El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso presentado por la UTE formada por las empresas FCC e Ingeser Atlántica contra una resolución del Tribunal Administrativo de Contratación de Galicia (Tacgal) de 2019 que invalidaba su adjudicación del contrato del servicio de recogida de la basura iniciado dos años antes. FCC había sido la ganadora del concurso por ser la firma con mejor valoración por delante de Copasa y Cespa. Estas empresas recurrieron por presuntas irregularidades de las rivales y el Tacgal anuló la elección de FCC y ordenó su salida del proceso, que se retomó al año siguiente y se resolvió a favor de Cespa Ferrovial.

Los magistrados del Superior sentencian que la resolución del Tacgal respecto a la anulación de la adjudicación de FCC es conforme a derecho, por lo que tumban su recurso. La empresa alegó contra el dictamen del tribunal de contratación que avaló el recurso de Copasa, que alertaba de que la oferta de FCC proponía unas parcelas en la carretera de San Pedro de Visma a Mazaído no viables urbanísticamente para la ubicación de las instalaciones exigidas en el concurso para la ejecución del servicio, al no tener la consideración de suelo urbano.

El Superior concluye que la empresa no acreditó la disponibilidad de las instalaciones en la forma exigida en los pliegos de la licitación mediante el título de propiedad “o cualquier otra figura jurídica”. “Habiéndose acreditado por los técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento la imposibilidad absoluta de ejecutar el proyecto de instalaciones ofertado por UTE FCC por su incompatibilidad insubsanable con el planeamiento y usos del suelo frente a la admisibilidad del uso propuesto en el caso del resto de los licitadores, procede su exclusión”, señala el fallo del TSXG.

El servicio de contenerización, recogida y transporte de la basura, que este año cumplió cuatro de actividad en precario, se adjudicó por segunda vez a finales de 2020 a Cespa, que es la concesionaria desde 2008. En febrero de este año, el Tacgal desestimó los recursos planteados por Copasa y Valoriza contra su exclusión del concurso y la adjudicación del contrato a Cespa. Esta resolución permitió al Gobierno local ultimar el proceso para la prestación del servicio en los próximos ocho años y por un precio de 11,5 millones en cada uno.