La Autoridad Portuaria redactará en los próximos días un convenio con Puertos, Ayuntamiento y Xunta en el que se “concretará el compromiso de compra” de las administraciones local y autonómica de los muelles de Batería y Calvo Sotelo (que pasarán a pertenecer en un 75% al Concello y en un 20% al Gobierno gallego, mientras que el Puerto retendrá el 5%), según reiteraron las cuatro administraciones en una reunión celebrada ayer. De acuerdo con el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, el documento establecerá un régimen de pagos al Estado por este suelo público hasta 2035. Con el documento sellado, Puertos del Estado, con el que el organismo coruñés tiene una deuda de 200 millones, le permitirá alargar en el tiempo las cuotas: “Una vez que tengamos la garantía, que es el convenio, que sí que compromete,” explicó Fernández Prado, “Puertos se compromete a suavizar nuestra financiación. Si ahora tenemos que pagar 4,5 millones de euros al año de crédito, lo rebajaría hasta 2035”. No se concretó cómo serán los nuevos plazos.
El presidente del Puerto también aclaró que esto “no quiere decir que se elimine” la deuda, adquirida para la construcción del puerto exterior, sino que solo se modifican, de nuevo, los pagos; la suma total se mantendrá intacta. El pleno municipal ha reclamado en varias ocasiones la condonación completa, pero el concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, que representó al Ayuntamiento en la reunión y que el pasado jueves votó, como todos los ediles coruñeses, a favor de exigir que el Estado perdonase este pasivo, dio ayer por hecho que esto no se va a producir. “Abogamos por la condonación, pero somos conscientes, somos realistas, sabemos que es muy difícil que vaya adelante”, consideró.
En este sentido, indicó que “trabajamos en fórmulas alternativas” para apoyar el Puerto: la recuperación de tráficos y la adquisición de suelos, para “reordenar o suavizar las cargas financieras” con Puertos del Estado hasta 2035. Ese año vence otro crédito que tiene el Puerto con el Banco Europeo de Inversiones y que ya está amortizando todos los años.
El pago al Estado que están decididos a abordar tanto el Gobierno local como el autonómico por los muelles interiores solo cubriría una pequeña parte de la deuda con Puertos (que ha ingresado hasta el año pasado solo en intereses en torno a 40 millones de euros). Y es que la última tasación de los terrenos está cerca de veinte millones, una valoración que tendrá que ser revisada en los meses previos a la compra, ya que así lo exige la ley. El compromiso de abono también puede tener consecuencias políticas en María Pita. Marea se reafirmó este mes en que votará en contra de cualquier propuesta que no contemple una liberación de la deuda “de forma integral y definitiva” de la Autoridad Portuaria por la construcción del puerto exterior, un rechazo que también ha expresado el BNG. Marea cree que el acuerdo “lastra las arcas municipales hasta 2035” y critica que se deje fuera San Diego para “tener una foto cerca del centro para el cartel de las elecciones de 2023”.
Choque sobre la urbanización
Pese a que todos los participantes en la reunión la consideraron un paso adelante, no hay consenso sobre el contenido del convenio que nacerá de ella. El texto, según explicó Fernández Prado, incluirá un párrafo en el que se indicará que “los compromisos de las administraciones” para pagar la urbanización de los muelles se determinarán “según establece la ley de Suelo”. Esto es, que los gastos, de los que se desconoce el importe final pero que una primera estimación situó en unos 100 euros por metro cuadrado, se pagarán en relación a la posesión del suelo: el 75% el Concello, el 20% la Xunta, y el 5% el Puerto, siguiendo la oferta municipal de compra que se ha aceptado. Pero para Villoslada esta cuestión está pendiente “ de cerrar”, pues aunque la Xunta “sigue entendiendo que debe ser correlativa su participación con la que se comprometa con la adquisición de suelos”, en el pasado propuso un “un esfuerzo inversor” mayor que “podría perfectamente mantenerse”.
Y es que la Xunta se había ofrecido a correr con el 51% de la urbanización en su propuesta anterior, cuando proponía adquirir esa proporción del suelo, y, en 2018, Núñez Feijóo ofreció una inversión de 20 millones por la mayoría de los muelles. Pero la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, también presente en la reunión, se reafirmó en que esta oferta, con esa cantidad, ya no están sobre la mesa. “El Concello tiene que ser coherente con su propuesta de comprar el 75%” indicó, “Puertos lo aceptó y acordamos las cuatro partes que incorporaríamos esas cuestiones”. Insiste en que se han de pedir fondos europeos u otra financiación externa, y el convenio incluirá un párrafo por el que las administraciones se comprometen a “trabajar conjuntamente” para ello.
Ideas diferentes del proyecto
Entre los acuerdos de ayer se encuentra también la creación de un ente por parte de las cuatro administraciones para desarrollar la zona de Calvo Sotelo y Batería y la de una oficina técnica con funcionarios propios para trabajar en el proyecto. Pero también en este apartado hay discrepancias. “La postura del Puerto es que para acceder a los fondos hay que tener cuanto antes un proyecto” señaló ayer Fernández Prado, mientras que “el Ayuntamiento quiere tener un plan director que coja también la zona 2 [el muelle de San Diego] y entendemos que, además de retrasar el proyecto, confunde”.
El Concello ha convocado una reunión para mañana, incorporando a Adif (que ocupa una parte importante de San Diego) y a la Diputación. Prado afirmó que irán “a las reuniones con toda la voluntad de apoyar” pero indicó que antes de este tipo de encuentros debe haber marcos políticos. Vázquez afirmó que le “sorprende un poco” que se incluya a Adif y la Diputación, pues el primero “no es titular de ningún ámbito” en Batería y Calvo Sotelo y la segunda “trasladó que no colaborará financieramente”. Puerto y Xunta apuestan por tratar todo lo relacionado con Batería y Calvo Sotelo con el Concello y la Xunta, y dejar el grupo más amplio para la zona 2. Prado indicó también que los implicados comparten algunas ideas, como que “no va a haber vivienda, vamos a llegar con los jardines al mar”, aunque señaló que “no hay nada sobre la mesa” y los usos están por decidir.
