El 31 de octubre es un día marcado en el calendario en los juzgados coruñeses para muchas familias en situación de vulnerabilidad. Se trata de la fecha en la que vence el blindaje que el Gobierno puso en marcha para evitar los desahucios durante el estado de alarma, fuese o no su detonante el COVID. Extinta la protección, los juzgados deberán retomar los casos que quedaron suspendidos entonces. “Es previsible. No solo en A Coruña, a nivel social en el conjunto del Estado, es probable que comencemos a ver noticias muy llamativas, como la semana pasada con el señor desahuciado en Mondoñedo”, juzga Pablo Sánchez Ferreira, trabajador social de la Cocina Económica.
Detrás de las familias que agotarán su tiempo en octubre sin haber logrado optar a alternativas se encuentra, a ojos de las entidades que trabajan con vulnerabilidad, extrema o no, un problema creciente de acceso a la vivienda que empezó en las grandes ciudades y ahora ha contagiado a las no tan grandes. A Coruña, juzgan responsables de estas asociaciones, no escapa a la dinámica. “La situación en A Coruña es terrible. La solución habitacional ahora mismo es inexistente. Para nuestro perfil mayoritario, mujeres solas con hijos, si conseguimos alquilar una habitación, nos damos con un canto en los dientes”, califica Ana Louzán, de la ONG Viraventos.
El problema alcanza visos tan dramáticos que la que era una alternativa hasta hace poco, la búsqueda de soluciones en el área metropolitana, tampoco ofrece ningún tipo de garantías, y se presenta cada vez más complicada para las familias y las entidades que las gestionan. “Antes teníamos opciones como Meicende, pero ahora tampoco. Tenemos casos de familias con un Ingreso Mínimo Vital de 1000 euros, que es el máximo al que puedes acceder, que no puede entrar en un piso de 450. Te piden nómina, aval y el seguro de impagos no se hace cargo”, explica Louzán. Entidades como Cáritas hacen frente a los desahucios con recursos como abogados voluntarios que negocian con los propietarios e intentan resolver los casos por la vía judicial.
Si se encuentran en fase de ejecución, la entidad benéfica dispone de alternativas habitacionales, que ponen a disposición de las familias que lo necesitan, tanto las derivadas desde Servicios Sociales municipales como las que el propio organismo atiende. “Primero pedimos colaboración a los abogados. Sino, por nuestras viviendas pasan, a lo largo del año, unas 20 familias. Les damos una media de ocho meses para ayudarles a resolver su situación, ya sea mediante una renta o buscando un trabajo. Ahora mismo tenemos cuatro viviendas, pronto pondremos la quinta en marcha”, refiere la directora de Cáritas A Coruña, Pilar Farjas. Pese al esfuerzo que realizan las asociaciones y los servicios sociales para sacar soluciones de debajo de las piedras, aumentar el parque de vivienda pública de las ciudades sigue siendo una de las principales demandas. “Esta cuestión pone de relieve la necesidad de más vivienda pública. Es un problema de las ciudades, no de los pueblos. La gente quiere vivir en las ciudades, vienen aquí buscando oportunidades que no muchas veces consiguen, y quedan condenados a las prestaciones, la precariedad y la economía sumergida”, describe Sánchez Ferreira. En ocasiones, muchas familias se encuentran en un bucle de impago-desahucio-impago del que no es fácil salir, y que las medidas sociales no son, en muchas ocasiones, capaces de paliar. “Hay familias que experimentan dos o tres desahucios. Las medidas están bien, pero deben ir transversales a una bolsa de vivienda pública. Es algo que concierne a las cuatro administraciones: local, provincial, autonómica y central”, urge el trabajador social.
Escudo social hasta el 31 de octubre
Los juzgados tendrán que empezar a retomar los casos de desahucios que quedaron suspendidos. Trabajadores de los Juzgados indican que el incremento en los lanzamientos se notará más en los casos de los alquileres, ya que las ejecuciones hipotecarias se han reducido porque se han articulado otras medidas, como la dación en pago o la reestructuración de la deuda, que hacen que los propietarios no sean automáticamente desalojados de sus viviendas. Desde que se puso en marcha el escudo social, los desahucios por impago de alquiler se suspendían con el informe de Servicios Sociales de que la persona a la que se iba a echar de su vivienda habitual se encontraba en situación de vulnerabilidad. Con ese informe, los juzgados paralizaban inmediatamente el proceso, al menos, hasta el 31 de octubre, que es la fecha que marca la legislación vigente. Si no se amplía la cobertura del escudo social, a partir de ese día se retomará la actividad y se notificarán los lanzamientos suspendidos. Fuentes del Consejo General del Poder Judicial indican que el número de lanzamientos practicados en la provincia de A Coruña durante el primer trimestre de este año ascendió a 213 procedimientos. El año pasado se cerró en la provincia con 651 lanzamientos. Estos datos están marcados por la pandemia, ya que el escudo social permitía que, con el informe de vulnerabilidad emitido por Servicios Sociales se paralizase el procedimiento. La razón por la que esta cifra no es inferior, según explican funcionarios de los juzgados, es porque no todos los casos pueden ser considerados vulnerables o, incluso, porque hay personas que tienen reparo en acudir a las instituciones para acreditar esta situación. El pico lo marcó el año 2019, con 949 lanzamientos en toda la provincia.
