La Corporación municipal aprobó ayer por unanimidad una moción —pactada por Marea Atlántica, PSOE y PP— para que el Gobierno del Estado incluya en sus próximos presupuestos una mención expresa a la condonación de la deuda de la Autoridad Portuaria, o una ayuda equivalente a los 200 millones de euros que le quedan por pagar al Puerto, por la construcción de la dársena exterior de punta Langosteira. Con este acuerdo, A Coruña reivindica que la ciudad tenga el mismo trato que en su día tuvo Valencia, ya que el Gobierno del Estado le perdonó la deuda por la construcción de las instalaciones para la Copa América de vela y la Fórmula 1. El acuerdo aparcó cualquier mención al plan para pagar por los muelles que negocian Xunta, Concello y Autoridad Portuaria, aunque sí se debatió sobre ello.
El edil de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, se mostró ayer convencido de que, tras la aprobación de esta moción, estaban “a las puertas del gran acuerdo municipal que necesitan el Puerto y la ciudad”. La portavoz de Marea, María García, argumentó que, tras el desistimiento del Estado de ampliar el aeropuerto de El Prat, en Barcelona, cuenta con “1.700 millones de euros” que pueden ser invertidos en otras actuaciones, como condonar la deuda. “No se olviden, y defiendan este acuerdo político allá donde importa: en las reuniones interadministrativas que tendrán la próxima semana. Por ahora, el PP defiende al deudor, la Autoridad Portuaria de A Coruña, y el PSOE defiende al acreedor, Puertos del Estado. Nosotros les pedimos que defiendan a la ciudad”, dijo ayer María García, ya que la próxima semana está previsto que se celebre una nueva reunión para definir el futuro de la fachada marítima.
A pesar de votar a favor de esta moción y de “no renunciar” a la condonación de la deuda, el concejal de Urbanismo alertó de que el Concello debe participar en la adquisición de suelo portuario que va a ser desafectado para garantizar, de este modo, que su titularidad será pública. “Público no debe confundirse con gratuito”, sentenció Villoslada.
En virtud de este acuerdo que contó con el respaldo de todos los grupos de la Corporación, el Gobierno local se compromete a elaborar un nuevo marco jurídico, urbanístico y financiero de reordenación de la fachada portuaria interior, con el objetivo de liberar a la ciudad de las cargas económicas derivadas de la construcción del puerto exterior y que este sustituya a los convenios urbanísticos de 2004, y también a revisar el plan general de 2013.
La moción incluye además el compromiso de que se constituirá un ente público para gestionar estos terrenos, en el que el Concello tendrá un papel suficientemente relevante como para coordinar la planificación de estos terrenos, que tendrán que tener una titularidad pública y a que los acuerdos que se tomen pasen por el Pleno.
La portavoz del PP, Rosa Gallego, alertó de que sus “votos no van a salir gratis”, por lo que instó al Gobierno local a negociar con su grupo el futuro de la fachada litoral y a llegar a acuerdos con ellos. El BNG y la concejala no adscrita y militante de Podemos, Isabel Faraldo, advirtieron de la necesidad de no pagar por unos terrenos que son públicos.
