Mientras las calles de A Coruña se llenan de multitudes reclamando justicia para Samuel Luiz, otra familia coruñesa lleva dieciocho meses pidiendo que se aclare la muerte violenta de uno de los suyos. Diego Bello, un joven empresario coruñés establecido en Filipinas, fue abatido el 8 de enero de 2020 por la policía de ese país en una supuesta operación antidroga. Los agentes dijeron que les había sacado un arma. Sus allegados siempre han defendido que no tenía nada que ver con el narcotráfico, y Filipinas ha sido denunciada por varias organizaciones humanitarias por realizar ejecuciones extrajudiciales. Tanto el Congreso como el Parlamento gallego y el pleno coruñés han reclamado justicia, pero la familia denuncia que el país asiático lleva “año y medio ninguneando” estas demandas.

El tío del fallecido, Francisco Lafuente, señala que les consta que los agentes que dispararon “siguen trabajando y cobrando su sueldo”, y que el jefe que firmó el atestado continúa en su puesto, pese a que la Comisión de Exteriores del Congreso “aprobó unánimemente que se pidiera a Filipinas que aparte del cargo” a los implicados y les aplique la detención preventiva.

De acuerdo con una respuesta escrita del Gobierno al grupo del Partido Popular en el Congreso, fechada en pasado 16 de junio, las autoridades españolas han realizado “múltiples gestiones” para esclarecer la muerte del joven coruñés, y hay tres investigaciones abiertas. “No digo que el Gobierno español no esté trabajando” admite Lafuente, pero, al tiempo, indica que “los resultados hasta ahora son cero”.

Así, el Gobierno defiende que trabajan en el caso múltiples cargos y diplomáticos y que “el Ministerio de Asuntos Exteriores aprovecha todos los foros para reivindicar que prosigan las investigaciones”. Para Lafuente, esto indica que “o es muy mala la diplomacia o no se están tomando en serio su trabajo”. “No entiendo que se consienta que la policía filipina haya matado a un empresario español, que no haya presentado ninguna prueba de que fuese narcotraficante”, afirma, y considera que este resultado “es penoso que un Gobierno que presume y dice que los derechos humanos son un tema prioritario; yo me río. Aquí tienen una buena oportunidad de demostrarlo”.

Especialmente difícil para la familia es ver cómo, pese a que se hable de presiones diplomáticas, las relaciones entre ambos países transcurran con cordialidad. El pasado 30 de junio, señala Lafuente, fueron testigos de cómo la embajada española en el país asiático celebraba la amistad entre ambas naciones, y contemplaron cómo, hace poco, el embajador acudía a un acto por la expedición de Magallanes con el presidente Duterte, denunciado por las organizaciones de derechos humanos por impulsar ejecuciones extrajudiciales y animar a la policía a disparar a matar a sospechosos.

“¿Qué amistad tenemos que celebrar? Hay un muerto en el medio” denuncia el tío del fallecido, que indica que “es muy doloroso para una familia ver que tu Gobierno se va de comilona con Duterte”. También recuerda que “nosotros hemos hecho todo cuando estaba en nuestra mano para conseguir justicia, pero no somos nadie, somos una familia deshecha desde hace año y medio”.

Sobre el caso ha emitido un informe la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, en el que se señala que los agentes violaron los derechos de Diego y se considera “discutible” la afirmación de los policías de que lo mataron en defensa propia. Pero Lafuente señala que este órgano, no tiene carácter ejecutivo, y “está en manos del Defensor del Pueblo filipino solicitar al Gobierno que investigue. España lo ha pedido, y Filipinas ha hecho caso omiso” denuncia. El Gobierno de este país “hace lo que le da la gana” y, según indica Lafuente, “en 2018 se salieron de la Corte Penal Internacional”.

A mayores, recuerda que la autoproclamada guerra contra las drogas de Duterte ha acabado con la vida de miles de filipinos en circunstancias sospechosas, pero que Diego “que nosotros sepamos es el primer extranjero que se mata con este pretexto. Igual mañana se piensan que pueden matar a otro español”.