El acuerdo al que el Ayuntamiento, la Xunta y la Autoridad Portuaria llegaron la semana pasada por la compra de los muelles de Batería y Calvo Sotelo para desarrollar de manera conjunta la fase inicial de la reordenación de la fachada marítima compromete a cada administración con distintos desembolsos. Según el planteamiento aceptado que plasmará un protocolo y posteriormente un convenio, promovido por el Concello y avanzado en julio pasado por la alcaldesa, Inés Rey, la administración local pagará 19,8 millones de euros por el 75% de ese suelo portuario, de titularidad pública, al tomar como referencia para establecer el precio de venta las tasaciones realizadas sobre esos muelles. La Xunta asume la compra del 20% y el Puerto será el titular del 5% restante, por lo que abonarán respectivamente 5,28 y 1,32 millones. La suma total, 26,4 millones de euros, cubre solo el 13,2% de la deuda que la Autoridad Portuaria tiene contraída con Puertos del Estado por la construcción de la dársena exterior en punta Langosteira.

Las aportaciones económicas de cada administración supondrán una inyección con la que responder al compromiso del Puerto con el organismo estatal, al que la entidad coruñesa aún no ha comenzado a pagar las cuotas anuales del crédito de 200 millones, sino solo los intereses, que alcanzan la cifra de 39,5 millones de euros al cierre del ejercicio 2020. El Puerto tiene que amortizar además otro préstamo, el del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por valor de 130 millones, de los que ha devuelto casi 30.

Tras el acuerdo expresado de palabra el viernes, las cantidades que el Concello, la Xunta y el Puerto abonarían para repartirse la titularidad de Batería y Calvo Sotelo se habrán de definir en próximos encuentros, tanto de carácter político como técnico, previstos para la primera mitad de septiembre. También precisan concretarse otros aspectos relacionados con la constitución de órganos o entes públicos a través de los que se canalizaría la vinculación entre administraciones para llevar a cabo la transformación del borde litoral y la conexión ferroviaria a punta Langosteira.

Queda además otro aspecto pendiente referido a las obligaciones financieras del Puerto: la forma en la que asumirá anualmente la deuda con Puertos del Estado, con quien trata de rebajar las cuotas de amortización del crédito de 200 millones que debería empezar a pagar este año. No se trata de una moratoria, como se anunció el pasado 23 de febrero en la cita entre administraciones en A Coruña promovida por el Concello, sino de “suavizar los pagos” durante los próximos 14 años, los primeros tras el período de carencia del préstamo.

Los casi 20 millones que pagará el Concello son la misma cantidad que pretendía abonar la Xunta por adquirir los muelles del centro de la ciudad, aunque con un porcentaje de titularidad menor, del 51%. Esta propuesta fue rechazada por el Gobierno local, que se sumó a la puja en julio pasado tras reiterar que Batería y Calvo Sotelo no estaban en venta. El Ejecutivo gallego renunció a su planteamiento y aceptó la iniciativa municipal, aunque falta por cerrar de qué manera cada administración, como titular de los muelles, invertirá en las obras de urbanización en los terrenos.

En este aspecto hay diferencias, aunque como han resaltado las partes, no serán un impedimento para ratificar el acuerdo. La Xunta defiende que el gasto de cada administración en la urbanización ha de ser proporcional a su cuota de titularidad, postura que el edil de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, cuestiona, al apuntar que no tiene por qué existir una relación directa entre los porcentajes de cada una y el importe de financiación de las obras en el muelle de Batería, por el que empezaría la reordenación. La propuesta municipal apuesta por que la Xunta abone una cantidad mayor (5,07 millones) que el Concello (600.000 euros) y que el Puerto (595.000 euros).

Marea Atlántica criticó estos días que la cobertura de lo que cada administración acordó pagar por la compra de los muelles cubre un porcentaje muy bajo de la deuda portuaria por Langosteira, para la que demanda su condonación. El Concello ha insistido en que defiende también esa liberación y la alcaldesa desligó el endeudamiento de la operación de compra de los muelles, con la que, asegura, el Gobierno local quiere “garantizar su titularidad pública”.