La conselleira do Mar, Rosa Quintana, pidió ayer “máxima agilidad” al Estado para que resuelva el recurso presentado por una empresa contra la decisión de adjudicar la obra de dragado de la ría de O Burgo a la unión temporal encabezada por Acciona, para que se puedan iniciar los trabajos cuanto antes. Ya que, tal y como recordó ayer la conselleira y adelantó este diario, si las obras no se inician este año, el Ministerio para la Transición Ecológica perdería la financiación europea y también tendría que reiniciar la Declaración de Impacto Ambiental, ya que este documento tiene una vigencia de cinco años y fue aprobado en septiembre de 2017.

Quintana, a preguntas de este diario, recordó que, a pesar de que la Xunta se había mostrado partidaria de cofinanciar un sistema de ayudas para los mariscadores, que no podrán faenar durante los 26 meses que duren las obras, considera que es el Ministerio para la Transición Ecológica quien debe hacer frente a estas compensaciones, como promotor de la obra. Hizo referencia, además, a un estudio encargado por la Xunta a un catedrático de Derecho Administrativo que concluye que las ayudas debe pagarlas el Estado. El Ministerio defiende que tiene que pagar la Xunta porque es la que tiene las competencias en marisqueo.