El Puerto considera que Cuentas confirma “la adecuada gestión” de las obras de Langosteira

La Fiscalía de Cuentas consideraba a los demandados como responsables de perjudicar a las actas públicas por pagos realizados a una empresa auxiliar a cambio de un trabajo que, para los responsables de este órgano, desempeñaba el propio personal del Puerto. Por ello consideraba que debían pagar solidariamente 544.500 euros, pero según señaló ayer LA OPINIÓN, el Tribunal considera que la empresa cobró por realizar un trabajo efectivo, y que, aunque no hubiera sido, así, la responsabilidad no sería de los acusados. La sentencia deja, según el Puerto “completamente constatada” la “honestidad” y “perfecto desempeño profesional” de los dos demandados.

La Autoridad Portuaria destaca que los profesionales desempeñaron su trabajo de manera “totalmente correcta” y celebra el fin del proceso, iniciado en 2019, pues durante estos dos años, señala el Puerto, “ha causado perjuicio a las dos personas afectadas” . Además, considera que la desestimación de la demanda acredita que hubo un desempeño correcto de la propia entidad. El ex presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Losada, declinó hacer declaraciones a este diario.

El origen de la demanda reside en un contrato de 2005 entre la Autoridad Portuaria y la UTE Langosteira Supervisión, y en su modificación posterior en 2007, antes de que Losada fuese presidente. Según el acuerdo original, la empresa daría asistencia técnica a las obras de las nuevas instalaciones de punta Langosteira, que dirigía el otro cargo encausado. En 2007, tras un informe de Puertos que consideraba que sería necesario incorporar a un experto en ejecución de obras marítimas, la Autoridad Portuaria, dirigida entonces por Macario Fernández Alonso, lo contrató a través de la UTE, cambiando el acuerdo con la empresa. Entre marzo y diciembre de ese año este experto firmó las certificaciones de obra; en 2008 volvió a hacerlo el cargo encausado. El informe de la Fiscalía señala que esto fue así porque aparecieron “críticas en la prensa local sobre la contratación externa del director de obra”, en alusión a las informaciones publicadas en LA OPINIÓN estos meses. En 2009 Losada se convirtió en presidente, y la situación siguió así hasta que la UTE acabó el contrato en diciembre de 2011.

El ex edil socialista José Manuel Sánchez Penas interpuso una demanda contra Enrique Losada, afirmando que, bajo su dirección, el Puerto había pagado a la UTE por realizar una dirección facultativa de obras que desempeñaban técnicos de la propia institución.

La Fiscalía de Cuentas recogió esta argumentación, afirmando que la modificación del contrato no había añadido prestaciones a las que prestaba la UTE pese a que se le pagase más y, además, considerando que se causaba “un perjuicio” a las arcas públicas a partir de enero de 2008, ya que la empresa no dirigía las obras pero seguía cobrando como si lo hice 16.500 euros al mes (la Autoridad Portuaria señalaba que “en todo caso” esto “suponía el 0,16% de la inversión destinada a la nueva dársena”).

El fiscal consideraba prescritos los pagos anteriores a junio de 2009 (lo que excluía, por tanto, encausar a Fernández Alonso), pero responsabilizaba del quebranto económico a Enrique Losada (que era el ordenaba que se efectuasen los pagos del contrato modificado) y al director de obras (que firmaba las certificaciones mensuales según las cuales la UTE realizaba las actividades previstas en el contrato).

Sin embargo, el Tribunal de Cuentas, tras examinar documentación e interrogar a testigos de la Autoridad Portuaria, Puertos del Estado y empresas de la UTE, desestima esta argumentación. Considera que la modificación del contrato añadió prestaciones efectivas, y que “las funciones que tenía atribuidas el director de obras en esos trabajos de nuevas instalaciones de punta Langosteira necesitaban de colaboración y asistencia” que prestaba el experto contratado, un “ingeniero experimentado”. Considera irrelevante que los certificados de obra fuesen firmados por el alto cargo del Puerto o el ingeniero externo en uno u otro periodo, ya que es un “dato meramente formal” que no cambiaba sus funciones.

La Fiscalía había planteado que si este cargo era necesario debería haberse contratado directamente a través de la Autoridad Portuaria. Pero el Tribunal afirma que eso “carece de trascendencia”, puesto que en el procedimiento se estudiaba un posible menoscabo a los fondos públicos, y, que la otra fórmula fuese más o menos barata no permite exigir responsabilidad contable.

Además, el Tribunal afirmaba que, incluso si hubiese habido un caso de perjuicio contra las arcas públicas, la responsabilidad no hubiese podido recaer en los demandados. En lo tocante a Enrique Losada, porque estaba cumpliendo lo establecido en un contrato firmado antes de que fuese presidente, con lo que hubiese cometido una ilegalidad si no hubiese autorizado los pagos. En lo relativo al cargo responsable de las obras, afirma que solo podría atribuírsele responsabilidad si hubiese “certificado trabajos no realizados o trabajos diferentes a los contratados”, y eso no ocurrió.

El demandante ve “justificada” su acusación

El responsable de la acusación particular, el ex concejal socialista José Manuel Sánchez Penas, señaló ayer que considera que “la acción popular queda legitimada” por el Tribunal, ya que, aunque considera que los acusados no tuvieron una conducta merecedora de sanción, no impuso costas a la parte demandante, esto es, no la cargó con los gastos del juicio. Con esto se refiere a que el Tribunal les hubiese obligado a pagar si considerase que la demanda era espúrea o malintencionada, mientras que, si no lo hace, es porque entiende que se interpuso con indicios suficientes para investigar. Algo que también entendió la Fiscalía, que asumió los argumentos de la demanda.