La higiene, el alimento, el techo y la atención médica. Derechos básicos de cualquier ser humano que no siempre están cubiertos de la forma adecuada, máxime si se habla de personas que se encuentran en situación de calle. Por el punto de calor del Comité Anti Sida (Casco) pasan, diariamente, y según recogen sus técnicas, alrededor de 30 personas que buscan una cosa: un lugar seguro donde ducharse rápidamente y guardar las pocas pertenencias que tienen.
Aún con la consigna reducida a la mitad de su capacidad, debido a que el local se encuentra vaciando sus instalaciones por próximas obras, la estampa es la de una pila de maletas y mochilas que sigue creciendo a pesar de las limitaciones. “Estamos absolutamente desbordadas en tres servicios: ducha, consigna y atención pisquiátrica. No tenemos ningún tipo de ayuda, recurso ni la posibilidad de sacar esto adelante”, asegura la directora de Casco, Sonia García Valbuena. La atención psiquiátrica, aunque a priori pueda parecer menos urgente, es una de las necesidades más apremiantes para el colectivo de las personas en exclusión. “Así es difícil trabajar, porque muchas personas tienen patologías serias, hay mucho consumo de pastillas como benzodiacepinas o antidepresivos. Hay mucho abuso y no damos abasto”, añade Valbuena.
La Cocina Económica, otra de las instituciones que ofrecía este servicio en la ciudad, mantiene las duchas, la lavandería y el ropero cerradas desde marzo de 2020, aunque, confirman sus trabajadores, la previsión es reabrirlo de nuevo de cara a finales de año. “No sé si ahora habrá alguna otra entidad que lo haya abierto, pero creo que no. Lo que sí es cierto es que durante toda la pandemia fuimos los únicos que mantuvimos el servicio abierto”, denuncia Valbuena. Para asearse en Casco hay lista de espera: 30 personas al día para una ducha siguen siendo demasiadas. La entidad espera reformar sus instalaciones para incorporar otra ducha, lo que, a ojos de sus responsables, tampoco sería suficiente.
Las técnicas del servicio, que enfrentan la situación en primera línea cada día, escenifican su enfado ante lo limitado de los recursos para lo que consideran un servicio mínimo y básico. “Cuando explotó lo del COVID pusieron el pabellón, con lo que todos los que estaban en la calle tenían una oportunidad de tener un techo. Cuando terminó el Estado de Alarma, todo volvió a la normalidad pero duplicado por dos, porque tenemos gente nueva en la ciudad. Lo mínimo es que se les de un lugar donde ducharse, donde poner las pocas pertenencias que tienen o donde comer sentados”, denuncian las responsables del servicio.
El nuevo perfil: jóvenes y extranjeros
Las instituciones que trabajan con personas en exclusión severa han percibido, en los últimos tiempos, un aumento de las personas en situación de calle en la ciudad, que responden a un perfil cada vez más uniforme: hombres jóvenes y provenientes de países extranjeros, para quienes el abanico de opciones es, como es de suponer, todavía más reducido que para las personas en situación regular. “Hay muchos menores extranjeros que dejan los centros al cumplir los 18, y realmente no hay ninguna opción para ellos, ningún recurso para este perfil”, observa Valbuena.
La limitada alternativa habitacional de la que dispone la ciudad y el acceso a los alquileres casi imposible, aunque sea compartido, están detrás del dramático aumento de personas en situación de calle. Valbuena califica de “abuso” la cantidad de requisitos que se exigen a la población extranjera para optar a una vivienda, y de “bochornosas” las condiciones de habitabilidad que presentan las alternativas a las que sí pueden acceder. “Se imponen condiciones muy gravosas por parte de los alquileres privados. Si percibes una ayuda, ya sea Risga o Ingreso Mínimo Vital, tienes que presentar a veces un recibo de alquiler, que en muchos casos no tienen. A veces pierden la ayuda porque no pueden justificar que están en una vivienda, por lo que pasan de nuevo a la calle o a ocupar”, señala.
