La Fiscalía y las acusaciones particulares y la popular personadas en el caso del crimen de Samuel Luiz solicitaron ayer que los cuatro detenidos mayores de edad sean investigados por asesinato y no por homicidio. Son tres varones, que están en prisión provisional comunicada y sin fianza desde el 9 de julio, y una chica —pareja de uno de los encarcelados— que está en libertad, pero con la obligación de comparecer en el Juzgado, también desde el 9 de julio.

Para el cuarto detenido, el adulto que se llevó presuntamente el móvil de Samuel del lugar de los hechos, el Ministerio fiscal solicita además robo con violencia y no apropiación indebida —los investigadores del caso, basándose en las pruebas, daban por acreditado que el joven había recogido el móvil del suelo, por lo que se habría apropiado de un objeto perdido—. El Ministerio fiscal solicitó, además, que las lesiones ocasionadas a Ibrahima —el hombre senegalés que protegió con su cuerpo a Samuel desde que se dio cuenta de que le estaban pegando, hasta el final, cuando el grupo se disolvió— sean juzgadas en un procedimiento independiente, al margen del de la muerte de Samuel, ya que la magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña, emitió un auto para transformar el procedimiento y para que siga los cauces de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado para que sea un tribunal popular el que enjuicie el caso.

Las acusaciones particulares, ejercidas por la familia del fallecido y también por Ibrahima y la acusación popular, representada por la Asociación para a Liberdade Afectiva e Sexual (ALAS Coruña), se adhirieron ayer a las peticiones de la Fiscalía.

La defensa de la chica, ejercida por el abogado Luciano Prado, la única que está en libertad de los seis detenidos —hay también dos menores, que ingresaron en un centro de internamiento el 9 de julio— comentó ayer en declaraciones a este diario, que la petición de que su patrocinada sea investigada por asesinato le parece “desproporcionada”, ya que considera que, en el sumario, no hay “ningún elemento” que la involucre en la paliza mortal a Samuel.

Finaliza la vista de los acusados por el crimen de Samuel G. M.

“Estaba allí, como también estaba otra gente, pero no hizo nada, ni por acción ni por omisión”, relató Prado, tras la vista a la que la instructora citó a las partes ayer. En ella, les comunicó su decisión de transformar el procedimiento “debido al tipo de delito que se les imputa a los investigados, —que será homicidio o asesinato, una calificación que se definirá a lo largo de la instrucción— y para, en cumplimiento del artículo 25 de la ley del jurado, darles audiencia para que solicitasen más diligencias o pidiesen que se archive la causa contra sus representados.

A pesar del levantamiento del sumario y de que se haya producido esta vista, la instrucción sigue abierta y los investigadores no han cerrado todavía el caso, hasta el punto de que el comisario jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial, Pedro Ramón Agudo, reiteró este lunes, al informar de cómo se habían desarrollado las pesquisas, que los agentes no descartan que se produzcan más detenciones en el futuro.

Los agentes esperan que, a principios de septiembre, puedan llegar los análisis de ADN que solicitaron del pantalón de Samuel, en el que aparecen rastros genéticos de cuatro personas diferentes, que no coinciden con los de los dos primeros detenidos (ambos mayores de edad y en prisión provisional comunicada y sin fianza): el chico que increpó a Samuel por estar haciendo una videollamada con su amiga Lina, en el andén de Riazor, y que estaba acompañado por su novia; y su amigo, que salió del pub El Andén con una botella entre la ropa y que hizo —según consta en el sumario— un mataleón a Samuel, agarrándolo por el cuello desde atrás hasta que se cayó al suelo, para darle, a continuación, puñetazos en la cara junto al primer detenido.

Los investigadores cuentan también con extraer más información sobre los hechos del volcado de los teléfonos móviles de los detenidos, ya que tienen autorización para hacer una copia de todo su contenido, incluidos los mensajes que borraron de las aplicaciones antes de hacer entrega de sus dispositivos.

Para los investigadores es importante no solo cuál fue su papel en la pelea mortal, sino también qué hicieron después, ya que les consta que mantuvieron dos reuniones tras la paliza. La primera, para jactarse de lo que habían hecho, una hora y media después de los hechos, según declararon testigos presenciales —ya que se desarrolló en un parque público en el que había más gente— y, la segunda, sobre las seis de la mañana, pasadas tres horas de la agresión. Los investigadores creen que pudieron quedar para deshacerse de pruebas que les incriminasen, aunque carecen de testificales todavía que revelen el contenido de esa charla.

Las partes solicitaron ayer a la jueza que se practiquen más diligencias para completar la investigación, como que se amplíe el informe del forense y también que se complementen los análisis de los cristales de la botella que, según los investigadores, los agresores usaron para pegar a Samuel. Pidieron, además, que algunos de los testigos que ya han declarado, lo vuelvan a hacer, pero ante los abogados de las partes, para que estos puedan intervenir, y que se cite a otras personas para que den su testimonio.

Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia informaron ayer de que la instructora del caso emitirá “en los próximos días” una resolución sobre si procede la práctica de las diligencias solicitadas por las partes y también sobre si continúa el procedimiento o lo sobresee.

Para que la muerte sea tipificada como asesinato tiene que concurrir alguna de estas circunstancias: alevosía, ensañamiento o bien que el crimen se hubiese producido por un precio o a cambio de una recompensa, que tienen que ser probadas en sede judicial. Las penas por homicidio alcanzan hasta los quince años de prisión y las de asesinato pueden llegar a los 25.

“Víctima de la homofobia”, para ALAS Coruña

La Asociación pola Liberdade Afectiva e Sexual (ALAS Coruña) que ejerce la acusación popular, señaló ayer en un comunicado que se persona en el procedimiento “para probar que Samuel es una víctima de la homofobia y para que se pruebe en sede judicial la existencia de un delito de odio”. Preguntada la Fiscalía sobre si solicitó que se refleje este extremo en la imputación de todos o de algunos de los detenidos, aseguró que, por ahora, “es pronto” para incluir ese agravante, aunque no lo descarta.

La presidenta de ALAS Coruña, Ana G. Fernández, defiende que “nadie debería morir apaleado al grito de maricón de mierda” y también que, con su personación en el caso, la entidad no busca “venganza ni castigo” sino garantizar los derechos del colectivo LGBT.