El Consultivo califica de “irregular” la concesión del Matadero Municipal desde su inicio en 1986

Esa resolución se produce al analizar la pretensión del Concello de cobrar a Carnicosa el canon de la concesión de los años 2015 a 2018 —que sumaba 1,05 millones de euros— en el que se pronuncia en contra del acuerdo que se proponía adoptar, que rechaza las alegaciones de la concesionaria al pago de esa cantidad con el argumento de que causaría su desequilibrio financiero. Los dictámenes de ese órgano son preceptivos para el Concello, que sin embargo no está obligado a aceptarlo, por lo que podría seguir intentando percibir esa cantidad.

Aunque el Consultivo entiende que la iniciativa del actual Gobierno local para el cobro del canon “parece pretender la regularización del servicio... para enmendar una situación irregular que viene sucediéndose desde hace décadas”, rechaza que sea a través del cobro del canon de 2015 a 2018 —los de años anteriores ya no pueden reclamarse— al considerar que no puede hacerse mediante la reinterpretación de los acuerdos plenarios tomados por el Concello años después de la adjudicación del contrato, que variaron las condiciones del mismo.

La primera modificación del contrato se llevó a cabo tan solo diez meses después de la firma del mismo, ya que en octubre de 1987 se acordó con Carnicosa compensar el pago del canon con el abono por la concesionaria de las obras necesarias en las instalaciones. La adjudicataria argumentó en el recurso que presentó este año contra el intento del Concello de cobrarle el canon de cuatro años que cuando el Matadero se construyó estaba “sobredimensionado” y no se adaptaba a los requisitos de la Unión Europea, lo que le obligó a realizar “grandes inversiones”.

Pero también hubo otras variaciones de la concesión en 1988, 1991 y 1994. Esta última es la que sigue vigente hoy en día y estableció que se compensaría el canon de los años 1992 y 1993, que era de 30,8 y 32,6 millones de pesetas respectivamente, con la justificación de los gastos realizados por la empresa, que sumaban 71,7 millones de pesetas. Para los años siguientes, el Concello previó que el canon se compensaría con los gastos “de inversión, adecuación y mantenimiento de las instalaciones”, además de los “necesarios para el funcionamiento de las instalaciones y capitalización de la empresa, y que sean causa de un desequilibrio financiero de los términos económicos de la concesión”.

Cuando el Concello comunicó a Carnicosa en 2019, ya con el PSOE en el Gobierno local, que le cobraría el canon de los cuatro años anteriores, la empresa presentó alegaciones en las que manifestó que esa iniciativa representaría un “incumplimiento de previos acuerdos de la Corporación” en especial el de 1994, y que supondría un absoluto desequilibrio financiero de la concesión”.

Pero el Concello las desestimó con el argumento de que la existencia de desequilibrio económico en la concesión solo puede aceptarse, según el contrato, si se ordena a la empresa introducir cambios que aumenten los costes o reduzcan sus ingresos, así como por “circunstancias sobrevenidas e imprevisibles” que causen “la ruptura de la economía de la concesión”.

Tras adoptar esa decisión el pasado abril, el Gobierno local remitió al Consello Consultivo de Galicia en junio la propuesta de acuerdo para exigir el cobro del canon, aunque el órgano ahora se pronuncia en contra de la fórmula utilizada.

El Concello incluyó en los presupuestos entre los años 2008 y 2015, unos ingresos por el canon que sumaban 1.498.114 euros, pero que nunca llegaron a cobrarse. Entre 2016 y 2019, durante el mandato municipal de Marea Atlántica, no figuró en los presupuestos ninguna cantidad como ingreso por la concesión del Matadero Municipal, mientras que en 2020 el Gobierno local socialista incorporó una previsión de ingreso de 1,05 millones, que correspondía al canon que no se cobró de 2015 a 2018.

Al ser consultados por este periódico sobre cómo se calculó esa cantidad, ni el Gobierno local ni Carnicosa aportaron una explicación. Esa misma observación la efectuó el interventor general en su informe sobre el presupuesto del año pasado al analizar esa previsión de ingreso, ya que dijo que se realizaba “sin que conozcamos cuál es el fundamento de cálculo y por qué ahora se consigna si no se hizo en años anteriores”.

El Partido Popular informó de que durante su etapa de gobierno solicitó una auditoría de la concesión de Carnicosa al surgir dudas sobre la necesidad de las inversiones con las que la empresa justificaba la exención del pago del canon. Ese informe no llegó a hacerse público durante el mandato del PP pese a que se encargó en 2015 y el actual Gobierno desconoce su existencia.

El dictamen del Consello Consultivo de Galicia no hace además ninguna referencia a ese documento, pero sí a un informe del interventor de 2007 sobre los cuatro primeros años de la concesión que aprecia “irregularidades en las facturas presentadas”, reparos por las compensaciones realizadas y la inexistencia de certificaciones de obras y su sustitución por fotocopias de facturas sin firma que no se consideraron válidas como justificantes de inversión. Tampoco constaba, según el interventor, la autorización previa y la aprobación del proyecto de las obras de reforma y mejora del Matadero por parte del Ayuntamiento.