El Concello negocia con el Estado la “flexibilidad” del pago de los 1,2 millones por la antigua prisión

Actualmente, según confirmó ayer la alcaldesa, Inés Rey, ambas instituciones se encuentran en proceso de negociación para “flexibilizar” el abono de esos 1,2 millones de euros, una palabra que, según la regidora, englobaría desde una quita en la cantidad a abonar hasta que se haga en plazos que no supongan “una merma en la estabilidad financiera” del Ayuntamiento.

A preguntas de este diario, Rey aseguró ayer que las conversaciones las están manteniendo con la propietaria del inmueble, y no con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, tal y como había revelado en enero, en respuesta a una pregunta escrita formulada al Pleno por el BNG. Para entonces, pretendía llegar a un acuerdo con el Estado a través de Memoria Democrática no solo para recuperar el edificio y que fuese de titularidad municipal sino también para afrontar su rehabilitación. Que se involucrase esta institución podría definir también los futuros usos del edificio, otra de las cuentas pendientes con el inmueble.

La alcaldesa apostó ayer por la prudencia a la hora de hablar de la necesaria reforma del inmueble que, hace unos días sufrió un incendio en una de las habitaciones, en la que se apilaban viejos colchones, que hizo encender, de nuevo, las alarmas sobre el mal estado del inmueble.

Y es que, a pesar de que la propietaria es la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) y tiene la obligación de mantener en buenas condiciones el edificio, este departamento nunca se ha mostrado interesado en invertir en la conservación del inmueble, que se encuentra, cada vez, más deteriorado, por el paso de los años y la falta de mantenimiento, tanto, que ha dejado imágenes como el tejado cubierto de vegetación y los cristales rotos.

Rey aseguró ayer que, hasta que el Estado no transfiera el edificio al Concello, el Gobierno local no puede realizar obras de rehabilitación, por lo que, considera que, primero, han de llegar un acuerdo sobre la titularidad del inmueble y la “deuda” que tiene que saldar el Concello para poder avanzar en la tramitación y que, una vez solucionado este escollo, podrán hablar de obras. En un informe realizado por el Gobierno local, la inversión necesaria para salvar el edificio asciende a unos 30 millones de euros. Por ahora, el Concello carece de un plan director que rija las actuaciones de los próximos años en la antigua prisión provincial, así como de una partida económica en los presupuestos para hacer frente a los 1,2 millones de euros que le pertenecen al Estado por revertir la titularidad del inmueble en favor del Concello. En Pleno, la Corporación acordó no solo redactar ese plan director sino también, con él en la mano, solicitar a la Xunta que el inmueble sea Bien de Interés Cultural, para aumentar su protección y evitar, de este modo,

El BNG pregunta sobre sancionar al Estado por falta de inversión

La concejala del BNG, Avia Veira, ha registrado una pregunta escrita al Pleno para saber si el Gobierno local tiene la intención de emprender acciones sancionadoras contra el Estado por incumplir su obligación de mantener el inmueble y de evitar su deterioro. “Este abandono pone en riesgo que uno de los pocos ejemplares en pie de la arquitectura penitenciaria panóptica pueda cumplir un siglo de vida”, denuncia Veira. El BNG preguntará al Gobierno local si le va a exigir al Estado que haga una inspección sobre el estado del inmueble con el objetivo de evitar nuevos incendios o accidentes que puedan ser perjudiciales tanto para los vecinos como para el propio inmueble. El BNG defiende que la antigua prisión provincial sea cedida al Concello sin que medie el pago de la indemnización, aunque eso solo podría suceder si el Ayuntamiento llega a un acuerdo con la propietaria del inmueble, ya que los tribunales ya confirmaron la validez del convenio firmado en 2005, en el que el Concello se comprometía al pago de 1,2 millones si el edificio dejaba de ser una prisión y la parcela volvía a formar parte del patrimonio municipal. El BNG denuncia que no se está cumpliendo el texto de la moción aprobado por unanimidad, en el que la Corporación municipal solicitaba al Estado que cumpliese con sus obligaciones de mantener el edificio en buen estado y, en caso de que se negase, iniciar procedimientos sancionadores por este incumplimiento, ya que, actualmente, el edificio supone “una amenaza para la seguridad”.