas de la ciudad (como Finisterre, Arteijo y Orense), el uso exclusivo del castellano en indicaciones de edificios públicos (“Casa del Hombre”, “Casa de las Ciencias”, “Casa de los Peces”) o en las indicaciones de direcciones (“Salida ciudad”, “Ciudad Vieja”, “Plaza de Galicia”). De acuerdo con la Ley de Normalización Lingüística de 1983, tendrían que estar en gallego. El Ayuntamiento alegó que está promoviendo el gallego y su empleo en la microtoponimia, y que está trabajando para poner al día estos y otros elementos. De acuerdo con la oficina de la Valedora, dado que hay “voluntad” del Gobierno local por mejorar la situación, “no pareció preciso instar al Concello” a realizar compromisos adicionales.
Otra queja se dirigió contra una docente de la Universidade da Coruña, que se negó a corregir un trabajo en gallego “indicando que haría uso del traductor en línea”, pero se resolvió positivamente, según el informe. Tuvo el mismo resultado una queja presentada por una aplicación solo en castellano del Colegio Oficial de Médicos de A Coruña. También se elevó una reclamación contra el Ayuntamiento en otro sentido: el de haber emitido un bando municipal solo en gallego.
►Ruidos. La oficina recibió varias quejas derivadas de las molestias causadas a los vecinos por ruidos en establecimientos privados e instalaciones públicas. Una provino de una coruñesa con un bar bajo su vivienda que no le dejaba dormir. Según señalaba en su denuncia, la Policía Local había acudido al lugar en varias ocasiones, y se había incoado un expediente para que el local retirara una mesa de billar y un juego de dardos que no permitía su licencia de actividad. Finalmente, el Concello verificó que la actividad del local no se estaba adecuando al permiso, de café-bar, y dictó un decreto incoando un procedimiento de reposición de la legalidad. Como medida provisional, la mesa de billar y la máquina de dardos fueron retirados del establecimiento.
Otro vecino denunció a una panadería de la que se había ordenado un cese provisional por cuestiones de ruido, pero que, según señalaba, seguía funcionado sin que se comprobase desde el Ayuntamiento la efectividad del cierre. La Valedora le recordó sus deberes en cuanto a ejecución forzosa de las medidas, un aviso que fue aceptado por el Concello.
Otra de las quejas se dirigió contra instalaciones municipales. Un vecino de la urbanización Valaire, de A Zapateira, señaló que la instalación deportiva ubicada allí estaba generando molestias por los “ruidos y música” de adolescentes y adultos que acudían a ella, y pedía su traslado o que se limitase su uso a los niños; además, su padre había presentado una instancia por este asunto al Ayuntamiento en 2018, sin ser respondida, y el Concello tenía constancia de ruidos en las instalaciones desde 2014. La Valedora le recordó que responder expresamente a las solicitudes y peticiones es un “deber legal” y le recomendó que valorase esta solicitud y llevase a cabo medidas correctoras.
►Sanidad. El Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) fue objeto de cinco quejas, todas ellas admitidas y concluidas con resultado positivo. Del quinteto, cuatro tuvieron que ver con retrasos: de una cirugía vascular urgente, de una cita para pruebas de seguimiento de una cirugía, de una prueba de imagen en el servicio de radiodiagnóstico y de una TAC craneal (una prueba para ver el estado del interior de los tejidos a través de rayos X).
La quinta, elevada en diciembre del año pasado, fue presentada por un ciudadano en relación a la falta de personal en el Chuac, y al alta médica de su madre, ingresada en este centro hospitalario. El informe muestra muchas otras quejas en el ámbito sanitario, pero en la mayoría no hace referencia al municipio desde el que se elevaron.
►Racismo y exclusión. Un proceso, aún por cerrar, parte de una denuncia que protesta por el “sesgo racista y discriminatorio contra la etnia gitana en una información en las redes sociales corporativas” del Ayuntamiento.
También se elevó una reclamación por la tramitación de un expediente matrimonial por parte de la jueza encargada del Registro Civil, empezado en 2017. La persona que lo había solicitado quería obtener el certificado de capacidad matrimonial para desposarse en Marruecos, y el Ministerio Fiscal se opuso a expedirlo “por contradicciones apreciadas en las declaraciones de los contrayentes”. La interesada presentó una nueva solicitud en 2020. De acuerdo con la Valedora, no hubo “dilaciones indebidas ni trato desigual”, y no se apreció “ninguna vulneración de derechos”.
