El futuro de los muelles coruñeses ha sido objeto de debates, tormentas políticas, negociaciones y movilizaciones ciudadanas, pero, pese a las dos mesas de conversación abiertas entre administraciones y el anuncio el pasado lunes de que la Autoridad Portuaria redactará un convenio para regular el cambio de propiedad de Calvo Sotelo y Batería, las administraciones aún no se han puesto de acuerdo en puntos capitales, como el modo de segmentar la planificación o cómo pagar la urbanización de los terrenos.

La marcha de las conversaciones sí que apunta a algunas claves sobre el futuro. Una, que las administraciones local, autonómica y estatal descartan, en la práctica, la condonación de la deuda portuaria o la cesión gratuita, como en Valencia. También que se abra el terreno a los vecinos sin que cambie de titularidad, como en la Marina. En el caso de Batería y Calvo Sotelo, la única zona en la que hay un principio de acuerdo, la propiedad pasará en un 75% al Concello y en un 20% a la Xunta, mientras que el Puerto mantendrá un 5%. Los futuros usos se definirán en una negociación cruzada de intereses políticos e institucionales.

Ayuntamiento. El Gobierno local propuso con éxito al resto de administraciones implicadas (Xunta, Autoridad Portuaria y Puertos del Estado) adquirir la mayoría de Batería y Calvo Sotelo. Aunque deberá hacerse una nueva tasación antes de vender los muelles, la última los valora en más de 19,8 millones de euros, con lo que el Concello tendría que desembolsar cerca de 15 millones en anualidades hasta 2035.

Pero la Xunta insiste en que los costes de urbanización se asuman en proporción con la propiedad, con lo que el Ayuntamiento tendría también que pagar la parte del león de esta. El concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, insistió ayer en que esto está todavía sometido a negociación, y recordó que el Gobierno gallego había ofrecido una mayor inversión: llegó a proponer pagar 20 millones en 2018, a cambio de la titularidad del 51% de los terrenos. Ahora, el Ayuntamiento quiere que la mantenga para pagar la urbanización. Sin embargo, el borrador del convenio que está redactando la Autoridad Portuaria recoge las tesis del Gobierno gallego.

Hasta ahora no se ha firmado ningún documento vinculante. Excepto en el improbable caso de que la Xunta cambie de criterio, el Gobierno local tendrá que elegir entre aceptarlo, con el coste que supondrá económico y político que suponga, o rechazarlo, con lo que bloquearía el único acuerdo sobre el futuro de los muelles que está avanzado.

Xunta y Autoridad Portuaria. Entre el Gobierno gallego y el Puerto hay buena sintonía, lo que no es de extrañar ya que el presidente de la segunda, Martín Fernández Prado, ha sido designado por el Gobierno gallego y ha sido parlamentario y concejal por el Partido Popular. Las dos instituciones están de acuerdo en que el grueso del coste de reurbanización de los muelles recaiga sobre el Ayuntamiento, y entienden que de esta manera se cumple lo establecido en la ley de Suelo de Galicia.

También han propuesto un modelo alternativo para planificar el futuro de los muelles. Mientras que el Concello apuesta por un gran plan director que englobe también a San Diego e incorpore a Adif, propietaria de buena parte de este muelle, y la Diputación (hoy habrá una reunión de todas estas instituciones), Xunta y Puerto apuestan por resolver primero la situación de Batería y Calvo Sotelo con el convenio que está redactando la Autoridad Portuaria, al entender que es más urgente y que Adif (dependiente del Estado) y la Diputación (con presidente socialista) no tienen intereses en estos terrenos.

Puertos del Estado. Este ente, dependiente del Ministerio de Transportes, es el principal acreedor del Puerto de A Coruña. La Autoridad Portuaria debe devolverle 200 millones que no ha empezado a amortizar; por el momento está pagando intereses millonarios, a mayores de otro crédito con el Banco Europeo de Inversiones, una deuda que nació de construir el puerto exterior. El pleno coruñés ha reclamado en varias ocasiones la condonación de la deuda con Puertos, la última, por unanimidad, el jueves pasado, pero el Ejecutivo socialista ha rechazado hacerlo reiteradamente (tampoco la perdonó el PP cuando gobernaba).

Por el momento, lo único que ha aceptado Puertos es que, si se firma el convenio por la compra de Batería y Calvo Sotelo, y por tanto la Autoridad Portuaria tiene la garantía de que recibirá pagos de otras administraciones, flexibilizará los pagos de la deuda hasta 2035. Esto es, rebajará las cuotas durante estos años, pero cobrará hasta el último euro.

Oposición municipal. Al no tener mayoría absoluta, el Gobierno local precisa apoyos de otros partidos para los acuerdos urbanísticos que afecten a los muelles, además de que sus decisiones inciden en las negociaciones sobre otras cuestiones (como incluir en el presupuesto municipal la inversión para pagar los terrenos). Marea, con sus cinco ediles, puede darle la mayoría, pero el grupo veía ayer un “error” en el acuerdo porque implica “comprometer” las cuentas municipales “a cambio de nada”. Para Marea, el Estado quiere “cobrar su deuda abusiva”, mientras que la Xunta pretende “ganar protagonismo” para Feijóo y Fernández Prado. El grupo afirma que el Concello ha caído en la “trampa” de estas administraciones por su “obsesión con las fotos y los titulares”.

En cuanto al Partido Popular, con nueve concejales, también reclama la condonación al y lamenta que el Estado condicione la refinanciación “a la firma de un convenio para comprar suelo”. Su portavoz, Rosa Gallego, señaló a este diario que el Gobierno local “necesita nuestros votos” sobre este tema. Los populares coruñeses respaldan a sus compañeros de partido en la Xunta y el Puerto: el grupo municipal reclamaba ayer al Gobierno local que dejase de “poner trabas” y aceptase pagar la urbanización de los muelles de manera proporcional a la propiedad. El Gobierno local, afirman, retrasa la urbanización para pactar antes el presupuesto de 2022 con Marea.

El BNG (dos ediles) reiteró ayer que el Concello no debería destinar fondos a comprar terrenos públicos, y sí reclamar la condonación. Podemos (un voto) considera la compra una “buena alternativa” para desbloquear la situación.