La Xunta solicitará “hoy por la mañana” al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que autorice que los locales de hostelería —ubicados en concellos en nivel máximo y alto de restricciones— estén obligados a pedirles a sus clientes que les muestren un certificado de haber pasado el coronavirus, de estar vacunados o una prueba reciente con resultado negativo para poder consumir en el interior de sus negocios. Es la respuesta del Gobierno gallego a los autos hechos públicos ayer por el Alto Tribunal, en los que decretaba que esta obligación no estaba en vigor, ya que la Xunta no había remitido a los magistrados la orden del 22 de julio, en la que establecía esta medida, para su ratificación.
La Xunta aclaró ayer que solicitará el aval del Superior hoy por la mañana para conseguir el criterio del tribunal “de forma inmediata” y que será de aplicación en toda Galicia. Para los concellos que estén en nivel medio y medio-bajo, la obligación de pedir el certificado se extenderá a los locales de ocio nocturno, ya que es este salvoconducto el que les permite abrir. En el resto de niveles, la actividad de discotecas y salas análogas está cerrada.
Los hosteleros de A Coruña consideraban ayer “un alivio” que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anunciase que la medida no estaba en vigor, aunque la respuesta de la Xunta les deja en el mismo punto en el que estaban: la incertidumbre.
El presidente de la Asociación de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, considera que son los tribunales los que, en este caso, “están poniendo un poco de cordura”, al entender que a los hosteleros se les estaba “cargando” con una “responsabilidad más que no era suya”, como la de pedir datos sanitarios a sus clientes para poder servirles en el interior de sus negocios. Cañete, que habla en nombre del sector, cree que, a pesar de que se les libere de esta tarea —con la que no estaban de acuerdo—, las medidas de la Xunta no están ayudando a la recuperación, ya que, aparejada a esa prohibición de servir en el interior a los no inmunizados, está la de reducir los aforos al 50% tanto dentro como en las terrazas.
“Nosotros no estábamos conformes con esta medida, pero la acatamos, como cumplimos la de limpiar las sillas y las mesas antes de que se sienten nuevos clientes, cuando eso no se hace en otros sectores, pero lo que no puede ser es que nos reduzcan los aforos al 50% en la terraza cuando ya se puede andar sin mascarilla en el exterior si se cumplen las distancias”, relata Cañete, que aboga por que la estrategia para la hostelería sea decidida por el Gobierno central y no por las comunidades autónomas, ya que se producen variaciones muy importantes entre territorios.
“Se culpabiliza a la hostelería de los contagios. Se centraron en poner esas restricciones en la hostelería y no en los centros comerciales o en el transporte público”, lamenta Xabi Barral, de la plataforma Shostelería que, preguntado por este diario, poco después de que se hiciese pública la resolución del Superior, se mostraba “desconcertado”, como muchos de sus compañeros porque no sabía “qué hacer con las comidas del mediodía”, si tenía que solicitar el certificado, si podía dejar pasar a jóvenes no vacunados o si tendría que esperar a que, como en otras ocasiones, la Xunta publicase la nueva norma en el Diario Oficial de Galicia para tener bien claro qué podía o no podía hacer. La situación no mejoró con el paso de las horas, ya que la Xunta hizo pública su postura pasadas las ocho de la tarde.
Los magistrados explican en dos autos —notificados ayer— que la Xunta no remitió al alto tribunal la orden de 22 de julio que contenía el requerimiento de presentar el certificado COVID-19 en establecimientos de hostelería y restauración y que “este anómalo proceder por parte de la Xunta indujo a confusión”. Desde que el Gobierno gallego anunció que los bares, restaurantes y discotecas —las que podían mantener su actividad según las restricciones— tenían que solicitar este salvoconducto a los clientes para poder consumir en el interior, los hosteleros se han mostrado en contra de la medida.
“Nuestros clientes nos hacían saber que les incomodaba enseñarnos esos datos sanitarios”, comenta Cañete, que ya se esperaba una resolución en este sentido, ya que considera que vulnera derechos fundamentales.
Los magistrados explican también que en la resolución emitida la semana pasada en la que denegaron la medida cautelarísima solicitada por la Asociación de Empresarios Lugo Monumental para que se suspendiese la obligación de presentar el certificado “no se hizo mención alguna a las razones que se exponen en los presentes autos, al dar por sentado que las medidas cuya suspensión se instaba habían sido sometidas a previa autorización por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia”, comentan.
En el auto emitido el 6 de agosto, según aclaran fuentes del Superior, los jueces no avalaron el requerimiento impuesto por el Gobierno gallego, sino que se continuase la tramitación para que la Xunta tuviese posibilidad de justificar la adopción de esta medida frente al recurso interpuesto por los hosteleros y que sería a partir de entonces cuando los magistrados decidirían sobre si era procedente o no.
La Xunta entiende que la medida no afecta a derechos fundamentales y considera que la exigencia de este certificado COVID “permitió la apertura de los interiores de la hostelería y restauración en situaciones en las que antes estaban cerrados, así como del ocio nocturno, en circunstancias en las que antes estaba suspendida” y entiende que “la exigencia de certificados es, en todo caso, una medida alternativa menos gravosa que el cierre de estas actividades”.
BNG y PSdeG tildan de “chapuza” la gestión de la medida
El BNG acusa a la Xunta de causar con sus “improvisadas” restricciones “más estragos que el propio virus” en el sector de la hostelería después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dejase sin efecto la obligatoriedad de presentar el certificado COVID para acceder a negocios de hostelería. El diputado del BNG Ramón Fernández avanzó ayer que su grupo demandará en la Diputación Permanente del Parlamento gallego la comparecencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para que ofrezca explicaciones al respecto. Para el parlamentario nacionalista, la decisión del TSXG evidencia la “chapuza” de la exigencia de presentación de este salvoconducto para poder acceder a los negocios de hostelería y que da “la razón a las voces” que denuncian que la Xunta “sigue en la más indignante improvisación, falta de sensibilidad y empatía” con el sector de la hostelería después de año y medio de pandemia. El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, se manifestó ayer en la misma línea tras conocer la decisión del Superior: “Los jueces dicen que Galicia tiene un gobierno de chapuza, que se salta los derechos fundamentales de la ciudadanía sin pedir autorización judicial”. “Necesitamos un Gobierno que no cree problemas, sino que los solucione y que no juegue con un sector como el de la hostelería, que lo está pasando tan mal”, añadió Caballero.
