Los juzgados prevén que se incrementen los casos de desahucio por impago del alquiler a partir del 31 de octubre, que es la fecha marcada por el Gobierno para blindar a las personas en situación de vulnerabilidad. A menos que ese escudo social —que se puso en marcha para evitar los desahucios durante el estado de alarma, fuese o no su detonante el coronavirus— se amplíe, los juzgados tendrán que empezar a retomar los casos que quedaron suspendidos en virtud del Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, por el que se adoptan medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, o bien por el anterior Real Decreto-ley, del mes de marzo, con el que el Gobierno puso en marcha medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la pandemia de coronavirus.

Trabajadores de los Juzgados indican que el incremento en los lanzamientos se notará más en los casos de los alquileres, ya que las ejecuciones hipotecarias se han reducido porque se han articulado otras medidas, como la dación en pago o la reestructuración de la deuda, que hacen que los propietarios no sean automáticamente desalojados de sus viviendas.

Desde que se puso en marcha el escudo social, los desahucios por impago de alquiler se suspendían con el informe de Servicios Sociales de que la persona a la que se iba a echar de su vivienda habitual se encontraba en situación de vulnerabilidad. Con ese informe, los juzgados paralizaban inmediatamente el proceso, al menos, hasta el 31 de octubre, que es la fecha que marca la legislación vigente. Si no se amplía la cobertura del escudo social, a partir de ese día se retomará la actividad y se notificarán los lanzamientos suspendidos.

Fuentes del Consejo General del Poder Judicial indican que el número de lanzamientos practicados en la provincia de A Coruña durante el primer trimestre de este año ascendió a 213 procedimientos. El año pasado se cerró en la provincia con 651 lanzamientos. Estos datos están marcados por la pandemia, ya que el escudo social permitía que, con el informe de vulnerabilidad emitido por Servicios Sociales se paralizase el procedimiento. La razón por la que esta cifra no es inferior, según explican funcionarios de los juzgados, es porque no todos los casos pueden ser considerados vulnerables o, incluso, porque hay personas que tienen reparo en acudir a las instituciones para acreditar esta situación. El pico lo marcó el año 2019, con 949 lanzamientos en toda la provincia.

Durante el primer trimestre del año 2021, se practicaron 61 lanzamientos practicados como consecuencia de procedimientos de ejecución hipotecaria en los Juzgados de Primera Instancia, es decir, en los que media propiedad de la vivienda, no los casos de alquiler. El registro más alto —desde el año 2013, que son los que están disponibles en la web del Consejo General del Poder Judicial— fue en el año 2014, con 330 procedimientos. Los lanzamientos practicados como consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos en la provincia durante el primer trimestre de este año subieron a 172, que son los que, mayoritariamente, tratan de impagos del alquiler. El año pasado se cerró con 473 lanzamientos de esta categoría que tramitaron los Juzgados de Primera Instancia. El pico lo marcó también el año 2019, con 741 expedientes.

El Consejo General del Poder Judicial indica que, en la provincia de A Coruña ingresaron durante el primer trimestre de este año, cuatro casos de ocupación ilegal de viviendas, los mismos que se resolvieron. En trámite había, en el primer trimestre, treinta casos.