La ampliación del Hospital Universitario supondrá el derribo de 25 edificaciones, 20 de ellas de tipo residencial, así como la expropiación de al menos 30 parcelas, ya que las empresas a las que el Sergas propone adjudicar la redacción del proyecto no plantean ampliar ni reducir la afección que había previsto el organismo al convocar el concurso. Para la construcción de los nuevos edificios y aparcamientos habrá que demoler 19 construcciones, de las que 14 son viviendas, y expropiar 37.346 metros cuadrados, mientras que para abrir los nuevos accesos será necesario tirar las casas números 20, 22 y 24 de la avenida de Monelos, una de Curramontes y las números 14 y 16 de la calle Inés de Ben.
Pero las previsiones de la Xunta podrían afectar también “a largo plazo” a cuatro fincas de la calle Curramontes y a otras tres hoy ocupadas por el aparcamiento del hospital que suman 16.104 metros cuadrados. El Gobierno gallego estima que el coste de todas estas propiedades será de 32,1 millones.
El número de viviendas que resultarán afectadas por la construcción de los nuevos edificios y aparcamientos del hospital es uno de los aspectos que el jurado del concurso tuvo en cuenta a la hora de analizar las propuestas de las firmas de arquitectura participantes. La alianza entre la catalana Pinearq y las gallegas Vázquez Muiño y Monteoliva, previsible ganadora del concurso, no prevé ninguna demolición más de las que estimaba la administración autonómica, al igual que otra de las siete propuestas presentadas.
Otro de los trabajos solo proponía un derribo más, mientras que dos de ellos preveían el derribo de “más viviendas”, según el acta de la Mesa de Contratación, y otro “muchas viviendas más”. Sobre una de las propuestas no se hace referencia a la afección a las construcciones del entorno.
La ampliación del actual hospital o la construcción de uno nuevo en otro emplazamiento fue la primera decisión que tuvo que tomar la Xunta para responder a las necesidades asistenciales del área sanitaria de A Coruña. La apuesta por el aumento de tamaño del complejo existente se enfrenta al problema no solo del complicado relieve del terreno en el que se asienta, con una fuerte pendiente que desciende hacia la ría, sino también a la proliferación de viviendas en el entorno a lo largo de los casi sesenta años de historia del hospital.
La elección de la ampliación por parte del Gobierno gallego suscitó desde el primer momento el rechazo de los vecinos afectados, que no son únicamente los que residen en las viviendas más próximas, sino también los que tienen propiedades en los caminos de la zona de Eirís que se convertirán tras la reforma en nuevas vías de acceso al centro sanitario.
Los perjudicados se oponen al proyecto de la Xunta y defienden la construcción de un nuevo hospital en otro punto del municipio al considerar que la ampliación del actual generará grandes problemas de tráfico en la zona y que, además, también será negativo para los trabajadores y usuarios de las instalaciones existentes durante el desarrollo de las obras, que durarán varios años.
Las protestas llevadas a cabo por los residentes en el entorno del hospital, quienes se concentran ante el Palacio Municipal cada vez que se celebra un pleno de la Corporación y que el pasado día 4 se manifestaron por el centro de la ciudad, insisten en reclamar al Gobierno autonómico que dé marcha atrás en esta actuación, a pesar de que la adjudicación de la redacción del proyecto es inminente.
La presidenta de la asociación de vecinos de Eirís, Mónica Díaz, declaraba a este periódico la semana pasada que los afectados continuarán las movilizaciones porque están convencidos de que aún falta mucho tiempo para que comiencen las obras, ya que es posible que alguna de las empresas cuyo proyecto se descartó presente una reclamación y que también será necesario licitar los trabajos tras elaborarse el proyecto.
Una opción para continuar en el barrio
Los vecinos que se verán perjudicados por la ampliación del Hospital Universitario al tener que ser derribadas sus viviendas aún tienen una posibilidad de permanecer en la zona, ya que el proyecto de la Xunta incluye la posibilidad de que estas personas, en lugar de ser compensadas en metálico tras la valoración de sus propiedades, lo sean mediante la construcción de una nueva vivienda de las mismas características en el entorno. Esta compensación en especie haría posible que los ahora residentes en las parcelas más próximas al hospital mantuvieran su residencia en el lugar, pero esa iniciativa todavía tendrá que definirse durante la fase de expropiación. Para calcular el precio de las edificaciones afectadas se utilizará la tasación media de vivienda libre con más de cinco años de antigüedad, así como el precio medio del metro cuadrado de suelo urbano en la media provincial de municipios de más de 50.000 habitantes en los dos años anteriores que publica el Ministerio de Transportes. Pero la propia Xunta admite que en la valoración de viviendas y terrenos podrán tenerse en cuenta otros criterios que incrementen los precios de las propiedades que tendrán que ser adquiridas. Las seis edificaciones que tendrán que ser derribadas para construir los nuevos accesos han sido tasadas inicialmente en 954.065 euros, mientras que las fincas urbanas necesarias para ese mismo fin, que suman 9.201 metros cuadrados, fueron valoradas en casi 911.000 euros.
