El Gobierno local apela a la necesidad de mantener titularidad pública como justificación de la operación de compra de parte de los muelles de Batería y Calvo Sotelo, para los que pagará, según el acuerdo alcanzado la semana pasada, por el 75% del suelo frente al 20% de la Xunta y el 5% de la Autoridad Portuaria. Nadie en la Corporación municipal cuestiona que ese suelo público esté en manos de una administración, aunque sí critican la mayoría de los grupos de la oposición que con este desembolso “por terrenos que ya son públicos” el Ejecutivo de Inés Rey entierre cualquier vía para conseguir la condonación de la deuda de 200 millones de euros con Puertos del Estado que pesa sobre el Puerto por la construcción de la dársena de punta Langosteira.

La alcaldesa hace más de un mes y el portavoz municipal ayer han asegurado que el Concello reclama la condonación de la deuda y que no ha renunciado a ella pero sostienen que hay que seguir dando pasos. El Ejecutivo está dispuesto a que las arcas municipales abonen unos 20 millones de euros —la Xunta prevé pagar 5,28 millones y la Puerto 1,32— por activos portuarios con los que el Estado hará caja para amortizar el préstamo de 200 millones al Puerto.

“La ciudad insistirá en que se condone la deuda”, recalcó ayer el portavoz, José Manuel Lage, en una entrevista en Radio Coruña, a la que remitió el Gobierno local. “Reclamamos esa condonación porque A Coruña quiere un trato justo, pero no dejamos de trabajar en una dirección que ya hemos tomado. Las demás administraciones aceptaron nuestra propuesta para los muelles. Eso quiere decir que fue la propuesta más adecuada. Y eso supondrá abrir el puerto a la ciudad porque su futuro se decide en A Coruña y hay que hablarlo entre todos”, comentó Lage, que evitó explicar si en reunión del viernes pasado entre el Concello, la Xunta y el Puerto se hizo el cálculo del dinero que aún faltaría por abonar para saldar la deuda con Puertos del Estado.

“No anticipemos acontecimientos. Este será un proceso largo y laborioso. De momento hay un grado de coincidencia muy alto entre todos por garantizar la titularidad de los terrenos portuarios. Se trata de defender la titularidad pública, que es lo más significativo y se buscó un entendimiento en ello”, añadió el portavoz municipal.

Lage hizo alusión a que el Puerto, tras las conversaciones entre administraciones iniciadas en febrero pasado, ha conseguido “retrasar parte del crédito” estatal hasta el año 2035. En realidad no se trata de una moratoria, sino de una negociación para “suavizar los pagos” del préstamo, según aclaró la Autoridad Portuaria meses después. De hecho, Puertos ha accedido a aliviar la cantidad de los pagos pendientes si hay acuerdo para obtener ingresos por Batería y Calvo Sotelo, como así sería si se culmina la operación pactada.

Oposición

En la oposición municipal Marea Atlántica y BNG son contrarios al gasto del Concello en suelo público y el PP reclama explicaciones y documentación respecto a la operación, después de que el Concello rechazase comprar los muelles cuando lo propuso la Xunta y meses después efectuase su propia oferta. Los grupos coinciden en exigir al Estado la condonación de la deuda del Puerto, a quien ven como víctima de discriminación por el perdón de la administración central a la deuda del Puerto de Valencia por la Copa América de vela y las carreras de Fórmula 1. La oposición pide al Gobierno local que ejerza más “presión política” en esa interlocución con el Estado.