Está previsto que la Sociedad Recreativa e Instructiva A Gaiteira sea desahuciada de su local en la avenida de Oza esta mañana por impago de alquiler, algo que la directiva asocia a la pérdida de ingresos por la pandemia, pero sobre la asociación pende una amenaza económica de mayor calado. La Diputación le reclama, de acuerdo con el presidente de la asociación, Francisco Blanco, el pago de 9.000 euros derivados de una subvención presuntamente mal empleada en tiempos de la anterior directiva. Además de la suma, la reclamación les supone que no pueden optar a ayudas de otras Administraciones.
Blanco señala que la subvención recibida fue mucho menor, “de unos 3.400 euros” y que se empleó para realizar un baño en tiempos de la anterior directiva. Sin embargo, un auditor de la entidad provincial entendió que había irregularidades en las facturas, y la Diputación les reclamó su devolución y una multa. Con esta adición, la suma ascendía a unos 8.000 euros, y los intereses hicieron subir la cifra hasta unos 9.000. La Diputación, consultada ayer por este diario sobre este asunto, no confirmó la existencia de esta deuda ni su montante, aunque sí lo hizo el Concello.
Así, la alcaldesa Inés Rey señaló ayer que la situación de la sociedad recreativa es “complicada”, pero que el Ayuntamiento no puede hacer nada porque la deuda con la entidad provincial les impide concederle subvenciones. Fuentes municipales señalan que sería “ilegal” tanto conceder una ayuda directa como pagar el local en su lugar. Sin embargo, añaden que “ha habido muchas reuniones” entre el Concello y A Gaiteira para buscar una solución, si bien sin éxito.
Blanco afirma que no desconfía de la intención del Ayuntamiento de ayudarles, pero indica que por esta imposibilidad dejaron de recibir en 2020 las ayudas municipales que percibían en años anteriores. Esto perjudicó incluso más las cuentas de la asociación, que no tiene capacidad de pagar la deuda con la entidad provincial ni con los propietarios que los desahucian. Aunque el presidente puntualiza que “me gustaría que quedara claro que no tenemos ningún tipo de rencor contra los dueños, tienen derecho a cobrar”.
La asociación intentó solucionar el problema acudiendo a los tribunales. Denunció al anterior presidente (ya fallecido) , pero, según Blanco, debido al criterio del fiscal el asunto no se llegó a juzgar, y cuando interpusieron un recurso también fue desestimado. “No somos capaces de entenderlo” señala el presidente, refiriéndose a lo que considera que han sido diferentes criterios entre la Justicia y la Administración provincial. “Se hace duro que esto se haga a una sociedad sin ánimo de lucro, declarada de interés público, en la que no somos vendedores de nada que deje beneficio”, lamenta.
Blanco también señala que los actuales dirigentes de la asociación ”no tenemos culpa, ninguno estábamos en la junta directiva” que cometió las presuntas irregularidades. Así, indica que la asociación colaboró con el auditor de la Diputación de buena fe, proporcionándole todos los documentos que requería.
Ahora se muestra dispuesto a seguir reclamando ante la entidad provincial, buscando una renegociación de la deuda que les permita seguir funcionando e indicándole que las presuntas irregularidades se produjeron en “circunstancias que ya no se pueden averiguar”, por el fallecimiento del anterior presidente. Pero descarta una idea que algunas personas le han propuesto: cerrar la sociedad y refundar una diferente, libre de la deuda. Le parecería “un fraude”. “Me daría mucha pena que la sociedad desaparezca por un engaño”, resume.
La asociación realizó una manifestación a las 20.00 horas de ayer frente a su sede, tratando de recaudar fondos para evitar el cierre. Los orígenes de la entidad, según un documento que posee Blanco, datan de 1955, y, aunque los fundadores ya han fallecido, durante estas décadas ha permitido a generaciones de nuevos socios realizar actividades culturales y recreativas. “Le coges cariño” explica Blanco “si no no nos metíamos en estas historias”.
