El Concello no tiene abierto ningún expediente para sancionar a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), titular de la antigua prisión provincial, por el estado de abandono en el que se encuentra el edificio. A preguntas de este diario, la alcaldesa, Inés Rey, aseguró ayer que el Gobierno local está en negociaciones con la propietaria del edificio para definir el traspaso de la titularidad del inmueble, toda vez que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dictaminó a finales del año pasado que el Concello tendría que pagar 1,2 millones de euros a la propietaria en caso de que quisiese incorporar este inmueble al patrimonio municipal.
“Se está trabajando en una solución para esas cantidades que tiene que abonar el Concello y cuando exista alguna novedad será comunicada. No existe ningún expediente sancionador en este momento”, respondió ayer Rey, ya que hace unas semanas anunció que el Gobierno local estaba en plena negociación con el Ministerio del Interior para “flexibilizar” el pago de la compensación económica a la que la entidad estatal tiene derecho por deshacerse de la antigua prisión provincial.
Sobre cómo van esas conversaciones, la alcaldesa comentó: “Las negociaciones siempre van bien cuando no se habla de ellas”. La Siepse, preguntada por este diario, tampoco quiso facilitar información sobre este procedimiento, alegando que nunca habían hablado del tema y que seguirían sin hacerlo.
El estado de abandono de la antigua prisión provincial avanza cada día, ya que el edificio carece de un plan de mantenimiento. El pasado mes de julio, se produjo un incendio en una de las habitaciones con colchones del penal, que evidenció el deterioro de este edificio de gran valor arquitectónico, por su construcción con un eje panóptico —desde un punto de la cárcel se pueden ver todos los pasillos—.
Un informe realizado por el Gobierno local estima que, para rehabilitar el edificio serían necesarios 30 millones de euros, ya que el inmueble, tras haber perdido su uso como correccional, nunca fue sometido a una gran reforma, sí a pequeñas actuaciones para poder abrirla al público. Proxecto Cárcere denunció ante el Icomos (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), que es el órgano consultivo de la Unesco en materia de conservación y de protección del patrimonio cultural mundial, el abandono de la cárcel, toda vez que la prisión está en el entorno protegido de la Torre. La institución se comprometió a evaluar la situación del edificio.
El Gobierno local y el Estado también habían abierto la puerta a la posibilidad de que el rescate de la antigua prisión provincial se realizase a través de Memoria Democrática, aunque, por ahora, de esa vía no se han aportado más datos. Durante el mandato del que fuera director del área de Cultura durante cinco meses, Rómulo Sanjurjo, el Concello elaboró un plan para convertir la antigua prisión provincial en un polo para el sector audiovisual.
