Decenas de edificios catalogados de la ciudad disponen de un plazo de ocho meses para que sus propietarios encarguen el nuevo informe de evaluación de los edificios (IEE) exigido por la Xunta, que entró en vigor el pasado mayo. Este documento, que tiene que ser realizado por técnicos especializados, acredita la situación en la que se encuentra un inmueble en relación con su estado de conservación, con sus condiciones de accesibilidad y además informa sobre su eficiencia energética. En el caso de los edificios catalogados, el plazo para presentar el informe es de un año. El resto, siempre y cuando superen cinco décadas de antigüedad, disponen de dos años y ocho meses.

El Concello y el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de A Coruña han exigido moratorias ante el Gobierno autonómico pues entienden que es inviable elaborar los informes de todos los edificios en el plazo de un año. Fuentes municipales recuerdan que es el Concello el que tiene que dar el visto bueno a la documentación, hacer inspecciones y multar si fuese necesario. El Gobierno coruñés trasladó a la Xunta, tanto por escrito como en las reuniones mantenidas que iba a ser muy difícil llevarlo a la práctica en este tiempo.

“Esto es algo novedoso y primero hay que concienciar a la gente”, coincide el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Herminio Carballido, quien espera que Vivenda rectifique y “permita disponer de más tiempo” para contar con todos los informes. “Ya nos han pedido alguno y la asesoría jurídica está haciendo una plantilla del informe” , avanza. El Instituto de Vivenda e Solo también ofrece en su web una herramienta para ayudar a los propietarios a cumplir este trámite.

Las comunidades de vecinos y propietarios son los que tienen que encargar esta inspección y muchos, informan fuentes municipales, todavía no conocen esta iniciativa de la Xunta. Además, en el último año y medio, por la pandemia, apenas se han celebrado reuniones de vecinos presenciales.

Están exentos de presentar esta documentación los edificios en ruinas. El informe, además, tendrá una vigencia de diez años desde su elaboración, por lo que deberá renovarse pasado ese tiempo, según informa la Xunta, que detalla que se elaborará en base a una inspección visual, sin que sea su objeto la detección de vicios o daños ocultos. Se referirá a la totalidad de un edificio o complejo inmobiliario y extenderá su eficacia a todos y cada uno de los locales y viviendas existentes.

Si el inmueble ya cuenta con una inspección técnica de edificios en vigor (ITE), los datos de esta podrán incorporarse al nuevo listado de Vivenda sin que se tenga que hacer otro análisis. “Nosotros ya lo habíamos hablado con el área de Urbanismo del Concello, que iba a ser necesario más tiempo, y así se lo hemos trasladado a la Xunta”, comenta Carballido, que estima que con tan solo “un año más” podría ser suficiente para completar la elaboración de informes y proceder a su presentación.

Una vez completada toda la documentación, el IEE puede ser favorable o desfavorable en función de las deficiencias del estado de conservación encontradas en el edificio en el momento de la inspección. Si el resultado es desfavorable, los propietarios tendrán que hacer obras o enmendar las deficiencias, lo que hace que los plazos aumenten y la presentación definitiva se retrase. Además, los propietarios deberán añadir a su documentación un certificado, firmado por un técnico competente, en el que se describan las obras realizadas.