La negociación entre el Concello, la Xunta y la Autoridad Portuaria sobre la compra de los muelles de la Batería y Calvo Sotelo dio ayer un nuevo giro con la propuesta del Gobierno gallego de construir en el puerto un equipamiento público para la ciudad. La financiación de esa iniciativa se efectuaría con los fondos que no se dediquen a la adquisición y urbanización de los terrenos de los 20 millones de euros que el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, prometió dedicar en 2018 para la compra del 51% de los dos muelles más céntricos.

Las conversaciones siguen sin embargo encalladas en el reparto de los gastos de urbanización de esos terrenos, ya que Xunta y Puerto reiteraron ayer que el Concello debe costear el 75% de esas obras porque propuso abonar ese porcentaje por la compra de Batería y Calvo Sotelo, mientras que la administración autonómica aportaría el 20% y la Autoridad Portuaria el 5%.

Pero el Gobierno local rechaza ese reparto y defiende que la Xunta haga un mayor esfuerzo económico, aunque la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, remarcó ayer que la Ley del Suelo determina que los costes de urbanización deben distribuirse en función de la propiedad de los terrenos.

La conselleira explicó tras la reunión que el equipamiento ofertado estará “al servicio de la ciudad” y que se pondrá en marcha “siguiendo los intereses de la ciudad”. La mandataria autonómica eludió mencionar a qué se dedicará esa infraestructura, de que dijo: “Abordaremos su diseño y uso en la comisión puerto-ciudad que ha demostrado que es el foro útil”, aunque sobre su destino indicó que se dedicará a “lo que la ciudad necesite”. También descartó pronunciarse sobre en qué punto de los muelles se instalaría, ya que consideró que “hay mucho espacio portuario y es muy prematuro concretar”.

El Concello, que estuvo representado en la reunión por el concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, no hizo pública su opinión sobre el ofrecimiento de la Xunta del equipamiento y únicamente se pronunció sobre los gastos de urbanización, de los que dijo que Concello y Puerto “han aclarado cuál será su aportación” pero que “el único que no lo ha hecho es la Xunta”, a pesar de que el Gobierno gallego ha manifestado en varias ocasiones que la distribución debe ser en función de la propiedad del suelo.

“La Xunta tiene que aclarar y concretar cuál será su aportación a estas obras, con una propuesta realista y acorde con sus capacidades económicas”, señaló Villoslada, que pretende que el Gobierno gallego pague más del 20% del coste de esos trabajos. “Nuestra voluntad es poder llegar a un acuerdo lo antes posible”, declaró el concejal, quien exigió además “disponer de una tasación actualizada sobre el precio de los terrenos y de una planificación”.

La valoración de los dos muelles que se adquirirán centró precisamente las conversaciones de ayer, ya que, aunque hay una tasación que fija su valor en 26,4 millones y otra más reciente de 19,8 millones, será necesario encargar otra porque debe tener menos de un año de antigüedad en el momento de la firma del convenio, según advirtió ayer el presidente del Puerto, Martín Fernández Prado.

El dirigente portuario se comprometió a enviar a las otras dos partes un nuevo borrador de convenio con los ajustes introducidos ayer y propuestas para el protocolo con el fin de intentar cerrar el acuerdo en la próxima reunión, que se llevará a cabo a finales de este mes o principios del próximo.

Pero la disparidad de posturas sobre el pago de la urbanización hace prever que, a pesar de los deseos de Fernández Prado, la negociación no concluirá en el siguiente encuentro.

La nueva tasación de los muelles será previendo usos terciarios

La nueva valoración de los muelles de la Batería y Calvo Sotelo se realizará sobre la base de los usos —comercial, hotelero y de servicios— que autoriza ahora el plan general en esos terrenos y con la intensidad que recoge el mismo documento, que permite 50.000 metros cuadrados de edificabilidad, y no con los usos que se prevén para el futuro tras la modificación que habrá que realizar en la modificación de la normativa urbanística, que son espacios libres y zonas verdes.

“No influirá cuál será el destino, nadie ha dicho nada en sentido contrario”, manifestó el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, sobre la tasación de ese suelo, quien aclaró que la elección de esta fórmula “no quiere decir que se vaya a construir lo que marca el plan general”.

También destacó que las dos valoraciones anteriores de estos muelles fueron realizadas con ese mismo criterio y rechazó que la que se lleve a cabo próximamente vaya a ser superior a esas. “Puede ser más o menos, en un suelo tan céntrico no presupondría si es más o menos”, indicó Fernández Prado, en referencia a su posición en el casco urbano.