La oficina también inició una actuación de oficio para garantizar que no haya discriminaciones por parte de los agentes del orden público por razones de raza o vulnerabilidad cuando realicen diligencias de identificación. De las ciudades gallegas consultadas, solo A Coruña dispone de procedimientos y formularios específicos para evitar esto, en base a dos instrucciones dictadas en 2016.
La oficina también actuó de oficio en el Ayuntamiento de A Coruña, así como en los de otras ciudades, sobre los procedimientos de actuación, control y coordinación a la hora de abordar a personas con síndrome de Diógenes. El Concello informó de que se creó un protocolo en febrero del año pasado para casos con este síndrome y similares. Se le sugirió crear una base de datos sobre estos casos.
►Multas y sanciones. La oficina registró dos quejas de vecinos coruñeses durante 2020 en relación a procesos generados por denuncias de las autoridades. Una fue elevada por una vecina a la que la Policía Local denunció por ser propietaria de una perra que atacó a una persona y porque “no había acreditado” que la hubiera sometido a un reconocimiento veterinario requerido por el cuerpo. Se le impuso una sanción de 500 euros, pero ella alegó que había presentado el reconocimiento veterinario. La Agencia Tributaria de Galicia quedó obligada a devolverle de oficio la mitad del importe.
En otro caso, un ciudadano se quejó de una denuncia de tráfico realizada contra él en el municipio coruñés, por “deficiencias en el proceso de notificación”. Del informe de la Administración, según la oficina de la Valedora do Pobo, “se deduce que fue incorrecta la tramitación del expediente sancionador”, por lo que la denuncia quedó prescrita y la deuda del interesado con la Administración anulada.
►Retrasos en el ofimático. También se tramitó un expediente de queja por el retraso en una licencia provisional por parte del Instituto Galego de Vivenda e Solo a las casas erigidas por una cooperativa del parque ofimático. El problema se solucionó tras la intervención de la Valedora, pues, “con presteza” le notificaron a la entidad interesada la concesión de la cualificación provisional de viviendas de protección autonómica en régimen de cooperativa.
►Judicial. La oficina abrió una investigación, concluida positivamente, acerca de una demanda de ejecución de sentencia en el Juzgado de lo Social nº3 de la ciudad.
Una denuncia no admitida a trámite, por tratarse de un asunto de competencia judicial, fue la del robo de una escritura de un piso y venta de este. El inmueble estaba implicado en un procedimiento legal abierto en el juzgado de Instrucción nº 8 de A Coruña. Tampoco se admitió una denuncia sindical por falta de emisión de un informe de la Xunta de Galicia requerido por el Consejo General del Poder Judicial para la implantación de las guardias de 24 horas en los juzgados de instrucción de A Coruña y Vigo, “por no ser competencia de esta institución”, de acuerdo con el informe.
►Insalubridad. Un vecino coruñés presentó una denuncia por la situación de insalubridad de un inmueble de titularidad privada, quejándose de que, pese a que había enviado avisos al Concello, no se tomaban medidas. El Ayuntamiento constató deficiencias en la fachada y cubierta del inmueble e impuso una multa coercitiva al propietario, además de tramitar órdenes de ejecución para que se adopten medidas de seguridad. También solicitará un informe para comprobar si hay palomas e insectos. En otro caso, un vecino se quejó porque a su madre, en régimen de alquiler en una vivienda municipal, le entraba agua en el piso por el mal estado de la cubierta y unas averías en los paneles solares del edificio. Llamó al Ayuntamiento, puso una queja en la web municipal y presentó otra por registro sin que el Concello actuara. Tras la intervención de la Valedora, el Ayuntamiento realizó reparaciones.
►Otros. El Ayuntamiento planteó una duda a la Valedora como comisionada de transparencia, pues un interesado solicitó la identificación de las autoridades y trabajadores que intervinieron en el expediente de revisión de oficio de los acuerdos de Someso, y algunos funcionarios que intervinieron en el procedimiento expresaron su oposición a aparecer. Pero la respuesta de la Valedora no entra en si deben aceptarse estas alegaciones, pues el Ayuntamiento no concreta los motivos de la oposición de los funcionarios.
Por otra parte, un particular presentó una queja por desacuerdo con la tramitación del Bono Concilia en una escuela infantil municipal de la ciudad, pero no se tramitó debido a que la solicitud no se había hecho correctamente. Una investigación que sí resultó concluida positivamente tuvo que ver con la exigencia de un Número de Identidad de Extranjero (NIE) a un alumno con documento de registro de ciudadano de la Unión Europea, en una convocatoria extraordinaria de ayudas de la Universidade da Coruña por la pandemia, si bien el informe no da detalles del proceso.
